Este verano, me comentaba una amiga con importantes responsabilidades en la función pública el profundo desánimo que se había instalado entre los funcionarios públicos; sobre todo, entre aquellos con funciones de dirección, que veían cómo el Gobierno actuaba de forma incapaz: demonizándolos y culpándolos a ellos de todos los problemas, y con medidas cortoplacistas; muchas, dirigidas contra los propios funcionarios, imposibles de mantener en el tiempo y sobre todo, inútiles para salir de la crisis.
Me comentaba también el desconocimiento profundo que de los funcionarios y su trabajo tenía el nuevo equipo de Gobierno; sobre todo, Montoro y Beteta –secretario de Estado de las Administraciones Públicas-, quienes, en su visión sectaria del mundo, eran incapaces de entender que los funcionarios están al servicio del poder democrático elegido y que trabajan con profesionalidad, objetividad y voluntad de servicio público. Que trabajan por igual para un ministro u otro, sea del partido que sea.
Y se preguntaba con amargura de qué servía en esta época quedarse hasta las diez de la noche esperando que el ministro o su gabinete llamaran para pedir un dato o resolver un problema, si no lo hacían, ya que sólo confiaban en sus enchufados y colocados, en la Administración pública paralela que habían creado en cada ministerio desde sus gabinetes con gente muy del partido, pero en general poco capaz y profesional. Para ella, España no podía afrontar sus problemas con una clase política poco formada habitualmente y con el único incentivo de mantener sus puestos y distribuir los de la Administración entre su gente. Dispuestos a arrasar con todo antes de perder sus privilegios.
Esta historia se repite cada vez que tienes la oportunidad de hablar con un funcionario; en mi caso, muchos de ellos, amigos, dado mi trabajo como Letrado de la Seguridad Social. Gente que ha votado a distintos partidos, unos cuantos de los cuales confiaban en que el PP actuaría de forma muy diferente, ya que esperaban que tuviera un proyecto de país. Como me decían, si hace falta sacrificarse, perder la paga extra o reducir el salario, se hace; pero si hay un objetivo de país y si además ves que quienes nos gobiernan actúan con dignidad y sin parapetarse en sus prebendas.
Este estado de ánimo parece general en la función pública. Y es que los hechos son crudos. A la rebaja salarial y la supresión de la paga extra de diciembre se va a unir el próximo año la supresión de la paga extra de julio –en el presupuesto que se está elaborando no aparece incluida-, además de un recorte de la mal llamada “productividad”, ya que lo que remunera es el puesto de trabajo desde hace años de forma consolidada. Ambas rebajas van a afectar sobre todo a los funcionarios más cualificados, que podrían ver disminuido su sueldo en más de un 30% sobre las rebajas ya producidas. Para compensar, parece que están dispuestos a facilitar la compatibilidad con actividades privadas, a pesar del riesgo de conflicto de interés que ello implica.
Por otra parte, este Gobierno está estudiando que las vacaciones se reduzcan a tres semanas pagadas al 80% del salario o incluso a una sola semana pagada. Medida que al parecer afectaría a todos los trabajadores.
Mientras, ese mismo Gobierno defiende con uñas y dientes el entramado político e institucional que tanto le beneficia, aunque sea el causante de los perores males del país. Por eso, Montoro desplazaba a una funcionaría de su gabinete a otro puesto para colocar a una del PP como cargo de confianza, justo en los días que decía que no había dinero para pagar a los funcionarios. Por eso, se pueden aprobar para gabinetes de determinados ministerios gratificaciones especiales que sustituyan la paga extra suprimida. Por eso, en la Asamblea de Madrid se pueden permitir crear seis plazas nuevas en julio y añadir un nuevo eventual en septiembre. Por eso, el alcalde de Alcalá coloca como jefe de gabinete al hijo de un antiguo alcalde del PP de Las Rozas o el alcalde de Alcorcón, un “cachorro” de Aguirre, puede tener más de 40 cargos de confianza.
España se encamina hacia la consolidación de una Administración paralela a la profesional formada por los colocados del partido gobernante, por el simple hecho de ser afines al mismo, cualquiera que sea su cualificación. En la que los funcionarios profesionales con funciones directivas serán mal pagados y relegados a labores secundarias, lo que conducirá a la renuncia de muchos de ellos y a la selección de peores candidatos. Por tanto, a una Administración que renuncia al principio de mérito y capacidad para seleccionar al personal, así como al principio de objetividad y servicio público para actuar. Una Administración ajena al principio de neutralidad política; o sea, a una Administración de patronazgo. Retrocederemos hasta los años 50 del siglo pasado o aún peor, porque va a incrementarse todavía más la confusión entre lo público y lo privado. Por tanto, una mala Administración al servicio de quienes tienen relaciones con el poder, de los conseguidores y amigos.
Hay quien se pregunta cómo hemos llegado hasta aquí. Pues bien, basta responder a la pregunta ¿cui bono? para entender por qué estamos cayendo tan abruptamente por el precipicio. El PP y el PSOE tienen tantos intereses que defender, que lo último es el interés del país, pues su defensa les dejaría a ellos, a los suyos, y a quienes desde los medios de comunicación y empresas les apoyan para beneficiarse, fuera de las instituciones que han ocupado y de los beneficios que reparten.
La situación es de máxima gravedad. Cada vez es más evidente que tenemos un Estado inviable y que los dos viejos partidos son parte de ese problema. El actual sistema institucional ha colapsado. No podemos esperar más. La solución no vendrá por inmisericordes recortes que ajusten el gasto público para contentar a Merkel. La solución de nuestro país exige nuevas instituciones que generen incentivos adecuados. Hace falta un nuevo tiempo constituyente que nos acerque a las prácticas de gobierno de los mejores países. La realidad lo exige.
