Reproduzco mi artículo publicado ayer domingo en la edición valenciana del diario EL Mundo.
El año pasado Unión Progreso y Democracia (UPyD) presentó en abril un estudio sobre el coste del Estado Autonómico y otro en octubre sobre el de las Entidades Locales, concluyendo en el primero que simplemente mejorando la eficiencia de de las Comunidades Autónomas (CCAA) podrían ahorrase más de 26.000 de millones de euros al año. El pasado miércoles ha sido la Sra. Merkel, en su visita España, quien ha puesto el dedo sobre la llaga exigiendo que controlemos el gasto de nuestras administraciones territoriales. Lo que no es de extrañar, si tenemos en cuenta que el endeudamiento de las CCAA ha crecido en el año 2010 en casi un 28% respecto del año anterior, hasta alcanzar en el tercer trimestre de ese año un total de 107.624 millones de euros; de los cuales a la Comunidad Valenciana le corresponden 16.365 millones, la segunda deuda más alta después de Cataluña.
Este endeudamiento tiene en gran parte su origen en un Estado Autonómico con duplicidades, redundancias y gastos excesivos, como puso de manifiesto UPyD. En el que hace tiempo se viene derrochando de diversas maneras. Con múltiples organismos duplicados: defensores del pueblo, órganos consultivos, servicios meteorológicos, etc. Con el fraccionamiento de los servicios esenciales que limitan las economías de escala: como la compra conjunta de medicamentos. Con un exceso regulatorio –en España hay más de 100.000 leyes y reglamentos en vigor- que dificultan la unidad de mercado. Con abusos como los gastos de las televisiones autonómicas y las más de 50 universidades públicas, muchas de ellas de ínfima calidad. Con la existencia de un entramado empresarial y fundacional público que no ha parado de crecer aún en plena crisis en todas las CCAA y que tiene una deuda viva de unos 55.000 millones de euros. Con la creación de órganos de nula utilidad como múltiples observatorios, de “embajadas” y oficinas comerciales por todo el mundo. Y con un elevado incremento de empleados públicos, en muchos casos seleccionados bajo criterios clientelares propios de las novelas de Galdós.
En la administración Local pasa algo semejante. Con el problema añadido del elevado número de municipios que tenemos, más de 8.000. En el estudio de UPyD se concluye que el tamaño eficiente de un municipio estaría entorno a los 20.000 habitantes. Por eso, propone la fusión de municipios –como ya han hecho todos los grandes países europeos- lo que sin duda supondría una mejora en los servicios que prestan a sus vecinos, una menor burocracia y un importante ahorro. Que alcanzaría 3.866 millones de euros anuales, si tuvieran un mínimo de 5.000 habitantes.
Esta es la realidad. Y no es nueva. A pesar de que tanto el PSOE como el PP hayan preferido ignorarla y agravarla con la aprobación consensuada de los nuevos estatutos de autonomía, salvo el de Cataluña. Incluso cuando parecen ser conscientes de ella actúan incongruentemente. Así, la Sra. Cospedal hace unas semanas al tiempo que pedía la eliminación de duplicidades en las CCAA votaba en el Senado un nuevo Estatuto de Autonomía para Extremadura plagado de ellas. Sin olvidar que el año pasado ambos partidos juntos votaron, en el Congreso de los Diputados, contra una propuesta de UPyD en la que se pedía que el Estado fijara un techo de gasto a las Comunidades Autónomas y que éstas racionalizaran sus gastos. Justo lo que ahora nos exige Alemania y la Unión Europea.
Habrá, pues, que acometer una amplia reforma de nuestras administraciones territoriales, para mejorarlas y hacerlas más eficientes al servicio de los ciudadanos. Lo que exigirá un impulso político que difícilmente podrán hacer los dos viejos partidos llenos de hipotecas e incongruencias. Por eso ha nacido UPyD. Para hacer posible lo que es necesario.
Coda. (No aparecía en el artículo del domingo) Más incongruencias:
1. El PSOE, en sus ”jornadas autonómicas” de hace dos fines de semana, propuso para coordinar mejor el ejercicio de competencias entre las diferentes administraciones que estas celebren convenios entre sí. El Gobierno del mismo partido en el Consejo de Ministros de 21 de enero, una semana antes, adoptó un acuerdo para reforzar la eficacia de la gestión del gasto público y de la Tesorería por el cual se prohiben nuevos convenios del Estado con las administraciones territoriales. ¿En qué quedamos?
2. Durante los gobieros de Esperanza Aguirre se han creado en Madrid, entre otros, un Tribunal de Defensa de la Competencia y un Consejo Consultivo (en el que los expresidentes tienen cargo vitalicio con un sueldo compatible con las demás remuneraciones que les correspondan como expresidentes). Mientras, ella pide quitar privilegios a los diputados (intentando copiar a UPyD) y Cospedal eliminar los órganos redundantes. ¿Los de Madrid no lo son?
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