Zapatero anunció ayer, entre las reformas urgentes e imprescindibles a aprobar por Decreto Ley el próximo viernes, además de las medidas para hacer caja y economizar a costa de los más necesitados –brioso progresismo el suyo-, la inclusión de todos los nuevos funcionarios en el Régimen General de la Seguridad Social, el del común de los trabajadores, en lugar de en el Régimen de Clases Pasivas.
Clases pasivas es un régimen especial de Seguridad Social que incluye a los funcionarios de los cuerpos de la administración civil del Estado, los profesores, los policías, los guardias civiles, los militares y el personal de justicia. El resto de funcionarios que trabaja para las CCAA -excepto los docentes y los transferidos por el Estado-, Entidades Locales y de la Seguridad Social, que son la inmensa mayoría, desde hace ya muchísimos años están incluidos en ese Régimen común, al igual que el personal laboral de todas las administraciones públicas.
Ese régimen de clases pasivas tiene su propia estructura de gestión y una regulación distinta, en parte privilegiada, respecto del régimen común. Por ejemplo, se puede acceder a la pensión de jubilación integra con 35 años cotizados desde los 60 años, sin que se vea mermada su cuantía por jubilarse antes de los 65 años. Sin embargo, en la Seguridad Social común, sólo se puede adelantar la jubilación a la edad de 65 años, en ciertos casos, con una pérdida en la pensión que varía según los años que se adelante y que se tengan cotizados.
Visto esto, podría pensarse que la medida lo que se pretende es descargar al Estado del sobre coste que puede suponer tener sistemas de gestión de seguridad social distintos y que haya personas que, con menos de 65 años, cobren la pensión máxima directamente del Tesoro. Lanzando a los mercados el mensaje de que en los próximos años disminuirá la carga en pensiones por los funcionarios públicos. De manera que estos tengan unos derechos de seguridad social iguales a los de todos los trabajadores.
Pero, ¿cuál es el alcance real de la medida de ZP? Unas 14000 nuevas incorporaciones en el 2011 a los aproximadamente 17 millones y medio de afiliados que ya hay en la Seguridad Social. Eso contando las plazas que se convocaron en la oferta de empleo público Estatal y de personal docente de las CCAA del año 2010 que suman unas 14000 entre nuevos policías, guardias civiles, personal de justicia, docentes, etcétera. Aunque seguramente con las restricciones que va a haber las incorporaciones serán menos todavía.
Estos nuevos funcionarios se jubilarán dentro de 30 a más años. Cuando esperemos los problemas de la deuda del Estado español hayan desaparecido. Por lo cual, no suponen ningún ahorro. Incluso pueden suponer un mayor gasto ya que habrá que cotizar por ellos a la Seguridad Social y antes no era necesario.
Entonces, dado lo eximio de esta medida, cabe preguntarse por qué la anuncia ZP. Solo se puede concluir que lo hace para transmitir a los mercados que se adoptan medidas estructurales sobre el sistema de pensiones públicas. Aunque de nuevo se trate más de propaganda que de hechos reales. Ya que no hay tal reforma estructural. De nuevo corremos el riesgo de que esos mercados se informen y se den cuenta que les están metiendo gato por liebre.
Porque es cierto que el régimen de clases pasivas con esta medida irá hacia la extinción, pero si no se quería propaganda sino una reforma estructural con efectos en el presente y fututo próximo, lo que se hubiera debido plantear es la conveniencia de mantener el régimen de clases pasivas para los que ahora están incluidos en él, con los costes de gestión y diferencia de derechos entre trabajadores que conlleva, que en las circunstancias actuales seguramente no nos podemos permitir. Pero claro, igualar las condiciones de clases pasivas y del régimen común supone recortes de derechos de personas concretas, no como las anunciadas que sólo afectan a futuribles aprobados de oposiciones.
Adoptar esas medidas exige un debate parlamentario en el marco de la reforma integral de la Seguridad Social. Exige gobernar, lo que requiere anticiparse a los problemas, previéndolos y tomando medidas a tiempo. Cosa imposible cuando se adoptan de manera improvisada bajo el dictado de las potencias europeas, que sólo pretenden –y ya es mucho- que ZP no hunda el euro. Estemos atentos, las siguientes nos las dictara el emperador de China, al tiempo.
