La sociedad española vive sobreendeudada. Una parte importante de ese endeudamiento es de las familias, de las personas que han pedido prestado dinero para comprarse una casa, un coche u otro objeto de consumo o para su actividad profesional o empresarial. La deuda familiar supera los 800 mil millones de euros, según datos del Banco de España, de los cuales el 77.7%, es decir, más de 600 mil millones de euros, corresponde a préstamos para adquisición de vivienda. Este endeudamiento está provocando un descenso del consumo, una menor actividad empresarial y un incremento del desempleo, lo que se retroalimenta. Y se junta al fuerte endeudamiento empresarial que alcanza cifras muy similares al familiar. Coadyuvando a generar una crisis de enormes dimensiones.
El sobreendeudamiento ha sido provocado por la afluencia de crédito barato orientado hacia el sector inmobiliario por unas entidades financieras ávidas de beneficios rápidos y unas administraciones encantadas por el crecimiento económico y los ingresos fiscales que les proporcionaba. Unas administraciones, al unísono con el Banco de España que no limitó la “orgía” crediticia, que no sólo no evitaron esos perversos incentivos, sino que los azuzaron, a través del control que ejercían de las Cajas de Ahorro que representaban más de la mitad del sector financiero del país, provocando una burbuja inmobiliaria de enorme magnitud.
Como consecuencia de esta burbuja, los ciudadanos se vieron avocados a precios disparatados de la vivienda, que podían comprar solo gracias a los irresponsables créditos que dieron las entidades financieras. Pero que ahora, en plena Gran Depresión, como la llaman Kenneth Rogff y Carmen Reinhart en su libro: “Esta vez es distinto: ocho siglos de necedad financiera”, no pueden en muchos casos pagar. Lo que ocasionado un incremento de las ejecuciones hipotecarias (en 2010 hubo 71.488 ejecuciones y en 2011, 57.136) de sus viviendas habituales, provocando auténticos dramas personales. Ya que junto a la pérdida de la vivienda, en muchas ocasiones, además continúan debiendo parte del dinero que les prestaron, al no alcanzar el valor del bien hipotecado, por la caída del precio de la vivienda, la deuda que tienen pendiente con la entidad bancaria.
Frente a esta situación los Gobiernos han hecho muy poco, algunos cambios en la legislación hipotecaria menores y moratorias en el pago del capital. Pero nada realmente relevante, para por una parte limitar las ejecuciones y por otra limitar la responsabilidad de los deudores personas físicas. Esta falta de medidas además de ser injusta socialmente, ha agravado la crisis pues ha dificultado la liquidación de las deudas y el reinicio de una actividad laboral o empresarial de las personas físicas.
UPyD ha presentado diversas iniciativas para corregir esta situación. Una está pendiente en el Congreso de los Diputados y otra se vio la semana pasada en la Asamblea de Madrid (el vídeo podéis verlo aquí) en la que se pedía la regulación del concurso de acreedores de las personas físicas de buena fe con limitación de la responsabilidad universal (fresh start), para evitar que tengan que responder con sus bienes y derechos futuros de la deuda que no pueden pagar en el presente. Y así permitir que puedan reiniciar una actividad laboral o profesional y que acaben en la economía sumergida. Esta medida ya se aplica en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, donde gente como Ford la tuvo que usarla antes de triunfar con su la fabrica de coches. También se proponía que se presumiese, salvo pacto en contrario, la regla de la dación en pago o limitación de la responsabilidad por la deuda hipotecaria al valor del bien hipotecado. Por otro lado, se preveían medidas fiscales, de valoración del bien y de mediación para facilitar desde ya la dación en pago de los deudores más atrapados. Así como la regulación de la figura del crédito responsable por las entidades financieras. Esta propuesta fue votada en contra por el PP, a pesar de que Aguirre se manifestó a favor en la campaña electroal autonómica, y a favor por el PSOE e IU.
En UPyD creemos que estas propuestas acabarán aprobándose en el Congreso de los Diputados. Porque son de justicia y convenientes de nuestra economía. Como es de justicia que los irresponsables de las entidades financieras y de la administración que han provocado esta situación acaben siendo investigados por la Fiscalía General del Estado y sancionados por las autoridades que hasta ahora se han lavado las manos. Y, como dice el refrán, más vale tarde que nunca.
Nota: Los datos se los debo a Matilde Cuena Casas (Profesora Titular de Derecho Civil de la universidad Complutense)
