Privilegios y veracidad

La semana pasada se debatió una Proposición de Ley de iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados,  presentada por UPyD en la Asamblea de Madrid, en la que se pedía un doble cambio en el régimen de los parlamentarios: su inclusión en el régimen común de la Seguridad Social, entre otras cosas para que paguen la parte de cuota que corresponde al trabajador, y que no sea su institución la que sufrague tanto la parte del trabajador como de la empresa; y  para que esas instituciones no puedan decidir, por sí, que una parte de las retribuciones de los parlamentarios, sin necesidad de justificación alguna, se puedan considerar gastos de desplazamiento o viaje exentos de pagar impuestos. Ambas propuestas la había planteado antes UPyD. La primera en el Congreso de los Diputados y la otra, para anular la exención decidida por la Mesa de la Asamblea, ante ese órgano. En ambos casos los grupos del PP, PSOE e IU se habían opuesto a cualquier cambio.

Precisamente, fue la negativa de la Mesa a suprimir la exención del IRPF de un 20% de parte del salario de los diputados madrileños – que en legislaturas anteriores habían aprobado los tres grupos-, lo que nos aclaró la conveniencia de plantear la modificación de la Ley que regula ese impuesto para evitar su uso abusivo. Y al tiempo aprovechar para pedir la integración de los diputados en el régimen de  Seguridad Social común. Nuestro portavoz, Luis de Velasco, defendió en el Pleno que con esa iniciativa se pretendía acercar los políticos a los ciudadanos, suprimiendo diferencias entre ellos injustificadas en fiscalidad y Seguridad Social; en suma en dos de las instituciones básicas para entender la ciudadanía común de todos los españoles. Los grupos del PP, PSOE e IU se opusieron en sus intervenciones con gruesos argumentos a la propuesta de UPyD, a pesar de que en el caso de IU y del PSOE decidieron intervenir en el turno a favor de la propuesta y votar para que ésta siguiera su tramitación parlamentaria.

 El Grupo de IU argumentó contra la propuesta, que tituló demagógica, porque con ella “la derecha rancia y caciquil” pretendía privar a los que habían luchado contra el fascismo y por la democracia  de los recursos necesarios para ejercer la representación política, además porque no iban a permitir que nadie llamará “chorizos” ni a ellos, ni a ningún otro diputado y porque que UPyD había nacido desde un “coche oficial”. El Grupo Socialista recalcó que no se puede tratar igual a quienes son diferentes, negó que existieran “privilegios”, añadió que Rosa Diez que va en coche oficial no puede dar lecciones a nadie y que es el PSOE el partido que lucha contra los privilegios. Si bien admitió que el régimen fiscal y de Seguridad Social de los diputados se podía mejorar siempre que lo propusiera alguien en serio y sin demagogia. El Grupo Popular, que votó incluso contra la tramitación parlamentaria de la Ley, coincidió con el Socialista en que los diputados son distintos del resto de los ciudadanos y que deben tener un régimen jurídico diferente. Y para ello su orador comparó nuestro digno, pero en todo caso pequeño parlamento regional, con el régimen de los parlamentos nacionales de otros grandes países, entre ellos el británico.

El debate, que se colgará en la web, por el tono y los argumentos usados confirman que en España no sólo hay una crisis económica, sino que hay además una crisis política e institucional, que afecta directamente a la moral pública, que los partidos viejos no están dispuestos a enmendar . Porque de otra manera cuesta entender que haya quienes no paren de hablar de impuestos a los ricos mientras encuentran múltiples excusas para justificar que los diputados tengan una parte de su sueldo exenta de pagar impuestos; quienes para no entrar en el fondo de la cuestión – quizás porque les avergüenza – prefieren lanzar ataques ad hominen y denigrar con falsedades a Rosa Diez, una persona íntegra que se ha jugado la vida por defender la libertad y que tiene que ir con escolta policial permanentemente; quienes se creen con el monopolio de luchar contra los privilegios mientras han permitido la apropiación de una parte del sistema financiero (las cajas de ahorro) por quienes ellos nombraron; quienes piensan que España es muy importante, pero no la igualdad jurídica entre españoles….

Cuenta Tim Flenery en su libro “Aquí en la tierra” que en la Inglaterra Victoriana el obispo de Oxford, Samuel Wilberforce, conocido como “San el Jabonoso” denigró la teoría de Darwin en un debate con Thomas Huxley, reputado zoólogo, preguntándole si procedía del mono por parte de padre o de madre. A lo que éste le contestó que prefería revindicar su parentesco con un mono que con un hombre como el obispo, que hacía un uso tan malicioso de sus maravillosas dotes oratorias para intentar estrangular, mediante un despliegue de autoridad, una discusión libre sobre lo que era, o no, una cuestión de veracidad. Pues en eso está UPyD, en tratar de recuperar, en un debate desde la veracidad, el prestigio de la política para afrontar la más grave crisis económica e institucional que padece España en décadas.

UPyD en la Asamblea: cinco meses y medio de hechos I

Estamos en la primera semana de la campaña electoral para las elecciones generales, unas elecciones transcendentales para el país que van a determinar el rumbo de las políticas a aplicar en los próximos años en un momento de grandes incertidumbres que exigen para superarlas capacidad de decisión, medidas certeras y equipos dispuestos a ejecutarlas.

Los viejos partidos usan como crítica a UPyD que carecemos de programa o que nuestras propuestas son demagógicas. Sin embargo, la realidad es que UPyD ha sido el partido que ha hecho a lo largo de estos cuatro años el diagnóstico más certero de la crisis política, institucional y social que sufrimos y quien ha realizado las propuestas más innovadores e incisivas para poder superarla. Medidas que no han apoyado los partidos del estatus quo, el Grupo PP-PSOE, contra las que han votado sistemáticamente en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Vasco y últimamente en las demás instituciones en las que estamos.

Estas ideas las llevamos en el programa electoral que hemos presentado para estas elecciones y son las que pensamos hacer cumplir si somos decisivos empezando por las más importantes: reforma de la Ley electoral y devolución de la competencia de educación, sanidad y justicia al Estado. Claro, que atendiendo a las prácticas que habitualmente han seguido los partidos de siempre, puede haber ciudadanos que duden de que vayamos a cumplirlas cuando tengamos capacidad de decisión.

Pues bien, frente a esas dudas nada mejor que exponer hechos. Para empezar  hay que recordar que UPyD en el Congreso, con un solo diputado, ha sido decisivo para abrir a la opinión pública debates transcendentales y hacer que el foco se centre en lo importante –excepto, eso sí, en el debate entre los dos candidatos a la presidencia del gobierno por el Grupo PP-PSOE escurridizos siempre en sus responsabilidades ante los ciudadanos-. Pero hay más hechos, los realizados en las instituciones en las que entramos en las elecciones del 22 de mayo.

Como los hehcos en que se han concretado las propuestas han sido muchos, los voy a explicar en sucesivos post en los que he ido clasificandolos. Veamos esas medidas:

De transparencia y contra los privilegios:

Nada más entrar en la Asamblea –al igual que los compañeros del Ayuntamiento de Madrid- nuestro Portavoz, Luis de Velasco, renunció al coche oficial. Medida que luego copio el portavoz del PP, pero no así IU, ni el PSOE, que siguen con sus coches oficiales. Inmediatamente después, y antes del debate de investidura del 16 de junio, presentamos ante la Mesa de la Asamblea la petición de que se redujera el salario de los diputados en un 10%, que se publicarán en la web de la Asamblea y que se reconsideraran sus prestaciones en especie -entre ellas la exención de un 20% del IRPF de sus retribuciones integras- y a los grupos parlamentarios (el PP propuso un reducción de la asignación a los grupos y la apoyamos). Estas medidas que tuvimos que volver a plantear varias veces fueron rechazadas por el PP, PSOE e IU a principios de septiembre, cuando decidieron votar en la Mesa que no se votaban, para no tener que pronunciarse expresamente. A pesar de ello, los diputados de UPyD en julio publicamos en la web del partido nuestros salarios y la asignación del grupo parlamentario, que cualquier ciudadano puede consultar.

A principios de septiembre hemos presentado, con estos objetivos, una proposición de Ley de reforma del Reglamento de la Asamblea para que expresamente se regule la transparencia de los salarios de los diputados y de las asignaciones a los grupos, así como la transparencia de las actividades y bienes de los diputados para que dejen de ser secretas. Además hemos propuesto que sea incompatible cobrar el salario de diputado junto al de los otros cargos públicos que se ostenten. En la Asamblea los alcaldes, concejales, consejeros y viceconsejeros que son diputados simultanean sueldos; y así el alcalde Alcalá de Henares que gana 120.000 euros al año, más que el presidente del gobierno, suma a ese salario el de la Asamblea. 

También presentamos nada más entrar antes del 16 de junio una proposición no de Ley de transparencia y austeridad, en la que pedíamos, entre otras cosas, la supresión de cargos nombrados a dedo, la publicidad de las retribuciones del Gobierno,  y la transparencia en la gestión pública de la Administración de la Comunidad de Madrid, que es muy opaca. En este asunto hemos tenido un éxito parcial, ya que aunque el PP voto en contra de ella, por una pregunta nuestra han acabado publicando el salario de la presidenta de la Comunidad y de los consejeros.

Este jueves además tendrán la oportunidad de votar los tres viejospartidos a favor de la inictaiva legislativa que presentó UPyD en septiembre para que se modifique la legislación del Estado de forma que los diputados pasen a estar incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social -y paguen la cuota que corresponde a los trabajadores y que ahora se ahorran- y para que la Ley no permita que la decicisión de un parlamento pueda conllevar dejar exento de tributación una parte del salario de los diputados, como pasa ahora en la Asamblea de Madrid, donde se aprobó hace tiempopor su mesa un esención de IRPF del 20% de la parte integra de sus salarios.

Privilegios sin enmienda

La mayoría de las veces aparatosas declaraciones de políticos suelen llevar directamente a la inacción. Hace ya casi dos meses que los Presidentes del Congreso y del Senado pidieron a los grupos parlamentarios que les hicieran llegar sus propuestas para reformar las pensiones parlamentarias. Y casi un mes desde que los grupos que quisieron las presentaron. Sin embargo, nada se sabe sobre el asunto. Se ha corrido un tupido velo, como si el objetivo estuviera cumplido: dar la sensación de que se hace algo para dejarlo todo igual.

Como este asunto, aunque pudiera parecer menor, no es baladí. Ya que resume a la perfección la distancia entre la política y la ciudadanía. Me permito refrescarlo. Para ello, voy a reproducir dos post que escribí para el blog jurídico ¿Hay derecho? A ver si conseguimos que este debate no quede escondido en un cajón de los Presidentes de las Cámaras o amortiguado en una discusión reducida de los miembros de sus Mesas. Porque es un debate que ha de hacerse en el Pleno, con luz y taquigrafos. Queremos escuchar qué dicen en la tribuna los principales líderes. Y con qué cara miraran a Rosa Díez, la única parlamentaria que ha pedido la eliminación de todos los privilegios de los parlamentarios desde hace ya casi un año.

Os dejo los dos post, con algún pequeño cambio para facilitar su lectura seguida:

En los últimos meses se ha abierto un debate social acerca de las pensiones de los parlamentarios, como consecuencia de la carta que envió Rosa Díez a las Mesas del Congreso y del Senado en la que pedía que tuvieran un régimen de Seguridad Social igual al del resto de los ciudadanos. Carta que fue respondida por ambas Mesas a finales de diciembre del pasado año desestimando la solicitud. Al considerar que no había un régimen “privilegiado” bajo el argumento de que otros parlamentos tenían sistemas similares. A pesar de lo cual, tanto el presidente del Congreso como del Senado pidieron a los grupos parlamentarios que les hicieran llegar sus propuestas para reformarlo. Oportunamente, el mismo día en el que todos los grupos votaron en contra del voto particular que esa diputada presentó al informe del Pacto de Toledo en el que de nuevo pedía la elminación de esos privilegios. Una valoración objetiva e informada de este tema exige conocer la regulación que se aplica a diputados y senadores. Su régimen de Seguridad Social tiene una doble protección: ordinaria y complementaria. Empecemos por conocer la ordinaria.

Los artículos nueve del Reglamento del Congreso de los Diputados y veinticuatro del Senado prevén que los respectivos presupuestos de las cámaras pagarán las cotizaciones sociales o cuotas de clases pasivas de los diputados y senadores que por su actividad parlamentaria dejen de prestar el servicio que motivaba su afiliación a la Seguridad Social, Mutualidad correspondiente o inclusión en el Régimen de Clases pasivas. Para ello, habilita que se realicen los acuerdos oportunos con la Seguridad Social. Estos acuerdos se ejecutan (artículo 11 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre) a través de convenios especiales.  Que permiten que se cotice por los parlamentarios durante su mandato y que gocen del resguardo de la Seguridad Social, salvo en materia de desempleo.

Asimismo, los parlamentarios de las Comunidades Autónomas tienen un sistema ordinario de protección muy parecido. Se rigen por sus Reglamentos y por el Real Decreto 705/1999, de 30 de abril. Por otra parte los eurodiputados pueden suscribir el mismo convenio especial que los diputados y senadores.

Junto a esta protección, análoga a la del resto de los ciudadanos, desde las primeras legislaturas existe una protección complementaria. Ahora, compilada mediante el acuerdo de las Mesas del Congreso y el Senado del año 2006, que aprobó el Reglamento de Pensiones Parlamentarias, con el siguiente contenido: 

 1) Se garantiza a los diputados y senadores con más de siete años en ese cargo una pensión complementaria que se sumará a la de jubilación o incapacidad que tengan reconocidas, para asegurarles que percibirán   con la suma de ambas el 80% del tope máximo de prestación de Seguridad Social que se fija anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, si han sido parlamentarios entre siete a nueve años, el 90%, si más de nueve, y el 100%, si más de once años. En el supuesto de que su mandato no hubiera llegado a los 7 años de duración, podrán solicitar a la Mesa respectiva una ayuda, que es graciable.

 2) Quienes se jubilen anticipadamente desde los 60 años, cuando tenga 40 cotizados, también podrán solicitar un complemento para alcanzar, sumándolo a su pensión pública ordinaria, el tope máximo mencionado.

 3) Se mantiene de alta en la Seguridad Social a los exparlamentarios mayores de 55 años hasta que se jubilen, y se cotizará por ellos, cuando carezcan de una actividad permanente por cuenta propia o ajena que les obligue a estar incluidos en un Régimen de Seguridad Social.

 4) Los Diputados mayores de 55 o que los cumplan en ese año, que carezcan de ingresos acreditados al tiempo de la disolución de la cámara, podrán percibir como “prejubilación” un 60% de la asignación constitucional hasta que reúnan los requisitos de cotización necesarios para jubilarse.

 5) Se indemniza a los diputados cuando se produce su cese. La indemnización es compatible con trabajos por cuenta ajena y propia; y sólo es incompatible con cargos y funciones públicas.

 6) Los parlamentarios tienen un plan de previsión social, al cual el presupuesto de la Cámara respectiva ingresa una cantidad equivalente al 10% de su asignación constitucional.

 De igual manera las Mesas de varias de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas tienen aprobados regímenes complementarios similares.

 Esta regulación de las pensiones parlamentarias, desparramada en múltiples disposiciones que han ido aprobándose a lo largo del tiempo, tiene su antecedente directo en el Reglamento Provisional del Congreso de los Diputados, una Orden de 1978 y diversos acuerdos de las mesas de las cámaras. Y su origen en la realidad española de hace más de treinta años. Cuando la Seguridad Social estaba en su fase inicial, y no era habitual que se incluyera en su sistema de protección a colectivos que no tuvieran naturaleza estrictamente laboral. Se trata además de una regulación aprobada por los propios parlamentarios  para sí mismos. En una suerte de autorregulación de derechos, que poco o nada tienen que ver con el contenido del ejercicio de su actividad parlamentaria.  Lo que seguramente sea la razón que les ha conducido a desbordar el interés razonable de que todo parlamentario durante el ejercicio de su mandato esté protegido por la Seguridad Social para instaurar prerrogativas que conceden ventajas que no pueden alcanzar el común de los mortales; aunque pretendan justificarlas bajo los más nobles principios.

Evitar este conflicto de intereses, es relativamente fácil. Como ya hemos contado, Rosa Diez lo propuso en un voto particular al Informe de la Comisión del Pacto de Toledo. Basta modernizar (ya va siendo hora) la protección social de los parlamentarios mediante una Ley que la homologue a la del resto de los ciudadanos. Para ello, el Gobierno –un tercero ajeno a los intereses directos de ese grupo- en el ejercicio de su iniciativa legislativa podría presentar un proyecto de Ley que asimile los miembros de las Cortes Generales, asambleas autonómicas y los eurodiputados españoles al resto de los trabajadores, incluyéndoles en la legislación ordinaria de Seguridad Social. Lo que es técnicamente viable. Porque, aunque su actividad no es la propia de los trabajadores por cuenta ajena, sería suficiente esa asimilación para incluirlos en su campo de aplicación. Como, por otra parte, ya hace la Ley de Seguridad Social con otros colectivos: funcionarios, altos cargos de las Administraciones Públicas que no sean funcionarios públicos y como se hizo con los concejales en la Ley de las Bases del Régimen Local del año 1985. Con esta asimilación tendrían una protección completa del Régimen de Seguridad Social.

Y el desempleo tampoco sería un problema. Ya que podría extendérseles la protección. A semejanza de lo que se hizo con los altos cargos de las Administraciones Públicas y concejales con dedicación exclusiva y parcial por la Ley 37/2006. De forma que ningún parlamentario se vería perjudicado, por la supresión de las indemnizaciones previstas en el Reglamento de Pensiones Parlamentarias a la finalización de su mandato. Evitándose, sin embargo, que hubiera quienes cobraran altas indemnizaciones por cese compatibles con la renta de su trabajo por cuenta propia o ajena. Como ocurre hasta ahora.

La aprobación de esta Ley común implicaría necesariamente la derogación tácita de los artículos de los Reglamentos de las diferentes cámaras y de las órdenes ministeriales, que perderían su sentido. Además, las mesas del Congreso de los Diputados y Senado deberían comprometerse a derogar el Reglamento de Pensiones Parlamentarias del año 2006 y de la misma manera tendrían que proceder las otras cámaras legislativas que tengan regímenes complementarios aprobados. Lo que podrían hacer introduciendo en sus Reglamentos la prohibición expresa de establecer esa clase regímenes. Sin perjuicio de transitoriamente mantener los complementos ya reconocidos.

Finalmente, sería conveniente, en aras de una mayor transparencia, conocer quiénes han percibido complementos de pensiones. Para ello podría crearse un registro público en el que consten los exparlamentarios a los que se haya concedido esos complementos y prestaciones amparados en el Reglamento de Pensiones Parlamentarias, su clase y cuantía. Esa publicidad debería hacerse de forma clara y fácilmente accesible en la web del Congreso de los Diputados, a diferencia de lo que ocurre actualmente.

 En conclusión, con estas sencillas modificaciones, para las que sólo hace falta voluntad política, se reforzaría la democracia al consolidar el principio de igualdad entre los servidores públicos y los ciudadanos, fundamento esencial de nuestro sistema constitucional.

 Volviendo al principio. Ya es hora de que haya un debate público en el pleno de cada cámara, sobre este asunto. Los ciudadanos merecemos que se deje de menear la perdiz y, como dice Rosa Diez, que se eliminen los privilegios de los parlamenterios.