España es un país curioso: todos quieren más derechos y más autonomía pero nadie más deberes y más responsabilidad. Así como niños pequeños consentidos creemos que podemos pedirlo todo y no dar nada a cambio. Hoy se ha publicado en El Confidencial un ejemplo paradigmático de esta triste realidad: el ayuntamiento de Parla y su arbitraria y abusiva estructura de personal. Eso sí, muy autónomamente instituida.
Cuenta la prensa que el chófer del ayuntamiento gana más que el alcalde, que un peón puede tener salarios superiores a 50.000 euros o una profesora de peluquería más de 40.000, al tiempo que los profesionales cualificados de ese ayuntamiento son en muchos casos peor pagados que aquellos que no tienen casi formación o que personas de igual cualificación pueden tener diferencias salariales entre sí superiores a 30.000 euros. Vamos un guirigay de plantilla hecha desde cualquier criterio excepto el de la racionalidad para el cumplimiento de las funciones públicas del ayuntamiento.
Se imaginan ustedes qué pasaría con una empresa privada con un presupuesto de más de 150 millones de euros al año y más de 700 trabajadores, como tiene el ayuntamiento de Parla, en la que su máximo responsable pagase a sus trabajadores sin atender a la importancia de las funciones que realizan, no fijara una estructura de categorías profesionales lógica y el reparto de los empleados por categorías se hiciese sin atender a los bienes o servicios que produce. Se imaginan ustedes a dónde conduciría a la empresa esa gestión de recursos humanos. Si no se lo imaginan, les puedo aventurar que a no muy buen lugar. Como en mal lugar está el ayuntamiento de Parla, cuya crítica situación le obliga a despedir trabajadores para intentar ajustar unas cuentas que sino no salen.
Por qué razón entonces, si es evidente que así no se puede gestionar, los responsables de ese ayuntamiento, su antiguo alcalde Tomás Gómez y el actual José María Fraile, gestionaron de forma tan arbitraria en el ejercicio de su autonomía municipal. Caben varias hipótesis, compatibles entre sí: por negligencia o por favorecer a su clientela. Ambas muy propias de la peor tradición de nuestro país, que entroncan con la forma en la que se gestionaba la vida local a principios del siglo XX y que fue por lo mejor de los regeneracionistas de esa época.
El de Parla, no es un caso aislado de arbitrariedad y mala gestión municipal, ni en España, ni en la Comunidad de Madrid. Hay muchos otros ejemplos, como el de Alcalá de Henares donde su alcalde además de estar pluriempleado en la Asamblea de Madrid gana más de 120.000 euros al año por su función y dónde los portavoces de los Grupos municipales ganan unos 90.000 al año. O el de Arganda que no ha presentado sus cuentas, según informe de la Cámara de Cuentas de Madrid de 2010, en los siete anteriores ejercicios económicos, pero cuyo alcalde cobraba 88.000 euros (ahora 77.000) y los portavoces de la oposición 80.000 (ahora 67.000). En ambos casos, todos los partidos (PP, PSOE e IU) se opusieron a las rebajas de salarios de cargos electos que propuso UPyD. Unos salarios que contentan a unos y a otros y que seguro permiten dulcificar a la oposición.
Todas estas maravillas son hechas bajo el sacrosanto principio de la autonomía municipal. Una autonomía que no parece tener su justo correlato en el de la responsabilidad de la gestión municipal. Por ello, se hace imprescindible que se tomen medidas desde el Estado para saber la situación real de los municipios de España y para adoptar medidas legales y otras que limiten las arbitrariedades y sirvan para hacer responsables a quienes sólo ven derechos y no deberes en su gestión. Y urge adoptarlas, porque si tardamos mucho habrá que refundar numerosos municipios, como le ocurrirá al de Parla para superar su despótica gestión municipal.
