En una misma Ley, la de acompañamiento a la de presupuestos, se van a aprobar dos de las medidas más importantes de este año en la Comunidad de Madrid: Eurovegas y la privatización de la gestión sanitaria de los nuevos hospitales y centros de atención primaria. Estas medidas tienen un hilo conductor común: la confusión de intereses privados y públicos. Quizás por eso han optado por tramitarlo conjuntamente, y no sólo para dificultar un debate independiente y riguroso en la Asamblea sobre ellas. A pesar de su escaso debate, esta Ley podrá tener importantes repercusioens en el futuro de la Comunidad de Madrid.
La Ley ha previsto para Eurovegas un traje a medida, que ha venido a llamar Centros Integrales de Desarrollo (CID). Se trata de una figura jurídica configurada ad hoc, como una categoría de los llamados Proyectos de Alcance Regional, regulados en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. En ella se prevé que sus normas aplicables a los CID prevalecerán en caso de conflicto sobre las restantes normas de la Comunidad de Madrid. Esos centros se podrán implantar mediante autorización administrativa, de oficio a solicitud de un particular, otorgada mediante concurso público. En esa solicitud, el particular deberá señalar el tipo de actividades a realizar, municipios afectados, estudio económico financiero, ajuste del proyecto a la legislación urbanística y la que incumpliría, etcétera; y específicamente, previsiones de creación de empleo, de la inversión que comportan y del incremento de la riqueza que para la región supongan.
Tras la presentación de esa solicitud, habrá una aprobación inicial, que saldrá a información pública, y una posterior aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de la Comunidad, en la que se indicarán -entre otras cosas- los cambios en el planeamiento urbanístico a realizar y el plazo -que no podrá ser superior a 10 años- durante el cual no se podrá autorizar la implantación de un nuevo CID que tenga autorizada la actividad de casinos, de nuevos casinos, o de la ampliación de los existentes en Madrid. Según la Ley, las previsiones urbanísticas de los CID prevalecerán sobre las determinaciones contenidas en el planeamiento urbanístico, que deberá ser adaptado por la Administración competente; de igual forma, para los CID no rige la limitación de alturas previstas en la Legislación del suelo de la Comunidad.
Por otra parte, la Ley dedica un capítulo entero a regular el régimen del juego en los CID. Cabe destacar que el CID podrá -mediante una simple comunicación a la Comisión de Control del Juego- incluir nuevos juegos, aunque estos no figuren expresamente recogidos en una norma; se permite la entrada a los menores en esos centros; la autorización de funcionamiento de los casinos será la del CID y se autoriza que en esos casinos y centros de juego den crédito a los jugadores. La citada Comisión de Control será la que inspeccione el juego en los CID. Esta Comisión de nueva creación tendrá la composición, organización y funcionamiento que el Consejo de Gobierno autonómico mediante decreto decida.
En materia tributaria, también goza de importantes especificidades. Se le aplicará una bonificación de un 95% de la cuota que resulte de las operaciones sujetas al impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que estén relacionadas con su puesta en funcionamiento. Además, se prevé una reducción muy significativa del tipo del impuesto sobre el juego de casinos, pasando de un máximo de un 55% y un mínimo del 20% a un tipo lineal del 10%. Previéndose también importantes bonificaciones sobre la cuota resultante. Que en el proyecto inicial eran de un 9% de las inversiones realizadas y 9.000 euros por trabajador de la plantilla media en cada periodo; debiendo ingresar un 1% de la base imponible, pero pudiendo acumular las bonificaciones no aplicadas para los 18 años siguientes. Y que tras las enmiendas del Partido Popular, y su paso por Comisión, han quedado en la cuantía que resulte de aplicar a la base de la tasa un 0,1% por cada 100 trabajadores que integren la plantilla media en cada periodo. Lo que conlleva que desde 10.000 trabajadores la bonificación alcance el 10% de la base. Esto es un porcentaje igual, como hemos mencionado, al del tipo a aplicar sobre la base. En consecuencia, en a partir de esos trabajadores se compensará la bonificación con el tipo y la cuota a pagar resultará ser cero. Aunque, como se mantiene un tipo mínimo del 1% en todo sobre la base, ese será al menos el impuesto que pague el CID o Eurovegas.
Como se puede ver el traje a medida se ajusta muy bien a lo que el señor Adelson pidió: una isla legal, como contábamos antes las leyes del CID pactadas con él prevalecen sobre cualquier otra de la Comunidad de Madrid. Una isla en la que hay libertad urbanística, escasos impuestos, limitación de los competidores, capacidad de dar crédito directamente a los jugadores –a pesar del riesgo de blanqueo de capitales, o será por eso mismo-, diferente normativa sobre menores, entre otras medidas. Ya sólo falta que el Gobierno del Estado deje fumar. Se trata claramente de una regulación muy beneficiosa para un inversor y un tipo de inversor, que los mejores economistas en ningún caso recomiendan.
Junto a esta normativa, la Comunidad incluye también la regulación de la privatización de la gestión sanitaria de hospitales y ambulatorios. En este caso con unas pocas disposiciones, que dejan amplio margen al Gobierno regional para desarrollarlas como considere oportuno, pero en las que se intuyen acuerdos con los posibles licitadores en los concursos: por ejemplo, el PP ha propuesto una enmienda votada en comisión por ello, por la que se van a permitir cambios en los vigentes contratos de concesión de obra pública con explotación de servicios no sanitarios de esos hospitales. Además prevé para perjuicio de hosteleros, que pagan todos sus impuestos, la posibilidad de que dueños de fincas privadas organicen eventos en ellas, sin exigirles los mismos requisitos.
Milton Friedman decía en su libro Capitalism and freedom: “The kind of economic organization that provides economic freedom directly, namely, competitive capitalism, also promotes political freedom because it separates economic power from political power and in this way enables the one to offset the other”. Pese a que el PP de Madrid se define como liberal, en esa Ley hay mucha confusión de los intereses públicos y privados, del poder político y el económico. Y eso sólo puede conducir a más intervencionismo, menos libertad y más corrupción; a un país donde las decisiones políticas influidas por el poder económico determinen a quien van las rentas y beneficios de la actividad económica. Un mal camino para salir de la crisis. Lo que necesitamos son reglas claras, iguales para todos, y dejar que el dinero fluya hacía quienes tienen verdadera capacidad de iniciativa e inventiva. Lo contrario sólo favorece la corrupción.
Hoy, cuando votemos en la Asamblea, UPyD se opondrá a la Ley, porque quiere un país en el que esté separado el poder económico del político, en defensa de la libertad, la igualdad y contra la corrupción.
