MÁS PROPAGANDA QUE REFORMAS ESTRUCTURALES

Zapatero anunció ayer, entre las reformas urgentes e imprescindibles a aprobar por Decreto Ley el próximo viernes, además de las medidas para hacer caja y economizar a costa de los más necesitados –brioso progresismo el suyo-, la inclusión de todos los nuevos funcionarios en el Régimen General de la Seguridad Social, el del común de los trabajadores, en lugar de en el Régimen de Clases Pasivas.

Clases pasivas es un régimen especial de Seguridad Social que incluye a los funcionarios de los cuerpos de la administración civil del Estado, los profesores, los policías, los guardias civiles, los militares y el personal de justicia. El resto de funcionarios que trabaja para las CCAA -excepto los docentes y los transferidos por el Estado-, Entidades Locales y de la Seguridad Social, que son la inmensa mayoría, desde hace ya muchísimos años están incluidos en ese Régimen común, al igual que el personal laboral de todas las administraciones públicas.

Ese régimen de clases pasivas tiene su propia estructura de gestión y una regulación distinta, en parte privilegiada, respecto del régimen común. Por ejemplo, se puede acceder a la pensión de jubilación integra con 35 años cotizados desde los 60 años, sin que se vea mermada su cuantía por jubilarse antes de los 65 años. Sin embargo, en la Seguridad Social común, sólo se puede adelantar la jubilación a la edad de 65 años, en ciertos casos, con una pérdida en la pensión que varía según los años que se adelante y que se tengan cotizados.

Visto esto, podría pensarse que la medida lo que se pretende es descargar al Estado del sobre coste que puede suponer tener sistemas de gestión de seguridad social distintos y que haya personas que, con menos de 65 años, cobren la pensión máxima directamente del Tesoro. Lanzando a los mercados el mensaje de que en los próximos años disminuirá la carga en pensiones por los funcionarios públicos. De manera que estos tengan unos derechos de seguridad social iguales a los de todos los trabajadores.

Pero, ¿cuál es el alcance real de la medida de ZP? Unas 14000 nuevas incorporaciones en el 2011 a los aproximadamente 17 millones y medio de afiliados que ya hay en la Seguridad Social. Eso contando las plazas que se convocaron en la oferta de empleo público Estatal y de personal docente de las CCAA del año 2010 que suman unas 14000 entre nuevos policías, guardias civiles, personal de justicia, docentes, etcétera. Aunque seguramente con las restricciones que va a haber las incorporaciones serán menos todavía.

Estos nuevos funcionarios se jubilarán dentro de 30 a más años. Cuando esperemos los problemas de la deuda del Estado español hayan desaparecido. Por lo cual, no suponen ningún ahorro. Incluso pueden suponer un mayor gasto ya que habrá que cotizar por ellos a la Seguridad Social y antes no era necesario.           

Entonces, dado lo eximio de esta medida, cabe preguntarse por qué la anuncia ZP. Solo se puede concluir que lo hace para transmitir a los mercados que se adoptan medidas estructurales sobre el sistema de pensiones públicas. Aunque de nuevo se trate más de propaganda que de hechos reales. Ya que no hay tal reforma estructural. De nuevo corremos el riesgo de que esos mercados se informen y se den cuenta que les están metiendo gato por liebre.

Porque es cierto que el régimen de clases pasivas con esta medida irá hacia la extinción, pero si no se quería propaganda sino una reforma estructural con efectos en el presente y fututo próximo, lo que se hubiera debido plantear es la conveniencia de mantener el régimen de clases pasivas para los que ahora están incluidos en él, con los costes de gestión y diferencia de derechos entre trabajadores que conlleva, que en las circunstancias actuales seguramente no nos podemos permitir. Pero claro, igualar las condiciones de clases pasivas y del régimen común supone recortes de derechos de personas concretas, no como las anunciadas que sólo afectan a futuribles aprobados de oposiciones.

Adoptar esas medidas exige un debate parlamentario en el marco de la reforma integral de la Seguridad Social. Exige gobernar, lo que requiere anticiparse a los problemas, previéndolos y tomando medidas a tiempo. Cosa imposible cuando se adoptan de manera improvisada bajo el dictado de las potencias europeas, que sólo pretenden –y ya es mucho- que ZP no hunda el euro. Estemos atentos, las siguientes nos las dictara el emperador de China, al tiempo.

La dignidad como mascarada

Doce periódicos catalanes escribieron la semana pasada la misma editorial. Mucho se ha escrito sobre lo extraordinario de este hecho; desde la transición política, entonces para defender la democracia que se estaba construyendo, no se conocían editoriales conjuntas de la prensa española. No deja de ser, pues, sorprendente esta iniciativa, como asombroso es que su titulo sea la “dignidad de Cataluña”, de la que se convierten en cancerberos para intentar impedir su posible mancillamiento por un ilegítimo Tribunal Constitucional, presto a dictar una sentencia que, según saben, considerará inconstitucional algunas de las partes esenciales del nuevo Estatuto de Cataluña.

Sin embargo, no hay sorpresa, y se comprende con facilidad esa editorial, cuando no se ignora que con ella se están apurando las últimas oportunidades para presionar al Tribunal Constitucional. La prensa catalana, de nuevo, ha servido al poder político de su tierra para intentar dar verosimilitud a un futuro levantamiento popular, con el que conscientemente han venido amenazado los partidos catalanes y el gobierno de la Generalitat en los últimos meses. Ya que, a falta de manifestaciones masivas premonitorias de la deseada rebelión del pueblo de Cataluña, nada mejor que la teatralización periodística de las posiciones del catalanismo, para ver si los magistrados del Constitucional y algún incauto de “Madrid” se creen la amenaza de la insurrección, ceden a sus presiones, y acaban dictando una sentencia de su provecho.

Porque en el fondo saben que la vida continuará igual, aunque ese denostado Tribunal considere que Cataluña no puede ser una nación o que la bilateralidad no es propia de un estado cuasifederal, como el nuestro. Los ciudadanos de Cataluña seguirán preocupados por la crisis económica y el continuado descenso de su nivel de vida, educativo, etc., que es lo que de verdad afecta a su dignidad. Y los partidos catalanes, hasta el que más reniega de España, aunque la abstención y la desafección publica hacia ellos siga aumentando, seguirán repartiéndose el mismo número de sillas del parlamento de Cataluña y el mismo número de puestos en sus administraciones.

Con la sentencia del Constitucional no está en juego la dignidad de nada, ni de nadie. El Tribunal cumple con ella su obligación de controlar la constitucionalidad de todas las leyes, aunque sea tarde y bajo grandes presiones del gobierno. Si está, en cambio, en juego la dignidad de la prensa catalana, que ha aceptado acríticamente ponerse al servicio del principal dogma del poder en esa Comunidad Autónoma: la presunta unanimidad de los ciudadanos entorno al catalanismo. Porque con su editorial ha renunciado a su función esencial de informar sobre los hechos y servir de medio de control del poder, para convertirse en altavoz de los intereses de un grupo de políticos que irresponsablemente nos han metido a todos en un berenjenal de difícil solución.

Prácticas, por cierto, que sólo suelen suceder en las sociedades donde la libertad está muy limitada o es inexistente, donde el poder decide lo que es correcto. Lo cual quizás nos diga que, en Cataluña, el falso dogma de la unanimidad catalanista, que ciega voluntariamente la inteligencia de los servidores públicos y les impide ver la pluralidad de la sociedad catalana y su real integración en la española, no es más que un instrumento para limitar la libertad de sus ciudadanos y dirigirlos mediante un señuelo al sueño de todo nacionalista: la nación homogénea.

Aún se está a tiempo de corregir el rumbo que ha tomado la política catalana y por ende la española, pero para ello hace falta que los partidos políticos nacionales tenga una propuesta de modelo de estado que vaya más allá del pacto coyuntural que les exige el acuerdo con los nacionalistas o de la última ocurrencia del presidente de turno (no se olvide que sin las de Zapatero no habría este follón). Para superar esta incierta situación, quizás ha llegado el momento de proponer para España un modelo federal, con un estado fuerte, en el que todas las comunidades tengan las mismas competencias, dirigido a conseguir la máxima igualdad y libertad de los ciudadanos.

Fin de ciclo

Pitos y gritos pidiendo la dimisión de Zapatero, se han escuchado esta mañana en el desfile que discurría por la Castellana para celebrar la fiesta nacional. Quizás como ha dicho Gallardón no sea el lugar, ni el día oportuno. Pero, no hay duda de que son un reflejo del grave malestar que vive un país que no sabe muy bien hacía donde lo dirigen. Esa falta de rumbo es más preocupante que la propia crisis económica. Porque problemas habrá siempre y puede -nadie lo quiera- que hasta más delicados. Pero si a ellos unimos un gobierno que los niega para no hacerles frente, ya que no sabe cómo, y una oposición hundida en sus propias miserias, de la que poco se puede esperar porque tampoco sabe tomar decisiones por miedo a sus consecuencias, el desaguisado está asegurado.

En estas circunstancias, no hay quien pueda confiar en los políticos que encabezan al gobierno y a la oposición. Las encuestas que publican hoy  el diario Publico y el grupo Antena 3 lo confirman: Zapatero y Rajoy empatan, pero en suspenso. Todo parece indicar que estamos asistiendo a un final de ciclo, que tendrá consecuencias en la estructura de partidos del país. Así que hemos de estar preparados en UPyD con Rosa Díez, para hacer política de forma distinta. Nuestro país y sus ciudadanos lo necesitamos.

¿Hechos u opiniones?

blt

En las crónicas de este domingo se ha podido leer que Zapatero el sábado, en un acto en Andalucía de su campaña para las europeas, dijo que “este pueblo, al que marginaron históricamente”, es capaz de ser “el mejor, los primeros en hacer una economía moderna, innovadora y de futuro” y que va a mostrar al resto de España y de Europa cómo tener una economía tan estupenda.

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