Cuando hablamos de la lengua, hablamos de libertad

En este vídeo de la TV3 catalana, se discute sobre la suspensión judicial cautelar del reglamento del ayuntamiento de Barcelona que declara el catalán como lengua preferente, según el cual la lengua de los plenos, del trabajo en el ayuntamiento, de la atención a los ciudadanos y de las informaciones que se les envíen es exclusivamente en Catalán. De forma que si alguien quiere que se le atienda en castellano deberá pedirlo expresamente y en cada ocasión.

Estos son los hechos. Sin embargo, la presentadora enmarca el debate de forma muy diferente diciendo  que con esa medida no se va a atender a los ciudadanos en Catalán en el ayuntamiento de Barcelona. Lo que sabe que es falso, ya que la suspensión lo que pretende no es esto, sino por el contrario garantizar la libertad de los ciudadanos para ser atendidos, recibir  las comunicaciones o usar ante la Administración la lengua oficial que ellos prefieran, catalán o castellano, no la que el poder decida que es preferente.

Siguiendo este marco, el defensor en el debate del reglamento se inicia (y finaliza) con la matraca de la desaparición de la lengua catalana, si ésta no se impone por el poder a todos. Obviando que lo importante son las personas y no las lenguas. Como le recuerda el otro participante, la conservación de una lengua depende de sus hablantes y no de imponer en el espacio público, que es de todos los ciudadanos, obligatoriamente una: el catalán. Nadie tiene derecho a vivir exclusivamente en su lengua, si esto implica que los demás deben entenderle y responderle en ella. Pues si así fuera, estaríamos cerca de situaciones totalitarias que a todos nos vienen a la cabeza.

En definitiva, no se trata del derecho de las lenguas, que no tienen ninguno, sino del derecho de los ciudadanos a ejercer su libertad. Este es la autentica cuestión. Si los ciudadanos catalanes lo deciden tras las elecciones de noviembre, UPyD defenderá esta libertad en el Parlamento Catalán.

 

La dignidad como mascarada

Doce periódicos catalanes escribieron la semana pasada la misma editorial. Mucho se ha escrito sobre lo extraordinario de este hecho; desde la transición política, entonces para defender la democracia que se estaba construyendo, no se conocían editoriales conjuntas de la prensa española. No deja de ser, pues, sorprendente esta iniciativa, como asombroso es que su titulo sea la “dignidad de Cataluña”, de la que se convierten en cancerberos para intentar impedir su posible mancillamiento por un ilegítimo Tribunal Constitucional, presto a dictar una sentencia que, según saben, considerará inconstitucional algunas de las partes esenciales del nuevo Estatuto de Cataluña.

Sin embargo, no hay sorpresa, y se comprende con facilidad esa editorial, cuando no se ignora que con ella se están apurando las últimas oportunidades para presionar al Tribunal Constitucional. La prensa catalana, de nuevo, ha servido al poder político de su tierra para intentar dar verosimilitud a un futuro levantamiento popular, con el que conscientemente han venido amenazado los partidos catalanes y el gobierno de la Generalitat en los últimos meses. Ya que, a falta de manifestaciones masivas premonitorias de la deseada rebelión del pueblo de Cataluña, nada mejor que la teatralización periodística de las posiciones del catalanismo, para ver si los magistrados del Constitucional y algún incauto de “Madrid” se creen la amenaza de la insurrección, ceden a sus presiones, y acaban dictando una sentencia de su provecho.

Porque en el fondo saben que la vida continuará igual, aunque ese denostado Tribunal considere que Cataluña no puede ser una nación o que la bilateralidad no es propia de un estado cuasifederal, como el nuestro. Los ciudadanos de Cataluña seguirán preocupados por la crisis económica y el continuado descenso de su nivel de vida, educativo, etc., que es lo que de verdad afecta a su dignidad. Y los partidos catalanes, hasta el que más reniega de España, aunque la abstención y la desafección publica hacia ellos siga aumentando, seguirán repartiéndose el mismo número de sillas del parlamento de Cataluña y el mismo número de puestos en sus administraciones.

Con la sentencia del Constitucional no está en juego la dignidad de nada, ni de nadie. El Tribunal cumple con ella su obligación de controlar la constitucionalidad de todas las leyes, aunque sea tarde y bajo grandes presiones del gobierno. Si está, en cambio, en juego la dignidad de la prensa catalana, que ha aceptado acríticamente ponerse al servicio del principal dogma del poder en esa Comunidad Autónoma: la presunta unanimidad de los ciudadanos entorno al catalanismo. Porque con su editorial ha renunciado a su función esencial de informar sobre los hechos y servir de medio de control del poder, para convertirse en altavoz de los intereses de un grupo de políticos que irresponsablemente nos han metido a todos en un berenjenal de difícil solución.

Prácticas, por cierto, que sólo suelen suceder en las sociedades donde la libertad está muy limitada o es inexistente, donde el poder decide lo que es correcto. Lo cual quizás nos diga que, en Cataluña, el falso dogma de la unanimidad catalanista, que ciega voluntariamente la inteligencia de los servidores públicos y les impide ver la pluralidad de la sociedad catalana y su real integración en la española, no es más que un instrumento para limitar la libertad de sus ciudadanos y dirigirlos mediante un señuelo al sueño de todo nacionalista: la nación homogénea.

Aún se está a tiempo de corregir el rumbo que ha tomado la política catalana y por ende la española, pero para ello hace falta que los partidos políticos nacionales tenga una propuesta de modelo de estado que vaya más allá del pacto coyuntural que les exige el acuerdo con los nacionalistas o de la última ocurrencia del presidente de turno (no se olvide que sin las de Zapatero no habría este follón). Para superar esta incierta situación, quizás ha llegado el momento de proponer para España un modelo federal, con un estado fuerte, en el que todas las comunidades tengan las mismas competencias, dirigido a conseguir la máxima igualdad y libertad de los ciudadanos.