La corrupción amparada

¿Qué credibilidad puede tener un partido que se niega a que se debata sobre corrupción y sobre las medidas que hay que tomar para prevenirla, controlarla y sancionarla? ¿Y qué credibilidad puede tener el gobierno al que apoya? Las preguntas, por supuesto, son retóricas. Y la respuesta es tan grave como evidente: sólo quien tiene algo que ocultar puede temer el debate y sólo quien se beneficia de la corrupción puede no tener interés en luchar contra ella.

Cuenta el periódico El Mundo que Salvador Victoria, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, mediaba en los pagos a la trama Gürtel para organizar actos del PP, que supuestamente eran pagados con dinero de la Comunidad. Él lo ha desmentido. Antes, ese mismo periódico dio informaciones sobre las extrañas relaciones jurídicas del presidente, Ignacio González, para hacerse con un ático de lujo en Marbella. En ambos casos, habrá que esperar a que la justicia actúe con rapidez y clarifique los hechos. No obstante, estas informaciones son una gota más en la oleada de casos de supuesta corrupción que está devastando nuestro país. Llegados a este extremo, el ciudadano siente, en un sentimiento que compartimos, que una corrupción institucional tan generalizada como la que ha saqueado España sólo es posible si ha sido amparada por los partidos políticos que han gobernado desde la transición y por buena parte del tejido empresarial vinculado a ellos.

A quienes vivimos la política desde dentro nos abruma comprobar el círculo vicioso en el que nos han encerrado estas malas prácticas: ni PP ni PSOE ni IU ni los partidos nacionalistas tienen las manos libres para actuar previniendo, erradicando y sancionando la corrupción, ¡porque hacerlo les forzaría a reconocer que entre sus filas se cuentan sus principales actores! Por ello, son tan furibundos en el ataque a quienes tienen las manos limpias y por tanto, libres para actuar, y todos los días cargan contra UPyD. En opinión de estos partidos, quienes dañan la política son más quienes pretenden hablar sobre corrupción que quienes la cometen.

Sólo así se entiende que el PP en la Asamblea de Madrid haya impedido al Grupo de UPyD en más de 13 ocasiones hablar sobre temas ligados a la corrupción, Caja Madrid y responsabilidades en la gestión de alcaldes con graves irregularidades. Sus representantes en la Mesa de la Asamblea, con la ayuda de ciertos cargos de confianza, han actuado contumazmente de manera arbitraria e ilegítima para favorecer los intereses de su mayoría e impedir la celebración de Plenos sobre esos asuntos.

Ante esta conducta, el Grupo de UPyD ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional en defensa de su derecho fundamental a poder ejercer sus funciones como representantes de los ciudadanos. A pesar de ello, el viernes pasado impidieron tramitar tres nuevas iniciativas. Ya van 16. Huelga decir que los diputados de UPyD en la Asamblea de Madrid vamos a continuar intentando que a los ciudadanos no se les hurte un debate serio sobre corrupción y las imprescindibles medidas que hay que tomar para prevenirla, controlarla y sancionarla. Unas medidas que exigen reformas radicales que quitarán poder a los políticos para devolvérselo a los ciudadanos. Veremos en qué queda y os lo contaremos.

Pd. El diario El Mundo ha publicado el 30-1-2013 que Salvador Vistoria ha presentado justificantes de que las facturas las pagó el PP y que él actúo como abogado.

http://youtu.be/DTiNqVVg77I

 

El área única educativa: ¿libertad de elección o segregación del alumnado?

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a aprobar una normativa para crear un área educativa única el próximo curso escolar 2013-2014. Que en teoría permitirá a cualquier familia madrileña elegir el centro que deseen en toda la Comunidad. Aun no se conoce la redacción del Decreto que regulará esta decisión. Pero lo anunciado se parece demasiado a un eslogan ideológico por su imprecisión y muy poco a una decisión racionalmente pensada que haya previsto las medidas  a adoptar para conseguir que sirva para mejorar la calidad de la educación y evite la segregación de alumnos.

 La educación no es un mercado perfecto en el que los oferentes –titulares de los centros educativos- y los demandantes –padres y alumnos- puedan libremente optar por el mejor producto. En la educación, el mercado presenta importantes fallos que justifican la intervención del Estado tanto para regularla como para proveerla. La libre elección de centro, que en teoría permitiría una mayor competencia entre ellos para mejorar su eficiencia y la calidad de su educación, plantea problemas tanto de eficiencia, como de equidad. Para poder elegir libremente hacen falta cuando menos dos elementos esenciales: información suficiente sobre los centros e igualdad de los padres y alumnos para una vez tomada la decisión del centro al que acudir poder realizarla.

La información sobre los centros escolares debe ser muy completa. Deben realizarse unas pruebas externas de control del conocimiento de los alumnos de alta calidad que permitan conocer los resultados de los centros realmente.  Las actuales pruebas CDI no son garantía suficiente y deben ser muy mejoradas. Pero no basta con esos datos. La información debe comprender también el proyecto educativo del centro, el nivel de sus profesores y su estabilidad en el puesto de trabajo, la capacidad del centro para mejorar los resultados esperados de los alumnos atendiendo al nivel social y educativo de sus familias, sus valores, entre otros datos. Esta información debe ser fácilmente entendible por las familias. Por tanto, a aquellas que tengan menor nivel educativo deberá prestárseles especial atención para que comprendan esa información y conseguir que realmente puedan optar.

La igualdad de las familias es un prius para que haya libre elección. Sólo hay verdadera libertad de elección entre iguales. Como es sabido no todas las familias tienen los mismos recursos; diferencias que además se están incrementando con la crisis. Para corregir estas desigualdades, debe garantizarse por el Gobierno recursos suficientes a aquellas familias que deseen elegir un centro educativo para sus hijos que no tengan suficiente dinero para pagar el desplazamiento y la comida. La Comunidad de Madrid con la reducción significativa de ayudas de transporte y comedor realizadas este año va justo por el camino contrario.

A parte de estos dos problemas, se plantean otros relevantes. En la educación, los padres deciden por los hijos, pero son éstos quienes la reciben. Puede haber intereses divergentes entre unos y otros y suceder que los padres no presten suficiente atención a las necesidades educativas de sus hijos, ya sea por desconocimiento o por desgana. Lo que con el área única podría implicar que no se molesten en tratar de llevar a sus hijos a un buen colegio. Con el objetivo de limitar este problema hay que primero que hacer todo lo posible para que los padres se interesen por la educación de los hijos, transmitiendo su importancia y estableciendo mecanismos que les obligue en la medida de lo posible a ello. Pero además es imprescindible que el Gobierno garantice como estándar de calidad de todos los centros públicos mínimos muy elevados. La falta de elección de los padres no debe frustrar el derecho de sus hijos a una buena educación y a la igualdad de oportunidades.

Asimismo, si se quiere que el área única educativa mejore la calidad de la educación, es preciso que se evite la consecuencia que los británicos conocen como “cream-skimming” (“flor y nata” en español). Ya que puede haber un número significativo de centros tentados de mejorar sus resultados seleccionando los alumnos que mejores notas puedan tener por el nivel educativo y económico de sus padres o porque sapan que son buenos y no porque realmente se preocupen de mejorar la calidad de la educación de sus centros. Esta consecuencia derivada del área única educativa determinaría un incremento de las desigualdades y de la segregación de los alumnos. Para corregirla puede ser necesario dar más recursos por los alumnos con más dificultades. De forma que los centros puedan estar también interesados en ellos. En Nueva Zelanda, en 1991, se introdujo la libertad de elección sin una adecuada regulación de los criterios de selección de los alumnos, lo que incrementó la segregación del alumnado. Para corregirlo en 2000 reintrodujeron criterios para la admisión en los centros que tuvieran más demanda que oferta de plazas.

No se debe olvidar que la libertad de elección también se limita cuando hay centros con menos plazas que alumnos que las demandan. Para evitar esta limitación debe intervenirse haciendo que esos centros aumenten sus plazas de forma que puedan ir entrando todos los alumnos que lo soliciten y regulando mientras tanto los criterios de admisión en el centro para impedir las discriminaciones. En Madrid, habrá que estar muy atento a esos criterios, que al menos teóricamente deberán mantener ya que les obliga la Ley Orgánica de Educación.

En conclusión, el área única educativa puede ser positiva, si se toman medidas que corrijan los problemas citados, ya que puede hacer aumentar la calidad de la educación al establecer una cierta competencia entre centros. Pero también puede ser muy negativa, si no se toman medidas que solucionen esos problemas, ya que puede provocar una alta segregación de los alumnos sin mejorar la calidad de la educación. Para hacerlo bien, hay ejemplos internacionales de los que aprender. El Reino Unido aprobó leyes que ampliaban la capacidad de elección de centro de los padres, pero con medidas correctoras y tras amplios estudios. Sus resultados han sido bastante buenos. Sin embargo, en Nueva Zelanda, sin las medidas correctoras, fueron negativos.

Por tanto, si el Gobierno regional quiere que la medida sea un éxito debería presentar ante la Asamblea de Madrid su propuesta, los datos que la avalan y las medidas que van a adoptar para evitar los problemas que pueda generar y conseguir que sirva para mejorar la calidad de la educación. Si lo que hace es simplemente aprobar un decreto, sin datos y sin debate suficiente, me temo que se van a incrementar las desigualdades educativas. Desde UPyD, en la Asamblea de Madrid, vamos a intentar que se hagan las cosas bien. Os contaremos.

Lo que tienen en común Eurovegas y la privatización de la gestión sanitaria

En una misma Ley, la de acompañamiento a la de presupuestos, se van a aprobar dos de las medidas más importantes de este año en la Comunidad de Madrid: Eurovegas y la privatización de la gestión sanitaria de los nuevos hospitales y centros de atención primaria. Estas medidas tienen un hilo conductor común: la confusión de intereses privados y públicos. Quizás por eso han optado por tramitarlo conjuntamente, y no sólo para dificultar un debate independiente y riguroso en la Asamblea sobre ellas. A pesar de su escaso debate, esta Ley podrá tener importantes repercusioens en el futuro de la Comunidad de Madrid.

La Ley ha previsto para Eurovegas un traje a medida, que ha venido a llamar Centros Integrales de Desarrollo (CID). Se trata de una figura jurídica configurada ad hoc, como una categoría de los llamados Proyectos de Alcance Regional, regulados en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. En ella se prevé que sus normas aplicables a los CID prevalecerán en caso de conflicto sobre las restantes normas de la Comunidad de Madrid. Esos centros se podrán implantar mediante autorización administrativa, de oficio a solicitud de un particular, otorgada mediante concurso público. En esa solicitud, el particular deberá señalar el tipo de actividades a realizar, municipios afectados, estudio económico financiero, ajuste del proyecto a la legislación urbanística y la que incumpliría, etcétera; y específicamente, previsiones de creación de empleo, de la inversión que comportan y  del incremento de la riqueza que para la región supongan.

Tras la presentación de esa solicitud, habrá una aprobación inicial, que saldrá a información pública, y una posterior aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de la Comunidad, en la que se indicarán -entre otras cosas- los cambios en el planeamiento urbanístico a realizar y el plazo -que no podrá ser superior a 10 años- durante el cual no se podrá autorizar la implantación de un nuevo CID que tenga autorizada la actividad de casinos, de nuevos casinos, o de la ampliación de los existentes en Madrid. Según la Ley, las previsiones urbanísticas de los CID prevalecerán sobre las determinaciones contenidas en el planeamiento urbanístico, que deberá ser adaptado por la Administración competente; de igual forma, para los CID no rige la limitación de alturas previstas en la Legislación del suelo de la Comunidad.

Por otra parte, la Ley dedica un capítulo entero a regular el régimen del juego en los CID. Cabe destacar que el CID podrá -mediante una simple comunicación a la Comisión de Control del Juego- incluir nuevos juegos, aunque estos no figuren expresamente recogidos en una norma; se permite la entrada a los menores en esos centros; la autorización de funcionamiento de los casinos será la del CID  y se autoriza que en esos casinos y centros de juego den crédito a los jugadores. La citada Comisión de Control será la que inspeccione el juego en los CID. Esta Comisión de nueva creación tendrá la composición, organización y funcionamiento que el Consejo de Gobierno autonómico mediante decreto decida.

En materia tributaria, también goza de importantes especificidades. Se le aplicará una bonificación de un 95% de la cuota que resulte de las operaciones sujetas al impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que estén relacionadas con su puesta en funcionamiento. Además, se prevé una reducción muy significativa del tipo del impuesto sobre el juego de casinos, pasando de un máximo de un 55% y un mínimo del 20% a un tipo lineal del 10%. Previéndose también importantes bonificaciones sobre la cuota resultante. Que en el proyecto inicial eran de un 9% de las inversiones realizadas y 9.000 euros por trabajador de la plantilla media en cada periodo; debiendo ingresar un 1% de la base imponible, pero pudiendo acumular las bonificaciones no aplicadas para los 18 años siguientes. Y que tras las enmiendas del Partido Popular, y su paso por Comisión, han quedado en la cuantía que resulte de aplicar a la base de la tasa un 0,1%  por cada 100 trabajadores que integren la plantilla media en cada periodo. Lo que conlleva que desde 10.000 trabajadores la bonificación alcance el 10% de la base. Esto es un porcentaje igual, como hemos mencionado, al del tipo a aplicar sobre la base. En consecuencia, en a partir de esos trabajadores se compensará la bonificación con el tipo y la cuota a pagar resultará ser cero. Aunque,  como se mantiene un tipo mínimo del 1% en todo sobre la base, ese será al menos el impuesto  que pague el CID o Eurovegas.

Como se puede ver el traje a medida se ajusta muy bien a lo que el señor Adelson pidió: una isla legal,  como contábamos antes las leyes del CID pactadas con él prevalecen sobre cualquier otra de la Comunidad de Madrid. Una isla en la que hay libertad urbanística, escasos impuestos, limitación de los competidores, capacidad de dar crédito directamente a los jugadores –a pesar del riesgo de blanqueo de capitales, o será por eso mismo-, diferente normativa sobre menores, entre otras medidas. Ya sólo falta que el Gobierno del Estado deje fumar. Se trata claramente de una regulación muy beneficiosa para un inversor y un tipo de inversor, que los mejores economistas en ningún caso recomiendan.

Junto a esta normativa, la Comunidad incluye también la regulación de la privatización de la gestión sanitaria de hospitales y ambulatorios. En este caso con unas pocas disposiciones, que dejan amplio margen al Gobierno regional para desarrollarlas como considere oportuno, pero en las que se intuyen acuerdos con los posibles licitadores en los concursos: por ejemplo, el PP ha propuesto una enmienda  votada en comisión por ello, por la que se van a permitir cambios en los vigentes contratos de concesión de obra pública con explotación de servicios no sanitarios de esos hospitales. Además prevé para perjuicio de hosteleros, que pagan todos sus impuestos, la posibilidad de que dueños de fincas privadas organicen eventos en ellas, sin exigirles los mismos requisitos.

Milton Friedman decía en su libro Capitalism and freedom: “The kind of economic organization that provides economic freedom directly, namely, competitive capitalism, also promotes political freedom because it separates economic power from political power and in this way enables the one to offset the other”. Pese a que el PP de Madrid se define como liberal, en esa Ley hay mucha confusión de los intereses públicos y privados, del poder político y el económico. Y eso sólo puede conducir a más intervencionismo, menos libertad y más corrupción; a un país donde las decisiones políticas influidas por el poder económico determinen a quien van las rentas y beneficios de la actividad económica. Un mal camino para salir de la crisis. Lo que necesitamos son reglas claras, iguales para todos, y dejar que el dinero fluya hacía quienes tienen verdadera capacidad de iniciativa e inventiva. Lo contrario sólo favorece la corrupción.

Hoy, cuando votemos en la Asamblea, UPyD se opondrá a la Ley, porque quiere un país en el que esté separado el poder económico del político, en defensa de la libertad, la igualdad y contra la corrupción.

Políticas sin criterio: la reducción de diputados de Cospedal

La presidenta de Castilla la Mancha María Dolores de Cospedal ha propuesto que se recorten a la mitad el número de diputados de esa comunidad por razones de austeridad. No deja de ser chocante que esta propuesta la haga cuando aún no han pasado cuatro meses desde que en ese parlamento con su voto, por iniciativa del PP, se aprobará la Ley 4/2012, de 17 de mayo, por la que se pasaba de 49 diputados a 53 en esa misma comunidad. Una Ley que en su exposición de motivos se justifica así:

Es un hecho contrastable objetivamente que el crecimiento de población en la región no se ha detenido desde la última reforma de la Ley Electoral, ya que entre enero de 2007 y enero de 2011, esta ha pasado de 1.977.304 habitantes a 2.115.334, respectivamente, es decir, un incremento del 7,0%, muy superior a la media nacional (4,4%).

La presente modificación se realiza manteniendo un criterio de austeridad, con un número de diputados suficiente para cumplir los criterios de proporcionalidad, territorialidad y realizar de manera adecuada las funciones que están previstas en la legislación vigente.

Si comparamos el nuevo número de escaños, Castilla-La Mancha con la reforma propuesta alcanza una representación proporcional respecto al resto de Comunidades Autónomas, que cuentan, con carácter general con un número superior de diputados para poblaciones muy similares a las de nuestra región, como por ejemplo Castilla y León, País Vasco, o casos como los de Extremadura en la que con la mitad de población, cuenta con un número muy superior de diputados en su Asamblea Legislativa.

Frente a lo que dicen esos párrafos de la Ley, esta reforma está motivada realmente por la queja del PP ante una anterior del PSOE del año 2007 –Ley 12/2007, de 8 de noviembre-. En la que pasó el número de diputados de 47 a 49 otorgando uno más a Toledo y Guadalajara. Ya que pensaban que no les favorecía y que el PSOE la hacía para dificultar su futura mayoría al no subir el número de escaños de Toledo y Ciudad Real. Por ello interpusieron un recurso ante el Tribunal Constitucional, quien no les dio la razón. En la actual, el PP  aumenta el número de diputados en cuatro que se reparten entre Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca y Toledo, manteniendo a Albacete con los mismos. Un nuevo reparto, que viendo los restos de las últimas elecciones en esas provincias, les favorecería al dificultar la victoria del PSOE.

Si la Ley de hace tres meses era la plasmación de años de disquisiciones en el PP de Castilla la Mancha para determinar qué número de diputados por circunscripción les favorecería más  para ganar al PSOE, hay que preguntarse por qué ahora apuesta por reducirlos a la mitad y que no cobren sueldo los diputados, aunque sí dietas. La respuesta a esta pregunta no es difícil de encontrar y tiene que ver con los hondos cambios de nuestra sociedad.

En primer lugar, han visto que se está generando un declive importante de los dos partidos mayoritarios y un crecimiento de nuevos partidos. Un crecimiento que se puede limitar si se reducen los diputados y se mantiene la Ley electoral sin corregir su falta de proporcionalidad. De esa forma en Castilla la Mancha para tener un diputado por circunscripción habrá que lograr porcentajes superiores al 10 y en las más pequeñas del 15 por ciento. Lo que provocará que los partidos con porcentajes inferiores no entren en el parlamento y todos los escaños se repartan entre los dos mayoritarios. Esto es, entre el PP y el PSOE, aunque tengan un importante descenso de votos.

En segundo lugar, esta medida y la eliminación del sueldo es popular ya que da la imagen de reducir políticos. Ahora bien, al suprimir el sueldo de forma generalizada de los diputados y reducir la representatividad de los ciudadanos, lo que realmente lograran será reducir aún más el control del gobierno. El cual, por otra parte, seguirá con sus enchufados y demás mandagas, sin reforma alguna. Lo que justifica Cospedal diciendo que no es lo mismo la tarea legislativa que “el encargo hecho a un partido para que administre”. Como si los ciudadanos en lugar de votar diputados votaran la ocupación de la administración por un partido político. Una declaración que descarnadamente justifica nuestra partitocracia y la muerte del parlamentarismo.

Si estas propuestas -que también defienden otros “barones” del PP- salen adelante, sancionaran el modelo institucional que tan perversos incentivos ha creado al permitir que una partitocracia controle el país sin responder ante nadie. Los problemas de Castilla la Mancha  se acentuaran, en lugar de resolverse. Hay que reducir parlamentarios autonómicos, pero no así.

Frente a esta política alicorta e interesada, que no tiene otro rumbo que mantener el estatus quo, nuestro país necesita un profundo cambio de su sistema institucional que redefina el modelo de estado abriendo un nuevo proceso constituyente. En el cual se fije un modelo federal con competencias claras entre el Estado y un número reducido de comunidades y municipios; un sistema electoral justo e igualitario; y un incremento de la transparencia y la responsabilidad política. Solo así se generarán los incentivos para crear riqueza y que está este justamente repartida. Estas son las ideas de UPyD. Seguiremos trabajando por ellas.