La corrupción amparada

¿Qué credibilidad puede tener un partido que se niega a que se debata sobre corrupción y sobre las medidas que hay que tomar para prevenirla, controlarla y sancionarla? ¿Y qué credibilidad puede tener el gobierno al que apoya? Las preguntas, por supuesto, son retóricas. Y la respuesta es tan grave como evidente: sólo quien tiene algo que ocultar puede temer el debate y sólo quien se beneficia de la corrupción puede no tener interés en luchar contra ella.

Cuenta el periódico El Mundo que Salvador Victoria, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, mediaba en los pagos a la trama Gürtel para organizar actos del PP, que supuestamente eran pagados con dinero de la Comunidad. Él lo ha desmentido. Antes, ese mismo periódico dio informaciones sobre las extrañas relaciones jurídicas del presidente, Ignacio González, para hacerse con un ático de lujo en Marbella. En ambos casos, habrá que esperar a que la justicia actúe con rapidez y clarifique los hechos. No obstante, estas informaciones son una gota más en la oleada de casos de supuesta corrupción que está devastando nuestro país. Llegados a este extremo, el ciudadano siente, en un sentimiento que compartimos, que una corrupción institucional tan generalizada como la que ha saqueado España sólo es posible si ha sido amparada por los partidos políticos que han gobernado desde la transición y por buena parte del tejido empresarial vinculado a ellos.

A quienes vivimos la política desde dentro nos abruma comprobar el círculo vicioso en el que nos han encerrado estas malas prácticas: ni PP ni PSOE ni IU ni los partidos nacionalistas tienen las manos libres para actuar previniendo, erradicando y sancionando la corrupción, ¡porque hacerlo les forzaría a reconocer que entre sus filas se cuentan sus principales actores! Por ello, son tan furibundos en el ataque a quienes tienen las manos limpias y por tanto, libres para actuar, y todos los días cargan contra UPyD. En opinión de estos partidos, quienes dañan la política son más quienes pretenden hablar sobre corrupción que quienes la cometen.

Sólo así se entiende que el PP en la Asamblea de Madrid haya impedido al Grupo de UPyD en más de 13 ocasiones hablar sobre temas ligados a la corrupción, Caja Madrid y responsabilidades en la gestión de alcaldes con graves irregularidades. Sus representantes en la Mesa de la Asamblea, con la ayuda de ciertos cargos de confianza, han actuado contumazmente de manera arbitraria e ilegítima para favorecer los intereses de su mayoría e impedir la celebración de Plenos sobre esos asuntos.

Ante esta conducta, el Grupo de UPyD ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional en defensa de su derecho fundamental a poder ejercer sus funciones como representantes de los ciudadanos. A pesar de ello, el viernes pasado impidieron tramitar tres nuevas iniciativas. Ya van 16. Huelga decir que los diputados de UPyD en la Asamblea de Madrid vamos a continuar intentando que a los ciudadanos no se les hurte un debate serio sobre corrupción y las imprescindibles medidas que hay que tomar para prevenirla, controlarla y sancionarla. Unas medidas que exigen reformas radicales que quitarán poder a los políticos para devolvérselo a los ciudadanos. Veremos en qué queda y os lo contaremos.

Pd. El diario El Mundo ha publicado el 30-1-2013 que Salvador Vistoria ha presentado justificantes de que las facturas las pagó el PP y que él actúo como abogado.

http://youtu.be/DTiNqVVg77I

 

Manifestación reaccionaria

Ayer sábado 10 de julio de 2010, UPyD se concentró ante el Tribunal Constitucional para defender el orden constitucional.Era un día soleado y de mucho calor, pero centenares de personas se juntaron, para escuchar el manifiesto que leyó Rosa Diez. Un manifiesto pedagógico que recordaba que sin el cumplimiento de la Ley democrática y de las sentencias judiciales, tanto de aquellas que nos gustan como de las que no, no hay democracia.

Puede parecer sorprendente que en un país como España en pleno siglo XXI, tras más de 30 años de democracia, haya que salir a la calle a reclamar que se cumplan las reglas mínimas que la hacen posible. Pero, no lo es, si se constatan los acontecimientos del día a día. Entre los que destacan los de estas últimas semanas. Cuando, tras el fallo del TC sobre el Estatuto de Cataluña, la mayoría de los partidos de esa comunidad (algunos como el PSC, supuestamente parte de un partido nacional) lo han descalificado considerándolo una provocación y un atentado a la “dignidad de Cataluña”  y, cuando, el propio gobierno del Estado ha considerado posible eludir el cumplimiento del fallo aprobando leyes que impidan de facto que la sentencia del TC se aplique eficazmente.

La democracia con estos hechos está en peligro en España, pues no hay democracia si las instituciones del Estado que son quienes, en primer lugar, tienen que cumplir la Ley y las sentencias no lo hacen. Jean François Revel en su libro “Cómo terminan las democracias” (de lectura muy recomendable) deja claro que sólo una defensa activa de los valores de la democracia podrá hacer que está perviva. Si bien, nos previene que muy habitualmente “la identificación de los adversarios de la democracia, con unas fuerzas progresistas, legitimas, (….) tiende a privar de consideración y a paralizar la acción de los hombres que no quieren más que defender sus instituciones”. Para evitar caer en la parálisis y en el miedo a ser vistos como reaccionarios, por el simple hecho de querer defender la democracia, hay que seguir actuando con firmeza y hablando con caridad.

La manifestación de ayer en Cataluña, organizada desde un poder del Estado (la Generalitat) contra el Estado en su conjunto, se parece demasiado a las de la plaza de Oriente de Franco, con sus altas dosis de nacionalismo y sus enemigos exteriores: el TC, el PP, los españoles. Una manifestación sustentada por un pensamiento único que niega los hechos. Construido por unas élites interesadas en generar su propio espacio de poder territorial, cualquiera que sea su presunta ideología y procedencia. Para poder mangonear con total tranquilidad, sin que se les pueda exigir responsabilidades. Y trasmitido desde hace décadas por un sistema educativo y unos medios de comunicación de partido (en esto muy parecidos a los del resto de España) que han renegado de su principal cometido: educar para la libertad e informar con independencia e imparcialidad.

Han conseguido que los ciudadanos de Cataluña crean como verdad que todos los males de esa comunidad vienen de un enemigo exterior que les acosa. Pongo un ejemplo sencillo, pero muy ilustrativo. Me contaba una amiga de Cataluña que una amiga suya estaba muy enfadada porque Tele 5 no conectaba con Barcelona durante la transmisión de los partidos de la selección española. Pensaba que era por maldad anticatalana. Evidentemente, desconocía que el Ayuntamiento de esa ciudad se había negado a poner pantallas gigantes en la calle, porque lo consideraba una provocación contra Cataluña.

Estos son los hechos a los que tenemos que atenernos: la voluntad de algunos de achicar el espacio político común negando la igualdad de derechos y obligaciones de todos, a lo que llaman construcción nacional de Cataluña. No temamos que nos llamen provocadores. Digamos lo que esos hechos suponen: la destrucción de la democracia por la vía de de la ruptura de la ciudadanía común fundada en la aplicación igual de la Ley a todos. Continuemos hablando con claridad e introduzcamos racionalidad en este mar de confusiones, como hicimos ayer ante el TC. Que las posiciones reaccionarias no nos amilanen. Esta en juego nuestra democracia.

Un posible delito en el Tribunal Constitucional

En el Tribunal Constitucional, si las filtraciones sobre la tramitación del recurso frente al Estatuto de Cataluña son ciertas, se podría estar cometiendo un posible delito. El código penal en su artículo 449 establece que será penado, con inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años, el juez o magistrado culpable de retraso malicioso -el dirigido a conseguir cualquier finalidad ilegítima- en la administración de justicia.

Nadie desconoce que el retraso en la resolución de los recursos de inconstitucionalidad planteados ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Orgánica por la que se ha aprobado el Estatuto de Autonomía de Cataluña está convirtiéndose en la gota que hace rebosar el vaso del desprestigio de una de las instituciones más importantes del Estado. Pero quizás haya además que plantearse que podría estar cometiéndose un posible delito por el retraso en dictar esa sentencia.

Según parece, tras la elaboración de varias ponencias por la magistrada designada como ponente, ésta no ha conseguido la aprobación de la mayoría de magistrados que es necesaria en las diversas votaciones que se han producido. Lo que ha tenido lugar hasta en cuatro ocasiones ante el empecinamiento de la magistrada en no renunciar y de la Presidenta en no proponer otro ponente. De estos hechos podrían derivarse irregularidades normativas con posibles consecuencias penales, pues las leyes sobre los procedimientos para conseguir una sentencia en un tribunal son muy claras.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece expresamente en su artículo 80 que en materia de deliberación y votación se aplicarán con carácter supletorio las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Los artículos 206 y 203 respectivamente de cada Ley dicen que “cuando el ponente no se conformare con el voto de la mayoría, declinará la redacción de la resolución, debiendo formular motivadamente su voto particular”. Añadiendo la LEC que “en este caso, el Presidente encomendará la redacción a otro Magistrado y dispondrá la rectificación necesaria en el turno de ponencias para restablecer la igualdad en el mismo”.

Estas normas, que instauran la obligación de los magistrados de actuar, son las que estarían infringiéndose ya que, siempre según las mencionadas filtraciones, o bien la magistrada responsable de la ponencia no ha renunciado a su redacción, o bien la Presidenta del Tribunal ha decidido no encargar dicha redacción a otro magistrado. Esta violación del deber de actuar pudiera suponer que nos encontráramos ante un retraso en la Administración de Justicia para conseguir que las presiones, en parte, ejercidas incluso públicamente por la prensa e instituciones catalanas, influyeran en el parecer de alguno de los magistrados del Tribunal para hacerle cambiar de criterio o bien lograr posponer el momento de la resolución a que exista una renovación de los magistrados que han de conocer el asunto. Retraso que podría ser calificado de retardo malicioso de acuerdo al artículo del código penal mencionado, ya que se trataría de un retraso en parte voluntario para conseguir alguno de los fines ilegítimos mencionados.

No es este el lugar para realizar un análisis en profundidad acerca de las dificultades que entraña la calificación de las acciones u omisiones que pudieran constituir una prevaricación judicial y lo excepcional que es encontrar supuestos en que la jurisprudencia haya condenado a miembros de la carrera judicial por este motivo, pero existe doctrina y precedentes jurisprudenciales suficientes para poder plantearse si nos encontramos ante un posible caso de prevaricación judicial. En este sentido, pudiera ser de interés la lectura de la tesis doctoral dedicada a esta cuestión y publicada en el año 2006 por GÜIDI CLAS.

De lo que no hay duda, más allá de que esta conducta pudiera calificarse como un posible delito, es que este retraso voluntario en la administración de justicia está teniendo graves consecuencias. Porque al posponer el momento en que se dicte una sentencia que resuelva sobre la constitucionalidad de varios de los preceptos esenciales de ese texto legal, su propia futura aplicación hace que, cuanto más tiempo transcurra, más difícilmente se puedan corregir las derivaciones que vaya teniendo su desarrollo político y legal, si al final se acordase su inconstitucionalidad. Este fracaso, y la falta de respeto del Tribunal, rememoran el que se llevó por delante al Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República, que tan infaustas consecuencias tuvo.

Ya casi nada sorprende en esta alocada iniciativa que se inició por aquiescencia de Zapatero y que nos ha llevado este último fin de semana a asistir a la concentración de alcaldes del PSC frente al Parlamemt apoyando la constitucionalidad del Estatuto y presionando al Tribunal Constitucional y a la no inicua fantochada de los llamados referéndum de independencia, en parte con el mismo objeto. Aunque lo peor no es esto, sino saber que el Tribunal podría haber sido independiente si hubiera querido y que sin embargo ha optado por ser un instrumento más de la política partidaria. Y es que el respeto que se merecen las instituciones no sólo exige buenas leyes, sino hombres y mujeres que sepan defenderlas.