La tragedia del desempleo exige reformas radicales

Esta mañana se han publicado los datos de la EPA del tercer trimestre de 2011: el desempleo se incrementa en 144.700 personas -un 0,6% más que el anterior trimestre-, hasta llegar el número a 4.978.300 afectados, de forma que ya “sólo” faltan 21.700 nuevos parados para llegar a los 5.000.000, aunque con los datos desestacionalizados supera esa cifra y alcanza 5.095.200 parados.

Además, del total de parados 2.100.000 son de larga duración y se han incrementado en 57.700 los hogares en los que todos sus miembros están en paro, hasta un total de 1.425.200. Estas cifras muestran una auténtica tragedia nacional que parece no tener fin, ya que las perspectivas de crecimiento económico para el próximo año son muy poco halagüeñas.

En Madrid, los datos no son mejores, ya que el desempleo ha crecido en 28.100 personas más, un 5,02%, con lo que el estancamiento de los trimestres anteriores ha dado paso a una destrucción importante de empleo (uno de cada cuatro desempleados nuevos de este último trimestre lo ha sido en la Comunidad de Madrid), lo que hace previsible que en los próximos meses las cosas no vayan a ser mucho mejores.

Si siguiéramos la lógica del Gobierno de Aguirre, quien considera que la mejor situación del desempleo en Madrid es gracias a ellos, habría que achacar íntegramente este empeoramiento en Madrid a su gestión. Sin embargo, estas conclusiones hay que descartarlas por simplistas, ya que la realidad es que las comunidades autónomas tienen poca capacidad para realizar políticas que sean realmente eficaces para disminuir el desempleo.

El problema del paro exige reformas radicales en nuestro país. El camino no va a ser fácil, ya que no hay una varita mágica para crear empleo. Lo que tenemos que hacer es poner las bases para que activar el crecimiento económico cuanto antes y para que cuando llegue la creación de empleo,  sea máxima.

Cuáles son esas posibles reformas. Para empezar, sería conveniente tener una legislación laboral diferente que simplificara la maraña de contratos de la actual regulación y que acabara con la dualidad del mercado laboral entre fijos y temporales. Una dualidad que el Gobierno del Estado ha acrecentado con unas reformas, hechas a golpe de ocurrencia, que lo único que han conseguido es legalizar el fraude de la concatenación de los contratos temporales, incrementar la precariedad laboral y reducir las indemnizaciones de los trabajadores. Por ello, sería conveniente aprobar un contrato laboral indefinido único con una indemnización creciente, que permita estabilidad en el empleo, la formación de los trabajadores y el incremento de la productividad de las empresas.

Por otra parte, hay que cambiar las políticas activas de empleo, suprimiendo las bonificaciones de cuotas de Seguridad Social y evitando que las políticas de formación sean una excusa para financiar a organizaciones empresariales y sindicatos.

Al tiempo, hay que modificar la estructura territorial del Estado, reformando la Constitución, para evitar que el dinero público se malgaste en aparatos administrativos y burocráticos desmesurados, con duplicidades y redundancias, en lugar de en sufragar los servicios esenciales que se han de prestar a los ciudadanos. Además, hay que atajar el fraude fiscal de una vez por todas y sanear el sistema financiero para que el crédito circule a empresarios y autónomos, evitando que las entidades financieras -como las cajas- destinen el dinero a los proyectos que interesan a las élites regionales o a nuevas burbujas especulativas, como la inmobiliaria, auspiciada por los gobiernos del PP y del PSOE, que nos han conducido a una deuda exterior neta, entre deuda pública y privada, de más de un billón de euros.

Muchas cosas por hacer, pero también un tiempo nuevo que aprovechar para acometer las reformas y mejoras que necesita este país. UPyD las está planteando en el Congreso y en la Asamblea. Si en la próxima legislatura somos decisivos, además se harán.

Razones por las que apoyo la candidatura de Manolo Lindo

Mañana sábado se votan las candidaturas que se han presentado a las elecciones para el Consejo Territorial de Madrid. Es un día en el que los afiliados de Madrid podremos ejercer nuestro derecho al voto para decidir cuál de esas candidaturas es la que dirigirá ese Consejo hasta el próximo Congreso de UPyD. Será un día de ejercicio de democracia. Que como es sabido, no consiste meramente en votar, sino en poder elegir. Pues bien, elegir exige un debate racional en libertad en el que todos los afiliados que quieran puedan emitir su opinión y escuchar la de los demás para forjar su voto. Esta libertad de opinión y de crítica no debe ser coartada aunque a veces las opiniones sean duras o desabridas, ya que siempre es mejor un exceso que haya que corregir que el silencio de los corderos que impediría una elección racional. Y si esto ha de ser la regla en un proceso electoral entre partidos, también ha de serla para uno que se celebra en el interior de un partido. Por ello, no he dejado de dar mi opinión en este proceso electoral y la extiendo en este post.

En estas elecciones las candidaturas presentadas ofrecen dos opciones diferenciadas:

La candidatura  de Manolo Lindo me parece, por la lectura de lo publicado por ella y por lo que he escuchado en los actos, que ve el Consejo Territorial como un instrumento descentralizado al servicio de los afiliados y del crecimiento del partido, que defiende la autonomía de los cargos públicos que están en las instituciones (quienes se deben a los ciudadanos que los han votado y no al Consejo Territorial) y que quiere trabajar con una dirección nacional  a quién corresponde definir y dirigir la política del partido, ya que el éxito de UPyD en el corto periodo de su existencia ha estado precisamente en la claridad , determinación y unicidad de esa política.

Las otras dos candidaturas (aunque tras la retirada de la tres ya sólo queda la dos para defender esta opción) me parece, por lo leído y escuchado en el debate de ayer, que ven el Consejo Territorial como un fin en sí mismo, que pretende dirigir la política institucional en la Comunidad en todas las votaciones principales, convirtiendo a los cargos públicos institucionales en una especie de procuradores de sus decisiones, y que al tiempo que quieren decidir sobre los consejos locales, sin embargo, quieren que el Consejo Territorial sea autónomo políticamente respecto del Consejo de Dirección, ya que, según la lectura que ellos hacen de los estatutos,  a ese Consejo le corresponde fijar la política autonómica.

Ante estas dos propuestas, claramente me decanto por la primera. A mi juicio es la más útil para que el partido pueda seguir creciendo y para que se pueda hacer política en las instituciones pensando en los ciudadanos que nos han votado y no en los intereses de los miembros de un órgano territorial del partido. No hay que olvidar nunca que hemos nacido para representar los intereses de los ciudadanos. La otra propuesta creo que nos llevaría a romper la necesaria unidad de acción política y a enredarnos en múltiples líos. Claro que quizás haya quien piense que un partido debe reproducir en su interior el modelo de Estado y que, si tenemos autonomías, los Consejos Territoriales, como las Comunidades Autónomas frenteal Estado, tienen que definir la política de su ámbito autónomamente. Pero ese es el modelo que perdió en nuestro Congreso. Un modelo que nos llevaría a 17 minipartidos cada uno tirando por su lado. Un desastre casi asegurado. Precisamente nuestro país lo que se necesita para unificar la política del Estado es lo contrario: un partido que tenga una dirección nacional única y clara; como UPyD quién debe seguir ofreciéndola.

Además de estas razones para apoyar la candidatura de Manolo Lindo, hay otras: presenta la ventaja de incorporar nueva gente, que no pretende llenarnos de normas y procelosos procedimientos, ni sacarnos los estatutos a la primera de cambio. Pues eso, que mañana votamos y que pase lo que pase, seguiremos todos trabajando conjuntamente en este imprescindible proyecto.

El despilfarro autonómico, ejemplos madrileños

La “florestas autonómica”, como en los post del blog “¿Hay derecho?” llaman a los casos más evidentes de derroche autonómico, también existe en Madrid. Porque, aunque es cierto que esta Comunidad cumple con sus objetivos de déficit  y que no es de las más endeudadas per cápita, no lo es menos que en su presupuesto destina cientos de millones de euros a gastos superfluos e innecesarios en lugar de destinarlos a los servicios esenciales o reducir más el déficit. En este post no voy a poner más que unos cuantos ejemplos, que se suelen replicar en otras comunidades autónomas, como muestra de lo que sabemos que hay y de lo que aún desconocemos. Veamos esos ejemplos:

El Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, creado por una Ley de diciembre de 2004, tiene una función consultiva y sancionadora. Su presupuesto de gastos de acuerdo a la memoria económica de 2009 (última publicada) fue algo superior a 2 millones de euros. Emitió en ese año 9 informes. Cada uno de ellos costó algo más de 200.000 euros. Entre los grandes ahorros que manifiestan haber hecho por la crisis en 2010 está la renuncia a coche oficial para cada uno de sus cinco miembros y el alquiler de una nueva sede. En el Estado existe la Comisión Nacional de la Competencia que extiende su jurisdicción por toda España y a todos los casos.

El Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (CES), creado por Ley del año 1991, se encarga de asesorar en materia social y económica. Su presupuesto de gastos en el 2010 fue de más de 2 millones y medio de euros, que ha bajado en 2011 a 2.357.118 euros. En el 2010 emitió 12 informes e hizo tres publicaciones de ellos. No consta en su página web que haya hecho ningún encuentro o seminario desde el año 2008. Cada informe nos salió, por tanto, también a unos 200.000 euros. Tiene como miembros a un  presidente, nueve miembros de las organizaciones empresariales y otros tantos de las sindicales y de lo que llaman expertos económicos y sociales. En el Estado existe el Consejo Económico y Social, asimismo.

La Agencia de Protección de Datos Madrileña, creada por Ley del año 2001, protege de los ficheros de titularidad pública creados o gestionados por la Comunidad Autónoma de Madrid y municipios y entidades públicas dependientes. Para el año 2011 tiene un presupuesto de 2.268.411 euros. Según datos de 2008 (los últimos publicados en su web) están inscritos 15.526 ficheros y en ese año tramitó 234 expedientes e hizo 132 informes. En el Estado existe la Agencia Española de Protección de Datos en la que hay inscritos 2.268.411 ficheros.

El Instituto Madrileño de Administración Pública es un organismo dedicado a la formación de los empleados públicos de Madrid. Tiene un presupuesto para 2011 de 9.320.173 euros. Después de buscar y buscar no he conseguida dar con su página web (será quizás privada para los empleados públicos de la comunidad) y no puedo aportar datos de actividad. Hay que señalar que, aunque figura en la Ley de presupuestos para 2011, la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público de Madrid ha suprimido el Instituto Madrileño de función pública; lo que demuestra su futilidad. En el Estado existe el Instituto Nacional de Administración Pública.

El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid es un órgano creado por una Ley de diciembre del 2007. Su presupuesto para el año 2009 fue de 5.668.920 euros. Emitió 563 dictámenes, de los cuales 459 fueron de responsabilidad patrimonial. Cada informe viene a salir a unos 10.000 euros. Este órgano está compuesto por once miembros en la actualidad. Los expresidentes de la Comunidad Autónoma tienen derecho a ser consejeros vitalicios y cobran como un vicepresidente de la Comunidad, salario compatible con las retribuciones correspondientes a su condición de expresidente. En el Estado existe el Consejo de Estado.

La Cámara de Cuentas de Madrid, creada por una Ley de abril de 1999, es el órgano de fiscalización y control del Sector Público de la Comunidad de Madrid. Tiene un presupuesto de casi 8 millones de euros para 2011. Está compuesta por siete consejeros. En el Estado existe el Tribunal de Cuentas.

Estos son los ejemplos, que constatan que la Comunidad de Madrid, como el resto de las comunidades, ha creado instituciones que replican las del Estado para convertirse en un simulacro de miniestado. De la misma forma que reproducen todas ellas las estructuras de organización del Estado con sus asambleas (1180 parlamentrios), sus consejerías (173 consejros en toda España), su personal de confianza, su empresas públicas, etc. Todo junto nos cuesta mucho dinero al año a todos los españoles, hasta 26 mil millones de euros según un estudio de la Fundación Progreso y democracia. Que es lo que nos podríamos ahorrar si no se despilfarrara tanto y se gestionara mejor.

Como decíamos al inicio, la situación de crisis económica nos va a obligar a tomar decisiones difíciles y habrá que optar. Pues bien, en UPyD creemos que se puede hacer mucho suprimiendo el gasto superfluo, remidensionando la administración autonómica y mejorando la gestión de las políticas públicas. Veremos qué pasa. A la Asamblea de Madrid llevaremos  propuestas para que opten por acabar con el despilfarro.

Desayuno con la prensa: candidatos Madrid #UPyD