A un escaño

En el diario de Barcelona “La Vanguardia” de hoy aparece una encuesta donde dicen que UPyD podría multiplicar por cuatro su resultado en escaños en el Congreso de los Diputados y que tendría más de un cuatro por ciento en intención de voto. Es sin duda una buena noticia. Como lo es, que por fin se constate que los ciudadanos españoles pasan factura, aunque sea en un sondeo de opinión,  a un gobierno y a un presidente que están demostrando falta de criterio, exceso de retórica y ausencia de decisión para hacer frente a la crisis política, social y económica más grave de España de los últimas décadas.

La encuesta dice que de haber elecciones los socialistas perderían más de 18 escaños y muchos millones de votos y que el PP rondaría los 170 escaños aunque no aumentaría en votos, simplemente mantendrían los que tienen. También que los ciudadanos consideran un desastre tanto la labor de gobierno como la de la oposición.  Si el PP llega al gobierno, será por implosión de quién lo mal ejerce, no por merítos propios.  Ese partido, para desgracis de ellos y de todos, hace virtud de no hacer nada.

Aunque lo peor es que, de confirmarse la encuesta, el PP tendría que gobernar con una CIU que, a pesar de perder escaños y votos y de tener un porcentaje de apoyo inferior a UPyD e IU, sería decisiva para que tuviera mayoría en el Congreso. Ahora, en estás condiciones, ¿cuál sería el cambio real que necesita el país? Ninguno. No habrá ni una sóla de las reformas claves: en la Ley electoral, en la Constitución, en la justicia, en la educacón.

Si queremos esas reformas, hemos de seguir trabajando, para que en la próxima encuesta nos den grupo parlamentario propio. ¡Ya sólo estamos a un escaño!

Un apunte final sobre Cataluña.

En la encuesta no preguntan por Rosa Diez. Les dará miedo verla como la más valorada de los líderes políticos. Pero claro, qué otra cosa se puede esperar de un periódico que sigue llamándonos neocentralistas: será que no se han leído la ponencia política que va a ir al congreso  en la que se defiende un estado federal. Aunque quizás es posible que sepan que defendemos la igualdad de todos los españoles cualquiera que sea el luegar donde vivan, incluso en Cataluña. Pero que no les convenga decirlo no vaya a ser que muchos de los que viven en allí se den cuenta de que con una política que defienda la igualdad, en lugar del hágase en cada sitio lo que a uno le de la gana y en Cataluña aún peor, podría irles mucho mejor en su vida cotidiana.

¿Necesita al CIS, la democracia española?

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es un organismo autónomo dependiente de la Administración General del Estado que sirve para realizar estudios que contribuyan al conocimiento científico de la sociedad española. Esta labor la debe realizar conforme a los principios de objetividad y neutralidad en su actuación, de igualdad de acceso a sus datos y de respeto a los derechos de los ciudadanos y al secreto estadístico.

El CIS tiene su origen en el Instituto de Opinión Pública -creado en el año 1963-, que dependía inicialmente del Ministerio de Información y Turismo y que tomaba como modelo el Instituto de la Opinión Pública francés (hoy ya inexistente). Más adelante paso a depender del Ministerio de la Presidencia y a adquirir su actual denominación. Se fue transformado así un Instituto de Opinión Pública, creado en el marco y al servicio de un régimen dictatorial (en una época en la que no se contaba con empresas de demoscopia de la variedad y capacidad de las actuales), en un organismo público de estudios y encuestas de la opinión ciudadana al servicio de una democracia parlamentaria.

Se fueron aprobando normas que pretendieron asegurar el cumplimiento de los principios antes citados de neutralidad y objetividad, para intentar garantizar su independencia y conseguir que dejara de ser un instrumento al servicio del gobierno de turno y pasara a estar al servicio de todos los poderes públicos, desde las Cortes Generales hasta el poder judicial.

Sin embargo, todo intento de garantizar esa independencia ha sido vano. Cuando los gobiernos quieren o necesitan usarlo lo han hecho a su favor Se pueden citar varios ejemplos recientes. El nombramiento ilegal de su actual presidenta, cuyo último y principal trabajo había sido el de asesora de la Presidencia del Gobierno y que carecía de los requisitos exigidos por la Ley para ser nombrada, lo que obligó a que el Consejo de Ministros la tuviera que cesar para, tras eximir al cargo de la necesidad de que fuera ocupado por un funcionario público, volver nuevamente a nombrarla (previa denuncia en el Congreso de UPyD). La omisión y falta de toma en consideración de la valoración de varios líderes parlamentarios en las primeras encuestas políticas de esta legislatura, que sólo se corrigió cuando se denunció públicamente. Y la alteración de la encuesta previa a las elecciones europeas en la que se ofreció una estimación de participación que no era creíble y que servía para que la encuesta política, a pocos días del inicio de la campaña electoral, diera unos resultados que con una estimación de participación menor no hubieran sido posibles. Evidenciando una clara muestra de falta de imparcialidad y rigor en la estimación y valoración de las previsiones y datos.

La anomalía que representa el CIS en relación con otros países europeos exige que nos plateemos si merece la pena mantenerlo. Si no cumple con sus funciones y sigue siendo un instrumento al servicio del gobierno, parece que lo más conveniente, sobre todo en una época de déficit público, sea suprimirlo. Al fin y al cabo, en este país existen modernas empresas de sondeos que hacen muy bien ese trabajo. Y, sin duda, la labor de investigación de la sociedad española se puede hacer desde otras instituciones públicas más académicas e independientes que estén al servicio de todos con parte del personal muy cualificado que ahora tiene el CIS. Así que se puede concluir tranquilamente que el actual CIS no es un instrumento necesario para la democracia en España, sino más bien un inconveniente.