Enfermedades raras y por qué el Estado debe recuperar competencias en sanidad

El pasado miércoles en representación de UPyD estuve en un desayuno-almuerzo organizado por Feder (la Federación española de enfermedades raras). Fue muy interesante y aleccionador. Las enfermedades raras son aquellas, según la Unión Europea, que afligen a menos de cinco por cada diez mil personas. Lo que no es una cifra menor, ya que equivale a entre un seis y ocho por ciento de la población europea, unos tres millones de españoles y quinientos mil madrileños. Son enfermedades en la mayoría de los casos de origen genético, crónicas y discapacitantes y se suelen manifestar en los primeros años de vida, aunque pueden aparecer en cualquier momento. Enfermedades de muy peliagudo diagnóstico y tratamiento, bien por su dificultad intrínseca o por desconocimiento de los médicos. Que alteran la vida de las familias en las que aparece. Sin duda, todo un reto para el sistema sanitario y social de un país.

En el acto Justo Herrán, delegado en la Comunidad de Madrid de Feder, leyó un manifiesto con sus peticiones esenciales: diagnósticos pre y postnatales y tratamientos eficaces; creación de unidades y centros especializados de referencia; financiación y acceso rápido  a los llamados medicamentos huérfanos; incremento de la investigación; mejora de la coordinación y la información entre los centros hospitalarios del país; mejora de la formación de los médicos, entre ellos los de atención primaria, para que sepan sobre estas enfermedades y puedan derivarlos a centros y médicos especializados; registros nacionales; y una atención multidisciplinar que tenga en cuenta la faceta educativa, laboral y económica de los enfermos.

Tras él habló Araceli García, cirujana pediátrica en el 12 de octubre de Madrid, que con el relato de dos de sus casos nos emocionó. Fue muy alentador comprobar que los médicos conservan la capacidad de implicarse por sus pacientes más allá de lo que les llevaría la fría aplicación de su técnica. Después una madre que pertenece a la Asociación Española de Síndrome CDG nos relató la experiencia con su hijo: el deambular por España en búsqueda de un diagnóstico, la marcha a Alemania, los problemas con la Seguridad Social, las dificultades en la guardería, los gastos constantes que nadie les reembolsa….

Finalmente intervinimos los políticos, para exponer nuestras propuestas y aportar soluciones a los problemas recogidos en el manifiesto. Primero lo hizo el Director General de Hospitales de Madrid, en representación del PP. Después el del PSOE, que había sido Consejero de Sanidad del Gobierno Vasco de 1987 a 1991 y que se presentó como el futuro consejero de sanidad si ganaba las elecciones Tomás Gómez. Sobre su intervención mencionaré que la vi muy centrada en Madrid. Como si los problemas que nos estaban contando se pudieran acotar a esta comunidad, cuando era justo lo contrario.

El papeleo, los pagos entre comunidades, la determinación de cuales sean los centros de referencia, la creación de un registro único para estas enfermedades, la instauración de servicios de rehabilitación para todos, el tratamiento integral de la enfermedad, la formacón de los médicos y la extensión de la mejores prácticas no puede quedar al albur de la Comunidad en la que se viva.

Por eso, mi intervención trató de superar el debate madrileño. Lo importante no son las Comunidades Autónomas. Lo importante son los ciudadanos de un país que tienen derecho a la mejor asistencia sanitaria vivan donde vivan. En suma, a que la organización burocrática de esos servicios no esté pensada en términos de poder territorial, sino a que tenga como centro al ciudadano.

Por los problemas planteados, parece evidente que solo la acción decidida del Estado puede ayudar a solucionarlos. Y es que no puede ser que el Director de Hospitales de Madrid, por lo bajines, consciente del problema y con buena voluntad, mencione como posibilidad un fraude de ley: que los enfermos se empadronen en Madrid, en casa de cualquier madrileño, para así ser tratados en la sanidad de esta Comunidad. O que el del PSOE, que también reconoció el problema, obvie quien dirige el Ministerio de Sanidad, y proponga acuerdos bilaterales entre las comunidades autónomas para solucionarlo –en su intervención me pareció, por la veces que lo mencionó, que sólo le preocupaba Tomás y el Gobierno de Madrid-. Como si no existiese el Estado y la coordinación dependiera de la voluntad de confederal de las comunidades.

Obviamente el tema es mucho más complejo; no basta que el Estado tenga la competencia, lo esencial es que la ejerza. En esas estamos, trabajaremos para ello. Por lo pronto gracias a Feder por darme la oportunidad de estar en ese acto.

@esperanzAguirre respondió. Y nos dio la razón

El viernes de la semana pasada al mediodía, por fin, @esperanzAguirre contestó:

@esperanzAguirre:@ramonmarcos @chemalarrea Gracias. Hemos pasado de 147.000 a 164.000 en especial en Educación, Sanidad y Justicia (nuevos colegios, hospitales y sedes judiciales).”

Con este tweet reconoció que se había incrementado el empleo público en la Comunidad de Madrid en los últimos años, en plena crisis económica, aunque sin citar ni fechas, ni la fuente donde poder consultarlos. Incluso dio cifras mayores que las que pude aportar, que saqué de los Boletines Estadísticos del personal al servicio de las Administraciones públicas que se publican por la Administración General del Estado. Seguramente porque tendrá datos más actualizados, eso sí guardados celosamente en sus cajones presidenciales; suponemos que pendientes de ser comunicados al Estado.

Un reconocimiento relevante, ya que fue ella la que pidió que le diera ejemplos de crecimiento del empleo público en su comunidad y en los órganos dependientes, en respuesta al tweet en el que le señalaba que se habían producido esos hechos. Pregunta que sólo podía tener uno de estos dos fines: pillarme o desconocimiento de su propia gestión. Al menos, gracias a los que le facilité, si nos los conocía, habrá podido saber la realidad de las políticas de empleo público de su presidencia autonómica. Que son bastante contradictorias con sus predicas supuestamente  liberales.

Un poco de congruencia debería conducirla a reconocer que ha hecho como el resto de presidentes autonómicos (socialistas y populares) incrementar ese empleo en los últimos años. Y no en menor medida. En Madrid ha crecido un 8,5%, entre 2006 a 2009, mientras que en Andalucía, la campeona del empleo público con 257.917 empleados a julio de 2009, lo hacía en un 5,49%. Un empleo que en la Comunidad madrileña ha aumentado en todos  sus sectores de actividad, menos en educación: un 4,83% en las consejerías, un 17,17% en sanidad y un 21% en justicia; en educación el decrecimiento ha sido de – 0,71%. Por supuesto, estos datos no tienen en cuenta la paraadministración de empresas y fundaciones de las que no los hay contrastables. Por cierto, datos que indican que la presidenta autonómica en su tweet maquilló parcialmente la realidad.

Al mismo tiempo hay que señalar que Madrid es de las administraciones autonómicas con mayor temporalidad en el empleo. Más de una tercera parte de los médicos está sometido a contratación temporal, con renovaciones semestrales. Los funcionarios interinos frente a los ordinarios representan el 17%, llegando en justicia  a ser el 38,6% y en educación más de 6.000. Cuando en teoría los interinos son para cubrir necesidades urgentes de contratación. Esto motiva que haya inestabilidad entre el personal que presta servicios básicos. Lo que seguramente será una de las causas de la mala valoración de la justicia en Madrid y de los problemas en sanidad y educación.

La administración madrileña destaca por su politización y clientelismo, aunque en esto tampoco se diferencia de las demás. Todos los empleados que ocupan un nivel a partir del 26 (puestos todos ellos técnicos) son nombrados mediante libre designación del cargo político de turno. Esta forma de cubrir los puestos administrativos es uno de los instrumentos más efectivos para intervenir la administración. El ascenso se convierte en muchos casos en un premio a la fidelidad política y no a la capacidad y el trabajo bien hecho. Con las consecuencias que eso tiene. Ya que la administración pierde su neutralidad y se trueca en una institución al servicio del partido en el poder en lugar de al ciudadano.

En cuanto a los altos cargos, ha habido una disminución ligada fundamentalmente a las reducciones de consejerías motivadas por los distintos problemas políticos que ha ido teniendo Esperenza Aguirre, desde el caso Gürtel hasta la dimisión de algún consejero por motivos personales, y no por una estrategia razonada sobre la dimensión del Gobierno autonómico y su correcta división funcional. Mencionada esta disminución, no se debe olvidar que antes los había incrementado de forma significativa: ahora hay 140, pero en 2007 llegó a tener 181 altos cargos. Y que hay un elevado número de personal eventual de confianza, aunque su número exacto se desconoce ya que no está publicado. Siendo el gasto entre altos cargos y personal de confianza de más de 100 millones de euros anuales. Por otra parte, se debe añadir que recuperó la figura del subdirector general que no existía con Gallardón, nombrando unos 187 nuevos,  que aunque técnicamente no son altos cargos en la administración autonómica son asimilables.

Luego, en realidad, sus gobiernos sin más competencias, incrementaron los altos cargos y subdirectores generales. Nombrados preferentemente por su adscripción política, en lugar de por su capacidad y preparación para ejercer el puesto público. De hecho, en la comunidad de Madrid, sería urgente la aplicación de una Ley del Directivo Público, como la propuesta por UPyD en el Congreso de los Diputados este enero, para profesionalizarlos a todos ellos.

Retomando el origen del debate, está claro que en Madrid el empleo también lo crea la administración autonómica. Es más, una de las cusas del menor paro en Madrid es la importancia que sobre el total del empleo tiene el de la gente que trabaja en todas las administraciones con sedes en la capital de España. De ahí, que sea un mensaje demagógico decir que el empleo sólo lo tienen que crear los empresarios. Una tapadera que obvia que su responsabilidad principal es  tener una administración despolitizada, profesional, cuyos puestos los ocupen los más capaces, dimensionada para atender los servicios esenciales, con menos funcionario de manguito; en definitiva una administración que sirva para cumplir unos objetivos evaluables, entre ellos no crear trabas a la iniciativa privada que crea empleo.

Para terminar, hay que recordar que @esperanzAguirre no dijo nada sobre los órganos redundantes creados en sus mandatos. De esta cuestión me ocuparé en el siguiente post.

Fuentes del artículo:

1.- Datos funcionarios julio 2006      http://www.inap.map.es/NR/rdonlyres/E779287F-D250-4FCB-8DC6-910E11014100/0/boletin_estadistico.pdf

2.- Datos funcionarios julio 2009 http://servicios.mpr.es/publicaciones/pdf/BoletinEstadPersonal_JUL09.pdf

3.-        Estudio de UPyD sobre la administración de Madrid http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/50868

Un posible delito en el Tribunal Constitucional

En el Tribunal Constitucional, si las filtraciones sobre la tramitación del recurso frente al Estatuto de Cataluña son ciertas, se podría estar cometiendo un posible delito. El código penal en su artículo 449 establece que será penado, con inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años, el juez o magistrado culpable de retraso malicioso -el dirigido a conseguir cualquier finalidad ilegítima- en la administración de justicia.

Nadie desconoce que el retraso en la resolución de los recursos de inconstitucionalidad planteados ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Orgánica por la que se ha aprobado el Estatuto de Autonomía de Cataluña está convirtiéndose en la gota que hace rebosar el vaso del desprestigio de una de las instituciones más importantes del Estado. Pero quizás haya además que plantearse que podría estar cometiéndose un posible delito por el retraso en dictar esa sentencia.

Según parece, tras la elaboración de varias ponencias por la magistrada designada como ponente, ésta no ha conseguido la aprobación de la mayoría de magistrados que es necesaria en las diversas votaciones que se han producido. Lo que ha tenido lugar hasta en cuatro ocasiones ante el empecinamiento de la magistrada en no renunciar y de la Presidenta en no proponer otro ponente. De estos hechos podrían derivarse irregularidades normativas con posibles consecuencias penales, pues las leyes sobre los procedimientos para conseguir una sentencia en un tribunal son muy claras.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece expresamente en su artículo 80 que en materia de deliberación y votación se aplicarán con carácter supletorio las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Los artículos 206 y 203 respectivamente de cada Ley dicen que “cuando el ponente no se conformare con el voto de la mayoría, declinará la redacción de la resolución, debiendo formular motivadamente su voto particular”. Añadiendo la LEC que “en este caso, el Presidente encomendará la redacción a otro Magistrado y dispondrá la rectificación necesaria en el turno de ponencias para restablecer la igualdad en el mismo”.

Estas normas, que instauran la obligación de los magistrados de actuar, son las que estarían infringiéndose ya que, siempre según las mencionadas filtraciones, o bien la magistrada responsable de la ponencia no ha renunciado a su redacción, o bien la Presidenta del Tribunal ha decidido no encargar dicha redacción a otro magistrado. Esta violación del deber de actuar pudiera suponer que nos encontráramos ante un retraso en la Administración de Justicia para conseguir que las presiones, en parte, ejercidas incluso públicamente por la prensa e instituciones catalanas, influyeran en el parecer de alguno de los magistrados del Tribunal para hacerle cambiar de criterio o bien lograr posponer el momento de la resolución a que exista una renovación de los magistrados que han de conocer el asunto. Retraso que podría ser calificado de retardo malicioso de acuerdo al artículo del código penal mencionado, ya que se trataría de un retraso en parte voluntario para conseguir alguno de los fines ilegítimos mencionados.

No es este el lugar para realizar un análisis en profundidad acerca de las dificultades que entraña la calificación de las acciones u omisiones que pudieran constituir una prevaricación judicial y lo excepcional que es encontrar supuestos en que la jurisprudencia haya condenado a miembros de la carrera judicial por este motivo, pero existe doctrina y precedentes jurisprudenciales suficientes para poder plantearse si nos encontramos ante un posible caso de prevaricación judicial. En este sentido, pudiera ser de interés la lectura de la tesis doctoral dedicada a esta cuestión y publicada en el año 2006 por GÜIDI CLAS.

De lo que no hay duda, más allá de que esta conducta pudiera calificarse como un posible delito, es que este retraso voluntario en la administración de justicia está teniendo graves consecuencias. Porque al posponer el momento en que se dicte una sentencia que resuelva sobre la constitucionalidad de varios de los preceptos esenciales de ese texto legal, su propia futura aplicación hace que, cuanto más tiempo transcurra, más difícilmente se puedan corregir las derivaciones que vaya teniendo su desarrollo político y legal, si al final se acordase su inconstitucionalidad. Este fracaso, y la falta de respeto del Tribunal, rememoran el que se llevó por delante al Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República, que tan infaustas consecuencias tuvo.

Ya casi nada sorprende en esta alocada iniciativa que se inició por aquiescencia de Zapatero y que nos ha llevado este último fin de semana a asistir a la concentración de alcaldes del PSC frente al Parlamemt apoyando la constitucionalidad del Estatuto y presionando al Tribunal Constitucional y a la no inicua fantochada de los llamados referéndum de independencia, en parte con el mismo objeto. Aunque lo peor no es esto, sino saber que el Tribunal podría haber sido independiente si hubiera querido y que sin embargo ha optado por ser un instrumento más de la política partidaria. Y es que el respeto que se merecen las instituciones no sólo exige buenas leyes, sino hombres y mujeres que sepan defenderlas.