La zona educativa única en Madrid: ¿Más libertad?

Esta mañana hemos podido saber que el Gobierno regional de Madrid tiene previsto crear en un plazo de dos años una zona única educativa, en la que a la hora de elegir colegio público o concertado la proximidad del domicilio del alumno o del trabajo de sus padres no sea un criterio a tener en cuenta. Según ellos esta medida sirve para garantizar la libertad de elegir e impedir la picaresca de los padres. Aunque aún no conocemos el texto oficial, la noticia merece una opinión sobre ella, que expongo con la advertencia de su provisionalidad y necesidad de mayor estudio.

1.- La mayoría de los padres llevan a sus hijos al colegio que tienen más cercano. La razón es obvia: si no hay grandes diferencias entre los colegios, nadie quiere desplazarse a otro más lejano para recibir una calidad educativa similar.

2.- Quienes eligen un colegio público o concertado más lejano lo hacen, en general, porque entienden que ese colegio es mejor que aquellos que tienen más cerca de su casa.

3.- Llevar a los hijos a un colegio más lejano exige un gasto en transporte, y muy probablemente en comedor, que los padres no tendrían que realizar de llevarlos al más próximo a su casa. Por tanto, tendrán más facilidad para elegir colegio aquellos padres que tengan recursos y tiempo suficientes para llevar a sus hijos al colegio de su elección, aunque esté lejos de su casa o trabajo que aquellos que no.

4.- La libertad de elección, que tanto parece importar al PP, sólo existe cuando se da entre iguales o, al menos, entre semejantes. Esto quiere decir que aquellas familias con menos recursos que opten por un colegio lejano deberán recibir ayudas de transporte y comedor, ya que si no, sólo unos pocos podrán elegir y eso es la negación de la libertad.

5.- Esta cuestión plantea además otros problemas: qué colegios son los mejores y qué criterios seguirán los colegios para determinar qué alumnos se quedan entre los que solicitan una plaza, cuando haya más solicitudes que plazas.

6.- Ahora mismo no se puede saber qué colegios son los mejores, ya que no hay una información pública fiable que permita discriminar unos de otros. Además la falta de autonomía real de los centros hace que la mayoría de las veces los mejores  sean aquellos que están en las zonas con mejores alumnos por el nivel socio-económico y cultural de sus padres. Luego, si se quiere que haya libertad de elección, debe haber mayor transparencia sobre el nivel de los centros y debe dárseles autonomía; lo que ayudará a mejorar a aquellos que tengan peores resultados.

7.- La libertad real de elección debe ser de los padres y no de los centros educativos. Esto quiere decir que, cuando haya más solicitudes que plazas, el centro no debe poder elegir arbitrariamente a los alumnos, sino que deberá hacerlo de acuerdo a reglas claras. A mi juicio el expediente académico de los alumnos debería ser determinante. Si el colegio es bueno, que puedan elegirlo los mejores alumnos -sea cual sea su comndición económica- o aquéllos con resultados peores que necesiten mejorar su formación -en este caso se podría incentivar al centro-. Así aunaríamos excelencia a igualdad, y no irían sólo los “niños de papa”.

8.- Como todos los colegios no pueden ser los mejores, para evitar que haya discriminación en las oportunidades de los niños y jóvenes de Madrid, el Gobierno regional deberá tomar medidas que permitan garantizar un nivel mínimo estándar elevado de todos los colegios públicos de Madrid. De otra forma, la buena educación sólo estaría al alcance de una minoría y de nuevo, la libertad de elección sería una quimera.

9.- Además, habrá colegios a los que no quiera ir nadie o casi nadie, por sus malos resultados. Esto puede dar lugar a indeseables desigualdades, que lastrarían a los más humildes. Para evitarlo, nada mejor que una política decidida de apoyo e intervención de los colegios más atrasados por el Gobierno para mejorar sus resultados educativos. Una forma de conseguirlo es llevar allí muy buenos profesores y pagar más, si consiguen elevar el nivel educativo medio del centro. Esta medida lucharía contra el fracaso escolar y sería garantía de igualdad.

10.- Finalmente, no quería dejar pasar que, según dicen,  haber tenido un familiar como exalumno del colegio puntuará para elegir centro público o concertado. No deja de ser curioso que en Madrid bajo el frontispicio liberal se nos vaya a imponer una medida identitaria. En sus coles tendrán preferencia los que tengan padres de Madrid. Los demás irán en segundo lugar.

En suma, por lo que sabemos y pensamos en UPyD, de más libertad,puede que nada de nada.

Enmiendas de UPyD en educación y empleo

Aprovechando el final de las navidades recuperaré algunos pequeños textos que preparé sobre la actividad parlamentaria de UPyD en la Asamblea de Madrid en relación con los presupuestos y la Ley de Acompañamiento. El primero se refiere a las enmiendas que presentamos a los presupuestos en educación y empleo.

En España y también en Madrid es necesario hacer un ajuste presupuestario ya que dada la situación internacional y la acumulación de duda publica y privada española que alcanza mas del 300% del PIB y casi un billón de euros de la deuda exterior neta, tenemos que equilibrar nuestros presupuestos. Ya que es una quimera pensar que podemos seguir acudiendo al mercado para colocar deuda pública, además de ser una medida contraproducente porque no haríamos lo necesario para desapalancar nuestra economía. Ese desapalancamiento exige austeridad. Pero la austeridad no puede ser un fin en si misma, sino que ha de ser un instrumento para mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y en la propia gestión administrativa. La austeridad por la austeridad no tiene sentido, no se puede pretender que la administración se convierta en una especie de monje mendicante, de ahí que deba exigirse que el ajuste sea selectivo. Y que junto con el recorte del gasto haya unos impuestos más justos (el PP en la Asamblea por supuesto negó que hubiera que subir impuestos en España, ahora hacen justo lo contrario).

Las enmiendas que plateamos en educación y empleo -con las limitaciones que tienen los Grupos Parlamentarios para enmendar un presupuesto ya que no se puede incrementar el gasto de una sección sino sólo mover partidas dentro de ella- han ido orientadas a conseguir realizar ese principio de austeridad selectiva. Proponiendo subidas y también minoraciones en determinadas partidas, a fin de liberar dinero para poder destinarlo a cosas más útiles. En primer lugar, hemos propuesto un incremento en las partidas destinadas al pago de los profesores de secundaria con el objeto de que se pueda contratar un mayor número, si fuera necesario, para atenuar los problemas que han venido planteándose en la educación como consecuencia de las instrucciones dictadas este verano sin la previsión necesaria para evaluar las necesidades reales de profesores de cada centro y sin la previsión de las consecuencias que tendrían las reducción de profesores para configurar las plantillas de los centros con eficacia.

Para ese aumento hemos optado por minorar determinadas partidas no esenciales o que con su disminución se puede obtener una mayor eficiencia en el cumplimiento de los objetivos perseguidos con un ahorro. Así, hemos reducido en un 50% la partida del Ente Público Radio Televisión de Madrid, que no es un servicio esencial y que debería poder ajustarse para cumplir lo que ha de ser su misión principal (que ahora no cumple) garantizar el pluralismo informativo en la Comunidad de Madrid. También hemos reducido el gasto en personal de confianza de los gabinetes de la Consejería, ya que esas tareas la pueden realizar los empleados públicos ordinarios. Al tiempo que hemos suprimido subvenciones a entidades religiosas que ya reciben financiación del Estado y a actividades de promoción económica cuya utilidad es poco clara.

Por otra parte, se han propuesto reducciones para mejorar la eficiencia y eliminar duplicidades. Así hemos presentado una enmienda a la totalidad al programa destinado a la Agencia de Evaluación, Acreditación y Prospectiva del Sistema Universitario, ya que las funciones que realiza las hace a nivel nacional la ANECA y, por tanto, su supresión garantiza evitar duplicidades entre la Comunidad y el Estado en esa materia. También hemos propuesto reducciones en el programa al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por razones semejantes. En concreto en la partida dirigida a realizar estudios sobre prevención de riesgos laborales, en parte contratados por el Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, porque duplica las funciones del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y los estudios del Observatorio Estatal de Condiciones de trabajo. A nuestro juicio, los estudios a nivel nacional sirven igualmente a nivel regional. Esta medida una pura cuestión de eficiencia y evitar despilfarrar el dinero. De igual forma se propone la reducción de la partida dirigida a las organizaciones empresariales y sindicales destinadas a la prevención de riesgos laborales, a fin de que mejoren en la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos del tercer Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales. No parece razonable que reciban cantidades tan elevadas, que se suman a las múltiples partidas de dinero público que acaban en sus manos. Estas organizaciones tienen que corresponsabilidarse con el objetivo de conseguir mejoras en la eficiencia de la gestión de sus actividades, ya que aunque no son administración publica reciben fondos públicos, muchos de los cuales van al sostenimiento de estructuras burocráticas mastodónticas, en lugar de a la ejecución de las políticas públicas que se les encarga.

Siendo esencial los programas de empleo. No hemos propuestos en la formación continua y ocupacional modificaciones, fundamentalmente porque son créditos condicionados que no permiten reducción, y eso con independencia de que creemos que debe haber un cambio sustancial en esas políticas dado su fracaso generalizado y porque debe reformarse la gestión (seguramente quitársela) que hacen organizaciones empresariales y sindicales que a todas luces obtienen excesivos retornos para sus burocracias que no van a la finalidad esencial de esos fondos que es mejorar la formación de los trabajadores.

En relación con las enmiendas de los otros grupos, hemos apoyado las del PSOE  que pretenden la mejora de las becas y de la financiación de los centros públicos no universitarios de educación secundaria, así como las relativas a las mejoras en los objetivos de evaluación de las políticas educativas. No hemos apoyado, sin embargo, las demás ya que implican incrementos de gasto, sobre todo por la modificación de objetivos e indicadores que no tienen su correspondiente contrapartida presupuestaria, siendo un mero canto al sol que desconoce la realidad de nuestro país.

Los macguffin de Esperanza

Esta semana, que ya se termina, en la Comunidad de Madrid, se ha celebrado el debate del estado de la comunidad. Un debate que se anunciaba muy animado, vistos los acontecimientos de este último curso: la crisis económica que ha golpeado fuerte a toda España y también a Madrid, los casos de corrupción del gobierno autonómico, los malos resultados de la educación, etc. Pero que, sin embargo, Aguirre ha conseguido que no lo fuera ya que una meliflua oposición no ha podido hacerle mella, al ser incapaz de centrar el debate en el enjuicimiento de sus actos de gobierno del último año.

Empezando por el gasto público corriente de la administración autonómica que, según ella, se ha recortado con la eliminación de consejerías, la reducción de salarios y la disminución de altos cargos. Es cierto que se han quitado consejerías y algún alto cargo coincidiendo con sus problemas de gobierno y que quizás la anunciada reducción de sus salarios haya sido efectiva. Sin embargo, también es cierto que la comunidad está atestada de asesores y colaboradores muy caros cuyos méritos son su proximidad al partido que dirige esta autonomía y que hay un enorme derroche de gasto en las decenas de organismos y empresas paralelas a la administración autonómica, que la mayoría de las veces duplican funciones del organigrama oficial, pero que son muy útiles para colocar a esos meritorios y en algunos casos para hacer gastos que no se consolidan en el presupuesto oficial. Un presupuesto que no se olvide tiene que afrontar una deuda acumulada de 12.000 millones de euros, que exigirán algo más que simples arreglos.

Continuando por su anuncio estrella: el próximo envío a la Cámara regional de un proyecto de Ley para reconocer la condición de autoridad pública al profesor. Laudable medida, sin duda, si permite que el debate público nos lleve a una regulación efectiva de esa condición para todos los profesores cualquiera que sea el centro donde enseñen –como hace la propuesta de UPyD presentada en el Congreso en mayo de 2008-, ya que entonces todos los profesores de España, también los profesores de los centros concertados y privados, estarán amparados en el ejercicio de su función pública docente y no sólo los de los centros públicos de Madrid, como resulta de lo comunicado por la presidenta. Claro que, junto a esta nueva, se ha echado en falta que explicará por qué el abandono temprano escolar es mayor en Madrid que la media nacional y por qué los resultados de las pruebas de control de los niveles de los alumnos son tan desastrosos en general y evidentemente qué medidas se piensan tomar para solucionar estos graves problemas.

Siguiendo con otra de las medidas: la modificación de la Ley del suelo, para dar mayor transparencia a los procedimientos de recalificación y urbanización de los terrenos, no se puede dejar de decir que es una medida que no afronta el problema directamente: la reforma del modelo de urbanismo de la comunidad y la necesidad de que el órgano administrativo que tome esas decisiones no lo integren los vecinos de los afectados, para evitar presiones. Y que es corta ya que lo más necesario es extender la transparencia a la contratación administrativa, para evitar que, por ejemplo, se fraccionen contratos para poder adjudicarlos a dedo a los amigos de turno.

Estas propuestas han conseguido su objetivo: que pareciera que había medidas contra la crisis, para mejorar la educación y para afrontar la escandalosa corrupción, al tiempo que se presenta como oposición al gobierno de la nación. Pero en el fondo son inconsistentes anuncios que no van al fondo de los problemas que pretenden resolver, como se ha explicado. Son como macguffin que nos han distraído de la trama principal. La que permitirá a Aguirre seguir diciendo que su gestión es liberal mientras trabaja para controlar Caja Madrid y abandona las necesarias reformas que exigen retos tan importantes como la implantación de una autentica formación para los desempleados (una competencia autonómica que puede ayudar a salir de la crisis y de la que no se ha dicho una palabra), la mejora radical de la educación, de la eficiencia del sistema sanitario, la realización de las reformas institucionales necesarias para impedir la corrupción y una reducción del gasto mediante la eliminación de una seudoadministración paralela muy cara y atesta de duplicidades. Y es que lo que necesitamos es menos ideología, menos propaganda y más hechos.

El conocimiento inútil

El conocimiento inútil es el titulo de un libro de Jean-François Revel, periodista y ensayista francés, defensor de la libertad y pensador de la democracia, publicado en el año 1988. En este libro reflexiona sobre la necesidad del conocimiento para que una democracia pueda funcionar bien. En su inicio, escribe que “este régimen, basado en la determinación de las grandes opciones por la mayoría, se condena a si mismo a muerte si los ciudadanos que efectúan tales opciones se pronuncian casi todos en la ignorancia de las realidades, la obcecación de una pasión o la ilusión de una impresión pasajera”. O sea, para que funcione correctamente es necesario que la información pretenda ser verdadera y que no se utilice como un instrumento para engañar, adoctrinar o tergiversar la realidad.

La democracia no puede prescindir de la información, que nos llega por diversos medios. Uno de los principales es la prensa, pero, como vuelve a señalar Revel, “junto a la prensa, la enseñanza, no es después de todo, más que otro aspecto de la información”. La enseñanza debe cumplir la misión básica de transmitir los conocimientos necesarios para que los jóvenes puedan elaborar sus propios juicios con independencia y responsabilidad. Pero el sistema educativo puede preferir que los profesores opten por adoctrinar en lugar de por enseñar, con el consiguiente desistimiento del juicio crítico. Así en los regimenes totalitarios se renunció a la transmisión de conocimientos para poder adoctrinar mejor a los jóvenes y de esa forma no cuestionar la ideología que los rige. Pero esta misma falta de respeto por el conocimiento de la realidad se observa, aunque sea en otro grado, en las democracias. Sobran ejemplos en España, tanto en la información (véase lo que nos cuentan de la crisis económica), como en la enseñanza, en la que hasta la lengua se utiliza al servicio de la ideología, en lugar de cómo instrumento de comunicación de conocimientos.

Revel en este libro, en 1988, en relación con el sistema educativo francés, escribió que hay “una opción deliberada, según la cual la escuela no debe tener por función transmitir conocimientos (….) La escuela debe dejar de transmitir conocimientos para convertirse en una especie de falansterio de convivencia, de lugar de vida donde se despliega la apertura al prójimo y al mundo. Se trata de abolir el criterio considerado reaccionario de la competencia. El alumno no debe aprender nada y el profesor puede ignorar lo que enseña.” Esta concepción de la escuela es la misma que impera en nuestro país. Donde se ha sustituido al profesor como autoridad con capacidad para transmitir conocimientos por un simple cuidador, cuyos conocimientos apenas importan.

Los resultados de estas prácticas han tenido y tienen consecuencias. Malas consecuencias. Dice Revel que “(….) este sistema pedagógico aniquila la gran función histórica de la escuela, su verdadera vocación democrática, que es corregir las desigualdades sociales con las desigualdades de éxito en los estudios. La ideología que la anima postula la igualdad y la identidad de todos los seres humanos. Sólo las desigualdades sociales explicarían las desigualdades de éxito en los estudios. Como la experiencia no confirma ese postulado, hay que obligarla a que lo haga, organizando el fracaso generalizado, que hace el oficio de purgatorio que permite alcanzar el nirvana de la igualdad intelectual total. Este postulado anticientífico engendra, de hecho, la escuela más reaccionaria que existe.” Y en nuestro país, en concreto, una generación peor preparada que la anterior, alejada de nuestros vecinos europeos.

Si queremos cambiar esta situación para que la escuela recupere su condición de instrumento de perfeccionamiento de la sociedad y de correctora de las desigualdades, hay que garantizar que el profesor puede cumplir con su papel de transmisor de conocimientos, lo que exige que sea seleccionado entre los mejores de su campo y que se le otorgue los medios necesarios para que pueda transmitirlos en clase. Esto es, que se le reconozca legal y socialmente autoritas.

Nota: UPyD propuso en mayo del año pasado una Ley Orgánica para reconocer al profesor su condición de autoridad en el ejercicio de sus funciones, confiemos que se pueda debatir pronto, ahora que el PP la ha copiado, y que su aprobación ayude a que sea posible la clase como lugar de transmisión de conocimientos.