El encubrimiento de la estafa de Caja Madrid-Bankia

La grave situación de BFA (Banco Financiero y de ahorros)-Bankia, con un agujero en sus cuentas superior a 24.000 millones de euros, ha motivado la intervención del Estado a través del FROB y la necesidad de que España haya tenido que pedir a la Unión Europea un rescate de nuestro sistema financiero por hasta 100.000 millones de euros. A día de hoy, nadie ha asumido responsabilidades políticas por estos hechos y no hay voluntad de saber qué es lo que ha pasado para llegar a esta grave situación. Y no  ha sido por ausencia de oportunidades para debatir en las Cortes o en la Asamblea de Madrid.

El Grupo Parlamentario de UPyD en esa Asamblea, propuso en dos ocasiones –antes de la intervención de Bankia- sendas preguntas a la presidenta de la Comunidad, Doña Esperanza Aguirre, sobre la situación de Caja Madrid en relación con Bankia. En las dos ocasiones se nos dijo, por la Mesa de la Asamblea controlada por el PP, que la Comunidad no tenía competencias sobre este asunto, por lo que se nos denegó la posibilidad de hacer la pregunta. Ello a pesar de que Caja Madrid controla el 52% de BFA, que ha nombrado a 11 de los miembros de su Consejo de Administración y que cada Caja, por acuerdos firmados con BFA en abril de 2011, continuaba prestando servicios de seguimiento y cooperación relativos a la gestión del negocio bancario minorista en su territorio natural, así como en la gestión del uso de la marca de cada Caja. Sin olvidar lo más importante: que los órganos de esas cajas están trufados de políticos elegidos por los partidos en proporción a su representación en diversas instituciones.

Tras la intervención de Bankia, UPyD pidió la creación de una Comisión de Investigación en la Asamblea sobre Caja Madrid -con el apoyo en este caso del PSOE e IU-,  para conocer cómo la gestión de esa entidad previa a la fusión con las demás Cajas había determinado la quiebra de Bankia y las razones por las que la Comunidad Autónoma a través de su consejero de economía, el señor Beteta (ahora Secretario de Estado de Administraciones Públicas), había autorizado la fusión con las otras Cajas para crear BFA. De nuevo, volvimos a recibir la misma respuesta negativa. Esta vez, apoyada en un informe ad hoc del Secretario General de la Asamblea en el que se dice, entre otros flojos argumentos, que la Comunidad de Madrid no ostenta competencias significativas sobre Caja Madrid, ya que las facultades que le atribuye la propia Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid 4/2003 y sus sucesivas modificaciones, no son “suficientes para garantizar una supervisión por su parte de la situación de Caja Madrid en el momento de la creación” de BFA. A pesar de que la Ley atribuye al Gobierno regional competencias de supervisión, investigación y control de la actividad económico-financiera y benéfico-social y aunque, como hemos dicho, la propia Comunidad de Madrid autorizó, a través de su consejero de economía, la integración de Caja Madrid en BFA y que es un hecho de notorio conocimiento que el presidente de Caja Madrid fue la persona propuesta por Doña Esperanza Aguirre, que es quien acabó, además, siendo el Presidente de BFA y Bankia.

Inmediatamente después, presentamos la solicitud de una interpelación al Gobierno para que nos explicaran su política general sobre la exigencia de responsabilidades frente a los administradores de las cajas con domicilio social en Madrid. Y en este caso, nos contestó el propio presidente de la Mesa en Junta de Portavoces diciendo, según el acta de la reunión de 5 de junio de 2012, que “no fue admitida por la Mesa por no corresponderse con una cuestión de política general de la Comunidad de Madrid”. Otro tanto acaba de ocurrir esta semana con una nueva iniciativa que hemos presentado para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid sancione a los gestores de Caja Madrid administrativamente, les exija que respondan con sus patrimonios del desfalco de la Caja y que envíe a la fiscalía todos los datos que conozca que puedan ser delictivos. La han vuelto a rechazar en la Mesa, pidiendo en este caso un nuevo informe jurídico, pero impidiendo en todo que se pueda ya debatir antes de octubre. Siguiendo prácticas de filibusterismo parlamentario.

Como se puede ver, la Comunidad de Madrid y su gobierno, a juicio del PP, no tienen nada que ver con Caja Madrid. Ellos simplemente pasaban por allí. Parecen creer que podemos olvidarnos de aquellas declaraciones de Aguirre en las que decía “hemos tenido la inmensa suerte de darle un puesto a IU quitándoselo al ‘hijoputa’”, refiriéndose a un puesto en Caja Madrid para ganar su guerra en la batalla con Gallardón por el control de aquella; y de que la han puesto a su servicio con créditos y nombramientos.

Pues va a ser que no. Que vamos a continuar hasta el final para destapar la estafa de Caja Madrid-Bankia y dirimir las responsabilidades políticas, administrativas, patrimoniales y penales que puedan deducirse. Para empezar, en la Audiencia Nacional, cegada la vía parlamentaria, UPyD ha presentado una querella por varios delitos frente al Consejo de Administración de BFA-Bankia. No permitiremos que quienes han hundido este país se vayan de rositas.

Las Vegas Sands: ¿camino del feudalismo?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aparece como al principal valedora de un proyecto para Madrid que se conoce con el nombre de Las Vegas Sand. Un proyecto que consiste en la construcción de un macrocomplejo de casinos y entorno a él de salas para congresos y espectáculos.

El promotor de ese proyecto el señor Adelson -según informaciones periodísticas- pide para su desarrollo un conjunto de medidas -cambios en el Estatuto de los Trabajadores, normas de Seguridad Social, fiscal y de extranjería, subvenciones, cesión de suelo público, etc.- que de facto implican la derogación de las leyes comunes por las que nos regimos los ciudadanos españoles, incluidos los empresarios, y su sustitución por un régimen legal especial cuyos términos impone su empresa de acuerdo con sus intereses. Entre los cuales está, ganar mucho dinero sin que le cueste prácticamente nada, ya que son las Administración quienes empieza poniéndolo y dando facilidades bajo el supuesto de los miles de empleos que van a crearse entorno a esa ludópata empresa. Lo que se explica muy bien en el post del blog Nada es Gratis: ¿Ayudas para el nuevo casino en Madrid? No, gracias.

Si grave es la transferencias de rentas que pretende el magnate, más grave sería que se aceptara una isla legislativa -la isla de juegolandía- en España. Un país fundado en el principio liberal de igualdad ante la Ley, que rompiera ese principio, sería un país que  pondría en serio riesgo su sistema democrático. Ya que demostraría que la fuerza del dinero y los intereses particulares de unos pocos podrían cambiar las leyes en su beneficio, y para ellos en exclusiva, que tenemos que cumplir todos. Con Las Vegas Sands -si sale en los términos planteados en la prensa- se estaría aceptando que hay quien puede comprar la Ley y que hay quien está dispuesto a venderla. Y eso, aunque se justifique bajo los más nobles objetivos, nos conduciría inexorablemente al fin del principio democrático de leyes iguales para todos. Y a la renuncia del ejercicio de la autoridad pública por el Gobierno elegido por todos los ciudadanos.

En definitiva, de aprobarse esa ley especial para Aldelson y sus casinos estaríamos abriendo una grieta hacia un sistema feudal donde cada señor de su territorio aplique sus propias leyes y sea la autoridad. El colmo es que se apadrine desde el Gobierno Regional de Madrid por quien día sí y día también nos dice a todos que es una liberal. Menos presumir y más hechos. En este caso, simplemente igual aplicación de la Ley, que nos rige a todos, a ese proyecto.

¿Qué tienen en común Bildu y el Canal de Isabel II?

El jueves por la noche supimos que el Tribunal Constitucional había, por seis votos a cinco de sus magistrados, aceptado el recurso de los abogados de Bildu para que esas candidaturas auspiciadas por ETA se pudieran presentar a las próximas elecciones locales en el País Vasco.  Es una muy mala noticia, pero en este post no entraré a valorar la sentencia. Porque quiero poner el acento en el hecho conocido que los votos de Tribunal Constitucional se han repartido exactamente de acuerdo al partido político, PP o PSOE, que propuso a los magistrados. Así los que han votado a favor de la aceptación del recurso habían sido propuestos por el PSOE y los que no por el PP. Esta es la realidad de ese alto tribunal, la realidad de una institución que funciona según bloques políticos en un perfecto alineamiento.

El viernes por la mañana se podía leer en la presa que la Comunidad de Madrid, gobernada por la ahora candidata Esperanza Aguirre, quiere que el Canal de Isabel II (que como todo el mundo sabe es quien gestiona el agua de Madrid) se haga con una participación relevante de las acciones de la nueva entidad financiera Bankia que está en fase de nacimiento como consecuencia de la “fusión” entre varias cajas, una de ellas Caja Madrid. Cualquiera que lea la noticia podría preguntarse por qué una empresa pública que se dedica a gestionar el líquido elemento para los madrileños puede acabar convirtiéndose  en socio financiero de una nueva entidad que en gran parte nace como consecuencia del desastre de gestión que habían hecho en esas cajas los dirigentes elegidos por los políticos de esa misma Comunidad. La respuesta es sencilla, porque esos mismos políticos no quieren perder el control de esa entidad financiera y para ello están dispuestos a usar una empresa de todos como si fuera suya. Con el riesgo moral de que si hay perdidas las pagan todos los ciudadanos y si no las hay el éxito es suyo.

Pues bien, en ambos casos se da el mismo patrón: la voluntad intervencionista de los políticos; su incapacidad para respetar la separación de poderes y la imprescindible disyunción entre lo público y lo privado. Frente a esta acción intervencionista (más allá de atribuladas proclamaciones liberales) se impone una nueva cultura política que coloque a los partidos y los políticos en su sitio, evitando su indeseado colonialismo de todas las instituciones y sociedad civil. Pero ello exige romper con el oligopolio partidista para hacer las reformas que ni el PP ni el PSOE querrán, ni podrán hacer ya que la hidra del poder les tiene superados. UPyD podrá romperlo, está en sus manos votarnos.

Ética ciudadana y responsabilidad política, también en Madrid

Las listas electorales con los candidatos para las próximas elecciones autonómicas y locales ya están presentadas y proclamadas. En todas las de los principales partidos menos en UPyD figuran imputados en procedimientos penales por corrupción. La Ley debería objetivamentre prevenir esta posibilidad, impidiendo su presentación en las listas. Ya que no parece razonable que, aún salvaguardando su presunción de inocencia, un imputado al que se le haya abierto juicio oral o contra el que existan claros indicios delictivos pueda presentarse a unas elecciones. Y no lo es, porque los responsables públicos tienen el deber de dar ejemplo con su conducta pública. Lo que dificilmente podrá hacer quien tenga que estar defendiéndose de haber atentado contra normas básicas del funcionamieto ordinario de nuestras instituciones.

Pero es más, aunque la Ley no lo regule aún, los propios responsables políticos en aras de esa ejemplaridad deberían haber excluido a todos los imputados por corrupción y deberían haberlo hecho en todos los casos, no sólo respecto de los imputados en procesos famosos por su actualidad mediática. Porque no se trata de quedar bien, sino de mejorar el funcionamiento de nuestra democracia haciendo que la responsabilidad política sea real y efectiva sin necesidad de esperar a que un juez determine antes otras responsabilidades.

Lo que no parece fácil. Si, como en el Madrid de Esperanza Aguirre, basta un gesto final para tapar que durante su mandato como presidenta de su partido en Madrid y de esta Comunidad se han dado entre responsables políticos nombrados o amparados por ella gravísimos casos de corrupción. Ya que, si bien hay que reconocer que mejor es que ninguno de ellos vaya en las listas electorales, no se puede obviar que estos casos se han producido durante su gestión y que están muy relacionados con una forma de hacer política dirigida al marketing y a la promoción del amigo. En otros países más serios con estos asuntos, no habría tenido más remedio que dimitir cuando se destapó toda esa basura. Lo que sin duda tendrían que haber hecho con más motivo otros que van desde Cataluña a Andalucía pasando por Valencia, que no citaré porque están en boca de todos.

Confiemos que nuestros conciudadanos no votando candidaturas con imputados hagan realidad para España el pesamiento de Tocqueville, que señaló que una democracia para prosperar exige de una elevada ética de los ciudadanos de un pais.