La corrupción amparada

¿Qué credibilidad puede tener un partido que se niega a que se debata sobre corrupción y sobre las medidas que hay que tomar para prevenirla, controlarla y sancionarla? ¿Y qué credibilidad puede tener el gobierno al que apoya? Las preguntas, por supuesto, son retóricas. Y la respuesta es tan grave como evidente: sólo quien tiene algo que ocultar puede temer el debate y sólo quien se beneficia de la corrupción puede no tener interés en luchar contra ella.

Cuenta el periódico El Mundo que Salvador Victoria, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, mediaba en los pagos a la trama Gürtel para organizar actos del PP, que supuestamente eran pagados con dinero de la Comunidad. Él lo ha desmentido. Antes, ese mismo periódico dio informaciones sobre las extrañas relaciones jurídicas del presidente, Ignacio González, para hacerse con un ático de lujo en Marbella. En ambos casos, habrá que esperar a que la justicia actúe con rapidez y clarifique los hechos. No obstante, estas informaciones son una gota más en la oleada de casos de supuesta corrupción que está devastando nuestro país. Llegados a este extremo, el ciudadano siente, en un sentimiento que compartimos, que una corrupción institucional tan generalizada como la que ha saqueado España sólo es posible si ha sido amparada por los partidos políticos que han gobernado desde la transición y por buena parte del tejido empresarial vinculado a ellos.

A quienes vivimos la política desde dentro nos abruma comprobar el círculo vicioso en el que nos han encerrado estas malas prácticas: ni PP ni PSOE ni IU ni los partidos nacionalistas tienen las manos libres para actuar previniendo, erradicando y sancionando la corrupción, ¡porque hacerlo les forzaría a reconocer que entre sus filas se cuentan sus principales actores! Por ello, son tan furibundos en el ataque a quienes tienen las manos limpias y por tanto, libres para actuar, y todos los días cargan contra UPyD. En opinión de estos partidos, quienes dañan la política son más quienes pretenden hablar sobre corrupción que quienes la cometen.

Sólo así se entiende que el PP en la Asamblea de Madrid haya impedido al Grupo de UPyD en más de 13 ocasiones hablar sobre temas ligados a la corrupción, Caja Madrid y responsabilidades en la gestión de alcaldes con graves irregularidades. Sus representantes en la Mesa de la Asamblea, con la ayuda de ciertos cargos de confianza, han actuado contumazmente de manera arbitraria e ilegítima para favorecer los intereses de su mayoría e impedir la celebración de Plenos sobre esos asuntos.

Ante esta conducta, el Grupo de UPyD ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional en defensa de su derecho fundamental a poder ejercer sus funciones como representantes de los ciudadanos. A pesar de ello, el viernes pasado impidieron tramitar tres nuevas iniciativas. Ya van 16. Huelga decir que los diputados de UPyD en la Asamblea de Madrid vamos a continuar intentando que a los ciudadanos no se les hurte un debate serio sobre corrupción y las imprescindibles medidas que hay que tomar para prevenirla, controlarla y sancionarla. Unas medidas que exigen reformas radicales que quitarán poder a los políticos para devolvérselo a los ciudadanos. Veremos en qué queda y os lo contaremos.

Pd. El diario El Mundo ha publicado el 30-1-2013 que Salvador Vistoria ha presentado justificantes de que las facturas las pagó el PP y que él actúo como abogado.

http://youtu.be/DTiNqVVg77I

 

La partitocracia de PP y PSOE ocupa la Cámara de Cuentas

En la Asamblea de Madrid se van a votar hoy los candidatos a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. De nuevo, para la elección de los candidatos se ha seguido el sistema tradicional de nombramiento de las instituciones de control de nuestro país. Los partidos mayoritarios, los viejos partidos, se reparten en proporción a su peso electoral la cuota de candidatos a proponer y nombrar. En este caso, el PP y el PSOE se han puesto de acuerdo para que el primero proponga y nombre cinco candidatos y el segundo, dos.

De manera que, pase lo que pase, salgan elegidos los candidatos que quieren esos partidos. Esos candidatos los proponen las cúpulas de los partidos políticos. Obviamente, no es difícil pensar que lo hacen porque son personas del agrado de los máximos dirigentes de esos partidos. En ningún caso pasan por un examen transparente en la Asamblea; todo lo más que hacen es enviar un curriculum días antes de la votación, que no está normalizado y que no se pubica ni siquiera en la web de la Asamblea. Como se puede comprobar, es un proceso completamente opaco. Nosotros, para abrir una mínima puerta a la transparencia, vamos a publicar los curriculums:

CANDIDATOS DEL PP

• Arturo Canalda – Curriculum
• Carlos Salgado – Curriculum
• Concepción Ruano – Curriculum
• María Victoria Malavé – Curriculum
• Marino Diaz – Curriculum

CANDIDATOS DEL PSOE

• Mónica Melle – Curriculum
• Andrés Gómez Sánchez – Curriculum

Esta forma de actuar es la que hace que las instituciones que tienen que ser independientes en nuestro país no lo sean y acaben al servicio de las cúpulas de los partidos políticos. Por que, más allá de que cumplan los requisitos formales para ser candidatos y nombrados, la razón de su propuesta es su relación con el partido político que los propone. Por ejemplo, en este caso, el PP vuelve a proponer al actual presidente, Arturo Canalda González, que ya fue elegido sin cumplir los requisitos legales -10 años de experiencia profesional como abogado u economista-, ya que sus trabajos han consistido en distintos puestos políticos con nombramientos a dedo por el PP. Y el PSOE propone a una mujer, Mónica Melle Hernández, que ha estado trabajando para la Administración socialista del Estado desde el año 2004 hasta que perdió Zapatero; y a un hombre, Andrés Gómez Sánchez, que ha estado en la ejecutiva de Comisiones Obreras (CC.OO.) y que -desde 2009 a 2011- ha sido asesor de gabinete de Manuel Cháves, vicepresidencia tercera del Gobierno y Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas.

Esta es una nueva evidencia de la partitocracia que corroe nuestro país. Una partitocracia que ha arruinado las cajas de ahorro, el Consejo General del Poder judicial, el Tribunal Constitucional. Hace falta terminar con ella y que en las instituciones de control haya personas seleccionadas por ser los mejores entre los candidatos presentados, tanto por su trayectoria profesional, como por su capacidad para ser independientes del poder político que tendrán que controlar.

Para ello, UPyD propuso y -ha vuelto a proponer- en la Asamblea de Madrid que la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas se haga entre aquellas personas que, reuniendo los requisitos legales, hayan presentado individualmente sus candidaturas y que sean votadas por mayoría de 3/5 de la Cámara, después de haber pasado por una rigurosa audiencia pública en una Comisión de la Asamblea.

Además, entre los requisitos para garantizar su independencia se exigirá que durante los 10 años anteriores a su nombramiento no hayan ejercido ningún cargo electo ni hayan sido miembros del Gobierno de la Nación o del de cualquier comunidad autónoma o corporación local ni altos cargos de cualquiera de las mencionadas administraciones o del sector público de ellas dependientes. Se necesitan personas que ejerzan sus funciones de manera imparcial, al servicio de los ciudadanos y para ello, como decía mi profesor de procesal en 5º de carrera, Ernesto Pedraz Penalva, se establece las garantías de su independencia.

La pena es que el PP y el PSOE, que tan enfrentados parecen en todo, en el fondo van a una en lo importante para ellos: repartirse las instituciones entre su gente. En eso son un verdadero sindicato de intereses comunes.

Contra eso estamos luchando, será difícil, pero estad seguros que vamos a ganar. Por lo pronto hoy nos opondremos al nombramiento de esos candidatos.

Vídeo de mi intervención en la Asamblea con la oposición de UPyD a esos nombramientos.

Por qué el PP somete a los portavoces a la Ley de Parkinson

Parkinson formuló uno de las principales leyes de la teoría de funcionamiento de las organizaciones, según la cual, el trabajo a realizar en una organización crece hasta llenar el tiempo disponible para su realización. Este principio tiene dos fuerzas motoras: 1) Todo empleado necesita multiplicar el número de subordinados, no el de rivales; 2) Los empleados se crean trabajo unos a otros. Por supuesto, el trabajo añadido es redundante, burocrático y no sirve a la colectividad.

Pues bien, esta semana nos hemos podido desayunar con la voluntad del diario La Razón de hacer cumplir La Ley de Parkinson a los diputados de la Asamblea creando nuevas obligaciones de “trabajo” para los diputados que tenemos la facultad de acudir a la Junta de Portavoces. Conforme a este diario, en contra de lo razonable, lógico, útil, práctico y, por supuesto, del Reglamento de la Asamblea (se puede consultar aquí), a la Junta de Portavoces tienen que acudir en toda ocasión tanto el portavoz de cada grupo como los dos portavoces adjuntos. No basta que vaya uno o dos. No. Tienen que ir los tres juntos e inseparables. Creando, como decíamos, una nueva obligación para llenar su tiempo de trabajo.

Los que se hayan molestado en leer el Reglamento, verán que este señala que la Junta de Portavoces la componen los Portavoces de los Grupos, quienes podrán ser sustituidos por los portavoces adjuntos. Lo cual resulta lógico, ya que mientras el portavoz está en la Junta de Portavoces -todo lo más, asistido por otro diputado con labores de secretaria-, el tercero se puede dedicar a labores más relevantes, como sustituirle en reuniones, preparar su actividad parlamentaria, reunirse con los ciudadanos, etc. Lo que se corresponde con una juiciosa división del trabajo, que evita cumplir la malhadada Ley de Parkinson.

Juiciosa división del trabajo que se practica en el Congreso de los Diputados, en cuya Junta de Portavoces no están acumulativamente los portavoces y portavoces adjuntos de todos los Grupos al tiempo. No todo son ineficacias en la Casa máxima del legislador español. Aunque quizás he debido callármelo. Porque en cuanto La Razón se entere del incumplimiento de la Ley de Parkinson por nuestros diputados nacionales, supongo que correrá a hacer un reportaje para toda España -con flechitas incluidas- de los portavoces adjuntos de los diferentes grupos pillados en tan horrenda falta.

De todas formas, ante la duda más que razonable de que a La Razón se le haya ocurrido la aplicación de esta Ley, hay que preguntarse a quién conviene más su cumplimiento para haber pasado los datos al periódico –los cuales, por cierto, como los de asistencia a comisiones y plenos, deberían ser públicos y estar en la web de la Asamblea-. Creo no equivocarme si apunto al PP. Quien, obviamente, está muy interesado en llenar a los demás grupos de trabajo burocrático que evite su dedicación al control del gobierno. No me cabe duda de su compromiso en crearnos, como buenos compañeros que no quieren rivales, el máximo trabajo que les evite problema alguno y dar cuenta de su gestión. De paso, pueden justificar tener algunos diputados sin casi actividad parlamentaria, pero que se pasan el día en reuniones de “portavoces” en las que no dicen ni tampoco parece que hagan nada.

Puede que el PP considere que un portavoz adjunto cobra su salario simplemente por acudir a la Junta de Portavoces como séquito del portavoz y no por las funciones que tiene que realizar realmente, antes descritas. Si es así, lo que tienen que hacer es suprimir el complemento inmediatamente. Tienen mayoría para hacerlo. También pueden, fieles a la Ley de Parkinson, cambiar el Reglamento y obligar a la asistencia a la Junta de Portavoces a todo bicho viviente.

Sin embargo, mucho me temo que ese no es su interés. Su verdadero objetivo fabricando esta noticia -que se ha centrado en Elvira García, una de las mejores y más trabajadoras diputadas de UPyD-, es tratar de desacreditar nuestra fama y trabajo. Ellos quieren que los ciudadanos nos perciban como uno más, como a ellos y al PSOE. Que, con estos avisos, optemos por callarnos y no sacar sus vergüenzas. Pero tienen que saber que por mucho que manejen la prensa “amiga”, no lo van a conseguir. No nos callarán.

El vaivén de los salarios de los funcionarios de Madrid: Un ejemplo más del desgobierno de Esperanza Aguirre

El Gobierno de Esperanza Aguirre ha dejado sin efecto en su último Consejo de Gobierno la rebaja de salarios a los empleados públicos de la Comunidad, aprobada hace menos de un mes por Ley en la Asamblea. Una medida razonable, ya que la supresión de la paga extra aprobada por el Estado posteriormente, de obligado cumplimiento para todas las administraciones, suponía para los empleados públicos de Madrid una pérdida de un 7% de su salario en términos anuales.

Una cuantía superior a la que se pretendía ahorrar con la Ley autonómica, que era una media de un 3,3% de la masa salarial, y solo a partir de la nomina de julio. De haberse mantenido ambas rebajas, los empleados de la Comunidad hubieran visto rebajado su salario en un 10% de media. Una cuantía muy considerable.

Esta decisión del Gobierno autonómico no se ha tomado, como las de otros, a los pocos día de la decisión del Estado, sino que se ha ha adoptado días después de que UPyD presentara una propuesta en la Asamblea pidiendo la anulación de la reducción salarial, que estamos seguros ha tenido una influencia decisiva. Aunque sea hacer un juicio de intenciones, sin esa propuesta es posible que hubieran mantenido ambas rebajas en las nóminas de sus trabajadores, para así hacer el ajuste esencial vía salarios y no tener que acometer las reformas que Madrid requiere. Una decisión que no hubiera hecho falta, si hubieran aceptado la enmienda de UPyD a su Ley, en la que proponíamos que la rebaja de los salarios estuviera condicionada a las decisiones, ya fácilmente esperables, que tomará el Gobierno central sobre salarios de los funcionarios.

Estos hechos vuelven a poner de manifiesto el desastre de funcionamiento de nuestro sistema autonómico, donde cada uno va a lo suyo con escasa y nula coordinación. El primer responsable es el Gobierno central, incapaz de tener un proyecto claro, lo que hace que cada día vaya dando tumbos de una medida a otra y proponiendo aquello que negó el día anterior. Este Gobierno debería tener una idea clara de cómo debería ser el marco retributivo común de los empleados públicos de las administraciones de España, para que si hace ajustes, estos estén coordinados con los de las comunidades autónomas. Evitando que estas aprueben normas que deben derogar días después o que por la falta de políticas comunes, cada una termine teniendo sistemas salariales muy divergentes. Lo que genera desigualdades entre sus trabajadores y muchas ineficiencias en los servicios públicos.

Las comunidades también tienen sus responsabilidades, ya que han hecho crecer el empleo público muy por encima de sus posibilidades financieras; en muchas ocasiones, para tareas burocráticas, órganos innecesarios y seleccionándolos sin  criterios de mérito y capacidad. Y ahora se ven incapaces de acometer las reformas imprescindibles y sólo saben hacer recortes lineales que afectan por igual a los trabajares productivos que a los que no lo son y que acaban premiando la mediocridad y castigando la calidad del servicio público.

La Comunidad de Madrid es un caso paradigmático de desgobierno. Sus medidas de función pública son todas lineales: congelación o reducción de salarios, aumento de la jornada, supresión de la mejora voluntaria, congelación casi indiscriminada de la oferta pública de empleo, etc. Ni una medida está pensada para la mejora de la calidad del servicio, el establecimiento de incentivos para el incremento de la productividad o la reasignación de efectivos hacia funciones más esenciales. Lo peor es que cuando desde UPyD hemos hecho estas propuestas, siempre han votado en contra.

Ellos prefieren aprobar normas que dejan sin vigor a las pocas semanas, porque las incumplen -como la de presupuestos para 2012- o porque las derogan -como la Ley de modificación de presupuestos, cuyo objetivo principal era bajar el salario a los funcionarios-. Una Ley que, además, se llenó -en mal técnica legislativa- de propaganda, para tapar esa rebaja: la supuesta reducción de diputados -que exige una ley especial- o la supresión de las subvenciones a los partidos políticos, que no dan, mientras mantienen las de las fundaciones, que sí que dan.

Qué se puede esperar de un país gobernado de esta manera, en el que Cataluña y Andalucía pueden incumplir con sus mínimas obligaciones institucionales sin que pase nada, en el que cada uno campa a sus anchas y en el que quien tiene que gobernar no sabe a dónde va. Se puede esperar poco. De ahí que sea entendible que las instituciones europeas no se fíen y nos estén presionando, para que solicitemos el rescate completo de la economía. Cuando esto suceda, veremos que, para que el país tenga una senda común, acaba aplicándose el artículo 155 de la Constitución a todas las comunidades autónomas.

Hechos excepcionales exigen medidas constitucionales especiales. Ya lo pidió el otro día Rosa Díez en el Congreso.

Acabará haciéndose, confiemos en que no sea demasiado tarde.