ANÉCDOTAS DE UN PAÍS EN DERRIBO: 2. Si fuera alemán y supiera que…

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid presentó una Ley de modificación de sus presupuestos para “ahorrar” 1.000 millones de euros en partidas presupuestarias, cuando llevaba gastados ya más de 1.500 millones en cinco meses sobre las partidas concretas del presupuesto que se aprobó en la Asamblea autonómica en diciembre de 2011 para 2012. Lo que demuestra que las cifras que figuraban en los presupuestos eran ilusorias, que no servían para valorar cuál iba a ser el gasto real y que el recorte acordado con esa Ley en las partidas de presupuestos dudosamente puede ser creíble ya que, visto lo visto, lo pueden volver a modificar al día siguiente de aprobarlo.

Esa misma Ley anuncia que se quitan las subvenciones que la Comunidad da a los partidos políticos, cuando resulta que no da subvenciones a los partidos, sino a las fundaciones de los partidos. Sobre las cuales no hace ninguna referencia. Rechazando, por otra parte, la enmienda que presenta el Grupo UPyD para que las fundaciones de partidos dejen igualmente de recibir subvenciones.

La referida Ley propone reducir el parlamento autonómico a la mitad. Pero lo hace como un mero enunciado propagandístico, ya que esa reforma exige una modificación del Estatuto de Autonomía. Por tanto, la presentación de un proyecto de Ley específico y no su mero enunciado en una Ley cuya aprobación no conllevará la efectividad de la medida.

La introducción de esos artículos, ha servido para dar titulares a la prensa y así intentar tapar las razones de la Ley y las medidas que realmente tendrían vigencia y efectos: la rebajaba del salario a los funcionarios y la creación y subida de muchas tasas; o sea, tributos.

La Comunidad de Madrid no tiene un cuerpo de interventores independientes. Lo que permite entender por qué la desviación del déficit de la Comunidad en más de un punto del PIB regional puede aparecer de repente sin que haya información rigurosa previa. En estos momentos, cualquier funcionario que haga las funciones de interventor y diga algo que no guste al Gobierno regional puede ser cesado, ya que todos los puestos son de libre designación.

La Comunidad de Madrid ha suprimido un organismo: el Defensor del Menor. Y para que quien ocupaba el cargo no tenga que buscarse trabajo, le ha colocado en la “independiente” Cámara de Cuentas de Madrid, a pesar de que no reúne los requisitos legales exigidos por la Ley de la Cámara de Cuentas en su artículo 33. Eso sí, reunía la cualidad de ser una persona muy próxima al PP, para el que ha desempeñado múltiples puestos en diferentes administraciones -consultar su curriculum pinchando aquí-. El PP se opuso en la Mesa a la petición del PSOE de un informe sobre su idoneidad alegando que el PSOE ha colocado a mucha gente que tenía circunstancias similares; lo que reiteró su portavoz en Junta de Portavoces. Ya se sabe: el argumento de callate que tu hiciste lo mismo.

La Mesa de la Asamblea ha decidido que la Comunidad de Madrid no tiene competencia sobre Caja Madrid y por ello, ha impedido cinco iniciativas de UPyD para que se debata en Pleno sobre el mayor fiasco financiero de las últimas décadas de España. Ello a pesar de que el Estatuto de Autonomía de Madrid dice en su artículo 3.1.5 que tiene  competencias sobre “instituciones de crédito corporativo público y territorial. Cajas de Ahorro” y que hay una Ley de Cajas 4/2003, de 11 de marzo, aprobada por la Asamblea de Madrid. Para colmo han pervertido la institución encargando dos informes, uno hecho por el Secretario General de la Asamblea y otro por un letrado, de escaso rigor jurídico, pero que han llegado a la conclusión que interesaba al PP: declarar que la Comunidad no tiene nada que ver con la crisis económico-financiera de Caja Madrid.

La Comunidad de Madrid está reduciendo los interinos –personal funcionario- en educación y sanidad; sin embargo, en la Asamblea de Madrid, a propuesta del PP, se crean seis plazas nuevas para no tener que prescindir de los interinos de la Asamblea, con el único voto en contra de UPyD.

En Tres Cantos, para no aplicar la congelación del salario a los empleados públicos, se aprobó modificar su categoría profesional y así subirles indirectamente el salario. Y ahora tampoco quieren aplicar la Ley del Estado que suprime la paga extra y están buscando fórmulas para bordearla.

Hay más ayuntamientos de Madrid, entre ellos Las Rozas, que están buscando fórmulas como en Tres Cantos para no aplicar la supresión de la paga extra. El propio alcalde de Las Rozas ha dicho al concejal de UPyD que la FEMP (Federación de Municipios y Provincias de España) está pensando encargar un informe para que aquellos ayuntamientos que quieran no tengan que aplicar la supresión de la paga extra.

Podría seguir contando más y más “anécdotas”. Por ejemplo, que el portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines, en la última Diputación Permanente de este verano nos respondió que plantear un debate este mes sobre si la supresión de la paga extra de los funcionarios se va a sumar a la rebaja de salarios de la Comunidad de Madrid; la posible necesidad de que Madrid acuda al Fondo de liquidez (rescate); la quiebra técnica de Telemadrid; las subidas de tasas en educación, etc. es “pretender resolver un catarro yendo a urgencias”. Que  no hay prisa, que se podrá hablar sobre ello en octubre, en el periodo ordinario de sesiones. Ya en una Diputación anterior nos había dicho que con Caja Madrid sólo queremos hacer historia, que no urge. Lo que urgía era la ley de casitas, que si tuvo su Pleno en el que, para rematar la faena, la consejera de Medio Ambiente del PP le ha dicho a IU que no les acusen de robar, “que ellos tienen mucho que callar”.

Queridos alemanes, europeos varios, esto es lo que hay.

Ahora bien, aún podemos cambiarlo los españoles. Desde UPyD, creemos que  refundando el Estado podemos generar instituciones mejores que nos permitan salir del impás actual.

Trabajaremos por ello.

La función pública: medidas del Gobierno y la Comunidad de Madrid

Como es sabido estamos en crisis económica y las Administraciones Públicas se las ven y se las desean para cuadrar sus cuentas. Una forma rápida y fácil de conseguirlo es reducir una de las partidas mayores del presupuesto: la destinada a pagar a los empleados públicos. Que como es conocido es una de las mayores de todas las Administraciones, de forma que recortándola se pueden conseguir reducciones significativas del gasto público. La Comunidad de Madrid ha sido una de las primeras que ha tomado medidas sobre esta materia. Empezó con el aumento de las horas lectivas de los profesores de secundaria y ha continuado con otras en la Ley de Presupuestos para 2012 y en la Ley conocida como de acompañamiento, mediante enmiendas del Grupo Popular para presentarlas después de las elecciones, que se concretan en la congelación salarial de los empleados públicos y de la oferta de empleo público, en el incremento de la jornada de 35 horas semanales -pactadas con los sindicatos en el 2001 cuando gobernaba Gallardón- a 37 y media, que se hacen en el Estado,  y en la supresión de la mejora voluntaria –un complemento que se da a quienes están enfermos para que no pierdan parte de su salario- a los empleados con baja médica.

El nuevo Gobierno del país para no ser menos, y continuando la estela del anterior,  junto a la subida de impuestos, ha acordado, en el Real Decreto Ley por el cual prorroga los presupuestos del año 2011, la congelación de los salarios de los empleados públicos de todas las administraciones, aunque con la particularidad de que para los del Estado se prevé además una disminución de un 10% de las cantidades asignadas a productividad, la homologación del horario de los empleados públicos de todas las Administraciones Públicas con la del Estado en 37 horas y media y la congelación de la oferta pública de empleo, de forma que no se cubran las bajas que se produzcan, salvo una tasa de reposición del 10% en servicios públicos esenciales: educación, sanidad, etc. y en los cuerpos encargados de la lucha contra el fraude fiscal y laboral.

Todas estas medidas cuantitativas están dirigidas a conseguir cumplir el límite de déficit público marcado por la Unión Europea para 2012. Algunas de ellas son razonables, otras lo son menos. Sin duda, no parece descabellado que todos los empleados públicos hagan un esfuerzo y trabajen por el mismo salario 37 horas y media, como ya hacen los del Estado. Es cierto que esto implica la no contratación de interinos y eventuales y que puede conllevar problemas organizativos en algunos sectores como la sanidad; pero también es cierto que la función esencial de la Administración no es crear empleo, y que las mejoras organizativas pueden ayudar a garantizar la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos cuyo mantenimiento ha de ser una absoluta prioridad política. También parece lógica la congelación salarial, en un país con cinco millones de desempleados y con necesidad de ajustar su competitividad no debe haber un incremento de la masa salarial global de la administración. Ahora bien, esta congelación unida a la del 2011 y a la reducción de salario del 2010 empieza a suponer una perdida acumulada importante de poder adquisitivo de los empleados públicos, que hace que no pueda mantenerse de forma indiscriminada en años posteriores. Sobre todo si a quienes más afecta es a los empleados públicos más cualificados o con más responsabilidades, ya que se corre el riesgo de descapitalizar a la Administración Pública de su mejor personal. Un problema que se une a las diferencias salariales entre administraciones, en general porque las Comunidades y ayuntamientos pagan más, que se está agravando con la crisis porque cada Comunidad está actuando de una forma diferente, ante lo que el Estado calla o lo que hace es reducir el sueldo más a sus empelados mediante el recorte de la productividad. Así sucede que en un ayuntamiento como el de Alcorcón, que debe más de 500 millones de euros, el conductor del camión de basura gane más que un técnico superior de la Administración Central.

Una media, sin embargo, más discutible es la congelación de la oferta de empleo público. Por una parte es obvio que la Administración no está para dar trabajo a mucha gente nueva. Pero aquí hay que diferenciar, ya que si bien hay que congelar plazas de administrativo, auxiliar o puestos similares, ya que las nuevas tecnologías permiten prescindir de gran parte de esos trabajos, sin embargo hay que crear plazas, por ejemplo, para personas capaces de mejorar las labores de inspección y control del fraude fiscal y laboral o de garantizar la prestación de servicios públicos esenciales. Si realmente se tiene como prioridad política esos objetivos, hubiera sido una buena señal apostar por aumentar la plantilla dedicada a esas labores y mejorar la escasa cualificación de las Administraciones. Lo que no necesariamente aumentaría la masa salarial global si se redujeran puestos de trabajo en las Administraciones que solo sirven para colocar a los próximos a los partidos políticos. Lo que obviamente exige la eliminación de muchos “chiringuitos públicos”, a lo que parece el Partido Popular no está dispuesto.

Finalmente una medida inadecuada es la supresión indiscriminada de la mejora voluntaria de la incapacidad temporal para los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Primero porque no ataca el 26% del absentismo por enfermedad que se produce en los tres primeros días de baja, segundo porque afecta de forma diferente a los empleados públicos según cual sea su régimen de Seguridad Social: ordinario, MUFACE o MGEJU y tercero porque de nuevo los más perjudicados son los funcionarios más cualificados.

En suma, estas medidas podrán permitir cumplir el objetivo del déficit, pero no mejorar la gestión de los recursos humanos de la Administración para que preste un servicio moderno y eficaz a los ciudadanos. Se podría desde luego haber aprovechado el Real Decreto Ley para por ejemplo conseguir dos cosas esenciales: equiparación de los salarios entre Administraciones y eliminación de todos los puestos de trabajo en organismos inútiles y redundantes donde se coloca a los amigos a fin de liberar recursos para crear puestos en las tareas esenciales del Estado. Esto si que hubiera sido una buena manera de lanzar un mensaje a la opinión pública de que se quiere acabar con el despilfarro, el clientelismo y meter en cintura a unas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que en materia de personal andan tan desbocados como en sus presupuestos.

Enmiendas de UPyD en educación y empleo

Aprovechando el final de las navidades recuperaré algunos pequeños textos que preparé sobre la actividad parlamentaria de UPyD en la Asamblea de Madrid en relación con los presupuestos y la Ley de Acompañamiento. El primero se refiere a las enmiendas que presentamos a los presupuestos en educación y empleo.

En España y también en Madrid es necesario hacer un ajuste presupuestario ya que dada la situación internacional y la acumulación de duda publica y privada española que alcanza mas del 300% del PIB y casi un billón de euros de la deuda exterior neta, tenemos que equilibrar nuestros presupuestos. Ya que es una quimera pensar que podemos seguir acudiendo al mercado para colocar deuda pública, además de ser una medida contraproducente porque no haríamos lo necesario para desapalancar nuestra economía. Ese desapalancamiento exige austeridad. Pero la austeridad no puede ser un fin en si misma, sino que ha de ser un instrumento para mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y en la propia gestión administrativa. La austeridad por la austeridad no tiene sentido, no se puede pretender que la administración se convierta en una especie de monje mendicante, de ahí que deba exigirse que el ajuste sea selectivo. Y que junto con el recorte del gasto haya unos impuestos más justos (el PP en la Asamblea por supuesto negó que hubiera que subir impuestos en España, ahora hacen justo lo contrario).

Las enmiendas que plateamos en educación y empleo -con las limitaciones que tienen los Grupos Parlamentarios para enmendar un presupuesto ya que no se puede incrementar el gasto de una sección sino sólo mover partidas dentro de ella- han ido orientadas a conseguir realizar ese principio de austeridad selectiva. Proponiendo subidas y también minoraciones en determinadas partidas, a fin de liberar dinero para poder destinarlo a cosas más útiles. En primer lugar, hemos propuesto un incremento en las partidas destinadas al pago de los profesores de secundaria con el objeto de que se pueda contratar un mayor número, si fuera necesario, para atenuar los problemas que han venido planteándose en la educación como consecuencia de las instrucciones dictadas este verano sin la previsión necesaria para evaluar las necesidades reales de profesores de cada centro y sin la previsión de las consecuencias que tendrían las reducción de profesores para configurar las plantillas de los centros con eficacia.

Para ese aumento hemos optado por minorar determinadas partidas no esenciales o que con su disminución se puede obtener una mayor eficiencia en el cumplimiento de los objetivos perseguidos con un ahorro. Así, hemos reducido en un 50% la partida del Ente Público Radio Televisión de Madrid, que no es un servicio esencial y que debería poder ajustarse para cumplir lo que ha de ser su misión principal (que ahora no cumple) garantizar el pluralismo informativo en la Comunidad de Madrid. También hemos reducido el gasto en personal de confianza de los gabinetes de la Consejería, ya que esas tareas la pueden realizar los empleados públicos ordinarios. Al tiempo que hemos suprimido subvenciones a entidades religiosas que ya reciben financiación del Estado y a actividades de promoción económica cuya utilidad es poco clara.

Por otra parte, se han propuesto reducciones para mejorar la eficiencia y eliminar duplicidades. Así hemos presentado una enmienda a la totalidad al programa destinado a la Agencia de Evaluación, Acreditación y Prospectiva del Sistema Universitario, ya que las funciones que realiza las hace a nivel nacional la ANECA y, por tanto, su supresión garantiza evitar duplicidades entre la Comunidad y el Estado en esa materia. También hemos propuesto reducciones en el programa al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por razones semejantes. En concreto en la partida dirigida a realizar estudios sobre prevención de riesgos laborales, en parte contratados por el Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, porque duplica las funciones del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y los estudios del Observatorio Estatal de Condiciones de trabajo. A nuestro juicio, los estudios a nivel nacional sirven igualmente a nivel regional. Esta medida una pura cuestión de eficiencia y evitar despilfarrar el dinero. De igual forma se propone la reducción de la partida dirigida a las organizaciones empresariales y sindicales destinadas a la prevención de riesgos laborales, a fin de que mejoren en la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos del tercer Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales. No parece razonable que reciban cantidades tan elevadas, que se suman a las múltiples partidas de dinero público que acaban en sus manos. Estas organizaciones tienen que corresponsabilidarse con el objetivo de conseguir mejoras en la eficiencia de la gestión de sus actividades, ya que aunque no son administración publica reciben fondos públicos, muchos de los cuales van al sostenimiento de estructuras burocráticas mastodónticas, en lugar de a la ejecución de las políticas públicas que se les encarga.

Siendo esencial los programas de empleo. No hemos propuestos en la formación continua y ocupacional modificaciones, fundamentalmente porque son créditos condicionados que no permiten reducción, y eso con independencia de que creemos que debe haber un cambio sustancial en esas políticas dado su fracaso generalizado y porque debe reformarse la gestión (seguramente quitársela) que hacen organizaciones empresariales y sindicales que a todas luces obtienen excesivos retornos para sus burocracias que no van a la finalidad esencial de esos fondos que es mejorar la formación de los trabajadores.

En relación con las enmiendas de los otros grupos, hemos apoyado las del PSOE  que pretenden la mejora de las becas y de la financiación de los centros públicos no universitarios de educación secundaria, así como las relativas a las mejoras en los objetivos de evaluación de las políticas educativas. No hemos apoyado, sin embargo, las demás ya que implican incrementos de gasto, sobre todo por la modificación de objetivos e indicadores que no tienen su correspondiente contrapartida presupuestaria, siendo un mero canto al sol que desconoce la realidad de nuestro país.

¡Malos, malos!

Esta semana está siendo la de los presupesupuestos y la de la subida de impuestos, que pagaremos los de siempre, la mayoría de los españoles que vivimos de nuestro salario o de nuestras pequeñas empresas. Una subida que, para colmo, pretenden vendernosla como una necesidad imperiosa para hacer frente a los gastos dirigidos a los más necesitados. Y ya se sabe, quienes se opongan ¡malos, malos!

Hoy, sobre esta cuestión, se puede leer un interesante artículo en el diario El País de Jesús Mota que se titula “El enves de la trama fiscal”, en el que desmiente esa propaganda gubernamental. En él explica que la subida de impuestos no es para cubrir un galopante deficit público provocado por la caída de los ingresos  y el incremento de gastos, como el del pago de la prestación de desempleo, tal y como anuncian los ministros-pregoneros del gobierno, sino que es consecuencia de la existencia de un deficit estructural de la hacienda pública que, aún con una posible recuperación económica, no saldría del color rojo. 

Un problema estructural que no se resulve con una subidita de impuestos. Como dice el autor: “no es fácil que los mercados financieros confundan el entrecortado esfuerzo recaudatorio -la tibieza encubre siempre impotencia- con una estrategia firme y clara de contención del déficit y de la deuda a medio y largo plazo. De entrada, ya es complicado aceptar que el déficit público baje al 5,4% del PIB en 2010, incluso contando con los 10.000 millones de aumento de presión fiscal y admitiendo con cierto optimismo que el coste del desempleo tenderá a estabilizarse. Si se trata de convencer a los mercados al tiempo que se mantiene el gasto social, nada mejor que un plan de sostenibilidad financiera del Estado a medio plazo, que incluya una reforma estructural del gasto público y que lleve a pie de página la firma de las comunidades autónomas.”

Mucho nos tenemos que de reducción de gastos, eliminando todo lo innecesario que hemos creado cuando se pensaba que ibamos a ser los más ricos del mundo, no habrá nada de nada. Lo que si tendremos serán más subidas de impuestos, que se justificarán bajo las más peregrinas excusas. Basta mirar al ayuntamiento de Madrid que, en lugar de plantaerse reducir sus gastos, ha creado una tasa de basura que nos dicen va a servir para pagar la recogida de nuestos desperdicios, pero que servirá para pagar las obras, los servicios y los viajes de promoción de un alcalde muy gastón.  Sobre ésto, mañana más.