El promotor de ese proyecto el señor Adelson -según informaciones periodísticas- pide para su desarrollo un conjunto de medidas -cambios en el Estatuto de los Trabajadores, normas de Seguridad Social, fiscal y de extranjería, subvenciones, cesión de suelo público, etc.- que de facto implican la derogación de las leyes comunes por las que nos regimos los ciudadanos españoles, incluidos los empresarios, y su sustitución por un régimen legal especial cuyos términos impone su empresa de acuerdo con sus intereses. Entre los cuales está, ganar mucho dinero sin que le cueste prácticamente nada, ya que son las Administración quienes empieza poniéndolo y dando facilidades bajo el supuesto de los miles de empleos que van a crearse entorno a esa ludópata empresa. Lo que se explica muy bien en el post del blog Nada es Gratis: ¿Ayudas para el nuevo casino en Madrid? No, gracias.

Si grave es la transferencias de rentas que pretende el magnate, más grave sería que se aceptara una isla legislativa -la isla de juegolandía- en España. Un país fundado en el principio liberal de igualdad ante la Ley, que rompiera ese principio, sería un país que  pondría en serio riesgo su sistema democrático. Ya que demostraría que la fuerza del dinero y los intereses particulares de unos pocos podrían cambiar las leyes en su beneficio, y para ellos en exclusiva, que tenemos que cumplir todos. Con Las Vegas Sands -si sale en los términos planteados en la prensa- se estaría aceptando que hay quien puede comprar la Ley y que hay quien está dispuesto a venderla. Y eso, aunque se justifique bajo los más nobles objetivos, nos conduciría inexorablemente al fin del principio democrático de leyes iguales para todos. Y a la renuncia del ejercicio de la autoridad pública por el Gobierno elegido por todos los ciudadanos.

En definitiva, de aprobarse esa ley especial para Aldelson y sus casinos estaríamos abriendo una grieta hacia un sistema feudal donde cada señor de su territorio aplique sus propias leyes y sea la autoridad. El colmo es que se apadrine desde el Gobierno Regional de Madrid por quien día sí y día también nos dice a todos que es una liberal. Menos presumir y más hechos. En este caso, simplemente igual aplicación de la Ley, que nos rige a todos, a ese proyecto.

]]> http://ramonmarcos.wordpress.com/2012/01/27/las-vegas-sands-camino-del-feudalismo/feed/ 2 Ramón Marcos Allo http://ramonmarcos.wordpress.com/2012/01/25/matar-moscas-a-canonazos-el-recorte-del-salario-de-los-enfermos-en-la-comunidad-de-madrid/ http://ramonmarcos.wordpress.com/2012/01/25/matar-moscas-a-canonazos-el-recorte-del-salario-de-los-enfermos-en-la-comunidad-de-madrid/#comments Wed, 25 Jan 2012 13:00:39 +0000 Ramón Marcos Allo http://ramonmarcos.wordpress.com/?p=464 ]]> Los empleados públicos de la Comunidad de Madrid desde este mes de enero han visto limitada significativamente su protección social ya que no contaran con la “mejora voluntaria” que les garantizaba complementar, en caso de enfermar, la prestación de Seguridad Social para mantener su salario. Como hacen también muchas empresas de este país con sus trabajadores. La supresión de esta mejora, según el Gobierno Regional, pretende evitar su absentismo laboral, ante el temor a perder ingresos. Sin embargo, veremos como su objeto real es recortar el gasto de personal bajo la popular excusa de hacer trabajar más al empleado público.

El absentismo laboral, que sin duda es un problema grave tanto en las sector público como en el privado, se da cuando por causas justificadas o injustificadas un trabajador deja de acudir al trabajo. Entra las causas justificadas más comunes de ausencia al trabajo están los permisos varios, la enfermedad, la maternidad, las causas técnicas, económicas o de producción, etc. La tasa de absentismo se mide calculando las horas que se dejan de trabajar, sobre las obligatorias o pactadas. En España está aproximadamente un poco por encima del 5%, aunque con diferencias por Comunidades Autónomas, sectores y tamaño de empresa. Siendo superiores a la media en Andalucía, Canarias, Cataluña, en la industria y en las grandes empresas, como la Administración Pública. La incapacidad temporal por enfermedad común es la causa en casi un 70% de las ausencias al trabajo. Pero estas ausencias no se distribuyen homogéneamente: aproximadamente un 26% de las bajas por enfermedad duran de 1 a 3 días, un 38% de 4 a 15 días, y un 11% de 16 a 30 días. Por tanto, el 75% de las bajas duran menos de un mes. Solo el 1% de las bajas supera el año.

Las medidas aprobadas sólo se refieren a las bajas por enfermedad y no discriminan según su causa y duración. Tratan igual a quien deja de acudir al trabajo por la resaca del fin de semana que a quien lleva un año por un cáncer de mama, a quien falta por primera vez en su vida que a un “bajista” habitual.  Se puede decir que matan moscas a cañonazos. De lo cual parece haberse dado cuenta hasta el Gobierno ya que la propia Regina Planiol, consejera de presidencia, ha dicho, aunque con confusión, que cree que los tres primeros días de baja no dejaran de pagarse al no ser de incapacidad temporal (sic).

Un empleado público incluido en el Régimen General de la Seguridad Social que tenga una baja médica tiene derecho a un 60% de su base reguladora (que es la base de cotización del mes anterior a la baja) desde el cuarto día hasta el 20 y a partir del 21 al 75%. Esta cantidad se paga por el empresario –la Administración- desde el 4 día hasta el 16 y de allí en adelante por la Seguridad Social. Los empleados públicos incluidos en clases pasivas, protegidos por MUFACE (fundamentalmente profesores en la Comunidad de Madrid) y por MUGEJU (personal de justicia), cuentan con una protección diferente más amplia consistente en percibir las retribuciones integras hasta el tercer mes o sexto mes respectivamente y desde allí en adelante las retribuciones básicas integras más la cantidad mayor entre el 80% de las retribuciones básicas o el 75% de las complementarias correspondientes al tercer mes de su licencia.

Dada esta diversidad de regímenes de protección, con la supresión del complemento por mejora voluntaria que garantizaba a todos durante la incapacidad temporal el salario por igual, ahora los que estén en el Régimen General no cobrarán nada los tres primeros días de baja y verán muy reducido su salario a partir del cuarto, mientras que los que están en MUFACE o MUGEJU sólo lo verán reducido desde el mes cuarto o séptimo y encima en mucho menor cuantía. Por tanto, esta medida va a producir graves discriminaciones entre compañeros que es fácil suponer podrán enrarecer aún más el ambiente de trabajo.

Pero hay más, como para los del Régimen General la determinación del subsidio de incapacidad temporal se calcula sobre la base de reguladora que viene determinada por la base de cotización y ésta está topada y puede ser inferior al salario real, lo que sucede para todos los trabajadores del grupo A1, en general los más cualificados, la reducción de salario puede llegar a ser para ellos de más de un 50%. Con lo cual se establece una nueva discriminación, ahora entre trabajadores por su cualificación. Dañando mas por cierto a quienes menor índice de absentismo tienen en la Administración.

Por otra parte, esta medida obvia, aunque puede que mucha gente no lo conozca, que es  la Comunidad la responsable de dar las bajas médicas a través del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, pero que es la Seguridad Social, que depende del Estado quien paga la prestación económica. De hecho, esta separación de responsabilidades hizo que, cuando se trasfirieron las competencias a las Comunidades Autónomas en sanidad, se dispararan las bajas médicas. Y que, para controlar la “incompetencia” de las Comunidades Autónomas, la Seguridad Social tuviera que pagarles un plus por cumplimiento de objetivos, para lograr disminuir su excesivo número. Luego, si se quiere atacar realmente el absentismo laboral por bajas médicas lo primero a hacer es establecer controles más estrictos de las bajas que dan los médicos, y ello sin esperar que el Estado tenga que seguir incentivando lo que debe ser una obligación propia de la Comunidad.

Otra consecuencia grotesca de esta medida indiscriminada es que un empleado público de la Comunidad del Régimen General que falte tres días por su enfermedad no cobrará nada, pero si falta por la enfermedad de su padre o su hermano recibirá el salario completo. Curiosa forma de limitar el absentismo, como curioso es que la medida frente a un problema estructural se haya previsto con carácter temporal sólo para este año 2012. Más razonable hubiera sido penalizar a los reincidentes en bajas de corta duración, controlar las bajas e duración inferior al mes más eficientemente, etc.

En definitiva, la medida huele a improvisación y que no va dirigida a resolver el problema del absentismo laboral sino a reducir costes en personal de forma indiscriminada. Mal camino para conseguir el objetivo de una administración pública más racional y eficiente.

El nuevo Gobierno del país para no ser menos, y continuando la estela del anterior,  junto a la subida de impuestos, ha acordado, en el Real Decreto Ley por el cual prorroga los presupuestos del año 2011, la congelación de los salarios de los empleados públicos de todas las administraciones, aunque con la particularidad de que para los del Estado se prevé además una disminución de un 10% de las cantidades asignadas a productividad, la homologación del horario de los empleados públicos de todas las Administraciones Públicas con la del Estado en 37 horas y media y la congelación de la oferta pública de empleo, de forma que no se cubran las bajas que se produzcan, salvo una tasa de reposición del 10% en servicios públicos esenciales: educación, sanidad, etc. y en los cuerpos encargados de la lucha contra el fraude fiscal y laboral.

Todas estas medidas cuantitativas están dirigidas a conseguir cumplir el límite de déficit público marcado por la Unión Europea para 2012. Algunas de ellas son razonables, otras lo son menos. Sin duda, no parece descabellado que todos los empleados públicos hagan un esfuerzo y trabajen por el mismo salario 37 horas y media, como ya hacen los del Estado. Es cierto que esto implica la no contratación de interinos y eventuales y que puede conllevar problemas organizativos en algunos sectores como la sanidad; pero también es cierto que la función esencial de la Administración no es crear empleo, y que las mejoras organizativas pueden ayudar a garantizar la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos cuyo mantenimiento ha de ser una absoluta prioridad política. También parece lógica la congelación salarial, en un país con cinco millones de desempleados y con necesidad de ajustar su competitividad no debe haber un incremento de la masa salarial global de la administración. Ahora bien, esta congelación unida a la del 2011 y a la reducción de salario del 2010 empieza a suponer una perdida acumulada importante de poder adquisitivo de los empleados públicos, que hace que no pueda mantenerse de forma indiscriminada en años posteriores. Sobre todo si a quienes más afecta es a los empleados públicos más cualificados o con más responsabilidades, ya que se corre el riesgo de descapitalizar a la Administración Pública de su mejor personal. Un problema que se une a las diferencias salariales entre administraciones, en general porque las Comunidades y ayuntamientos pagan más, que se está agravando con la crisis porque cada Comunidad está actuando de una forma diferente, ante lo que el Estado calla o lo que hace es reducir el sueldo más a sus empelados mediante el recorte de la productividad. Así sucede que en un ayuntamiento como el de Alcorcón, que debe más de 500 millones de euros, el conductor del camión de basura gane más que un técnico superior de la Administración Central.

Una media, sin embargo, más discutible es la congelación de la oferta de empleo público. Por una parte es obvio que la Administración no está para dar trabajo a mucha gente nueva. Pero aquí hay que diferenciar, ya que si bien hay que congelar plazas de administrativo, auxiliar o puestos similares, ya que las nuevas tecnologías permiten prescindir de gran parte de esos trabajos, sin embargo hay que crear plazas, por ejemplo, para personas capaces de mejorar las labores de inspección y control del fraude fiscal y laboral o de garantizar la prestación de servicios públicos esenciales. Si realmente se tiene como prioridad política esos objetivos, hubiera sido una buena señal apostar por aumentar la plantilla dedicada a esas labores y mejorar la escasa cualificación de las Administraciones. Lo que no necesariamente aumentaría la masa salarial global si se redujeran puestos de trabajo en las Administraciones que solo sirven para colocar a los próximos a los partidos políticos. Lo que obviamente exige la eliminación de muchos “chiringuitos públicos”, a lo que parece el Partido Popular no está dispuesto.

Finalmente una medida inadecuada es la supresión indiscriminada de la mejora voluntaria de la incapacidad temporal para los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Primero porque no ataca el 26% del absentismo por enfermedad que se produce en los tres primeros días de baja, segundo porque afecta de forma diferente a los empleados públicos según cual sea su régimen de Seguridad Social: ordinario, MUFACE o MGEJU y tercero porque de nuevo los más perjudicados son los funcionarios más cualificados.

En suma, estas medidas podrán permitir cumplir el objetivo del déficit, pero no mejorar la gestión de los recursos humanos de la Administración para que preste un servicio moderno y eficaz a los ciudadanos. Se podría desde luego haber aprovechado el Real Decreto Ley para por ejemplo conseguir dos cosas esenciales: equiparación de los salarios entre Administraciones y eliminación de todos los puestos de trabajo en organismos inútiles y redundantes donde se coloca a los amigos a fin de liberar recursos para crear puestos en las tareas esenciales del Estado. Esto si que hubiera sido una buena manera de lanzar un mensaje a la opinión pública de que se quiere acabar con el despilfarro, el clientelismo y meter en cintura a unas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que en materia de personal andan tan desbocados como en sus presupuestos.

En España y también en Madrid es necesario hacer un ajuste presupuestario ya que dada la situación internacional y la acumulación de duda publica y privada española que alcanza mas del 300% del PIB y casi un billón de euros de la deuda exterior neta, tenemos que equilibrar nuestros presupuestos. Ya que es una quimera pensar que podemos seguir acudiendo al mercado para colocar deuda pública, además de ser una medida contraproducente porque no haríamos lo necesario para desapalancar nuestra economía. Ese desapalancamiento exige austeridad. Pero la austeridad no puede ser un fin en si misma, sino que ha de ser un instrumento para mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y en la propia gestión administrativa. La austeridad por la austeridad no tiene sentido, no se puede pretender que la administración se convierta en una especie de monje mendicante, de ahí que deba exigirse que el ajuste sea selectivo. Y que junto con el recorte del gasto haya unos impuestos más justos (el PP en la Asamblea por supuesto negó que hubiera que subir impuestos en España, ahora hacen justo lo contrario).

Las enmiendas que plateamos en educación y empleo -con las limitaciones que tienen los Grupos Parlamentarios para enmendar un presupuesto ya que no se puede incrementar el gasto de una sección sino sólo mover partidas dentro de ella- han ido orientadas a conseguir realizar ese principio de austeridad selectiva. Proponiendo subidas y también minoraciones en determinadas partidas, a fin de liberar dinero para poder destinarlo a cosas más útiles. En primer lugar, hemos propuesto un incremento en las partidas destinadas al pago de los profesores de secundaria con el objeto de que se pueda contratar un mayor número, si fuera necesario, para atenuar los problemas que han venido planteándose en la educación como consecuencia de las instrucciones dictadas este verano sin la previsión necesaria para evaluar las necesidades reales de profesores de cada centro y sin la previsión de las consecuencias que tendrían las reducción de profesores para configurar las plantillas de los centros con eficacia.

Para ese aumento hemos optado por minorar determinadas partidas no esenciales o que con su disminución se puede obtener una mayor eficiencia en el cumplimiento de los objetivos perseguidos con un ahorro. Así, hemos reducido en un 50% la partida del Ente Público Radio Televisión de Madrid, que no es un servicio esencial y que debería poder ajustarse para cumplir lo que ha de ser su misión principal (que ahora no cumple) garantizar el pluralismo informativo en la Comunidad de Madrid. También hemos reducido el gasto en personal de confianza de los gabinetes de la Consejería, ya que esas tareas la pueden realizar los empleados públicos ordinarios. Al tiempo que hemos suprimido subvenciones a entidades religiosas que ya reciben financiación del Estado y a actividades de promoción económica cuya utilidad es poco clara.

Por otra parte, se han propuesto reducciones para mejorar la eficiencia y eliminar duplicidades. Así hemos presentado una enmienda a la totalidad al programa destinado a la Agencia de Evaluación, Acreditación y Prospectiva del Sistema Universitario, ya que las funciones que realiza las hace a nivel nacional la ANECA y, por tanto, su supresión garantiza evitar duplicidades entre la Comunidad y el Estado en esa materia. También hemos propuesto reducciones en el programa al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por razones semejantes. En concreto en la partida dirigida a realizar estudios sobre prevención de riesgos laborales, en parte contratados por el Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, porque duplica las funciones del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y los estudios del Observatorio Estatal de Condiciones de trabajo. A nuestro juicio, los estudios a nivel nacional sirven igualmente a nivel regional. Esta medida una pura cuestión de eficiencia y evitar despilfarrar el dinero. De igual forma se propone la reducción de la partida dirigida a las organizaciones empresariales y sindicales destinadas a la prevención de riesgos laborales, a fin de que mejoren en la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos del tercer Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales. No parece razonable que reciban cantidades tan elevadas, que se suman a las múltiples partidas de dinero público que acaban en sus manos. Estas organizaciones tienen que corresponsabilidarse con el objetivo de conseguir mejoras en la eficiencia de la gestión de sus actividades, ya que aunque no son administración publica reciben fondos públicos, muchos de los cuales van al sostenimiento de estructuras burocráticas mastodónticas, en lugar de a la ejecución de las políticas públicas que se les encarga.

Siendo esencial los programas de empleo. No hemos propuestos en la formación continua y ocupacional modificaciones, fundamentalmente porque son créditos condicionados que no permiten reducción, y eso con independencia de que creemos que debe haber un cambio sustancial en esas políticas dado su fracaso generalizado y porque debe reformarse la gestión (seguramente quitársela) que hacen organizaciones empresariales y sindicales que a todas luces obtienen excesivos retornos para sus burocracias que no van a la finalidad esencial de esos fondos que es mejorar la formación de los trabajadores.

En relación con las enmiendas de los otros grupos, hemos apoyado las del PSOE  que pretenden la mejora de las becas y de la financiación de los centros públicos no universitarios de educación secundaria, así como las relativas a las mejoras en los objetivos de evaluación de las políticas educativas. No hemos apoyado, sin embargo, las demás ya que implican incrementos de gasto, sobre todo por la modificación de objetivos e indicadores que no tienen su correspondiente contrapartida presupuestaria, siendo un mero canto al sol que desconoce la realidad de nuestro país.

Es sabido que Thomas Hobbes decía que “durante el tiempo que los hombres viven sin un poder común que les imponga respeto a todos, están en esa condición que se denomina guerra; y una guerra que es de todos contra todos”. Pues bien, puede que en Europa no estemos en una guerra física, pero la ausencia de un poder común institucionalizado claramente ha impuesto el poder del más fuerte Alemania -ayudado por un fiel lacayo, Francia- que está tomando decisiones que lógicamente responden en primer lugar a los intereses de ese país. Aunque  a decir verdad mejor así, que la ausencia de cualquier “poder” ya que al menos hay una guía que seguir.

Estos hechos significan que lo que existía ya no vale, y que hay que plantearse nuevas instituciones que sean capaces en Europa de ejercer un verdadero poder común democrático. Por ello, en estas elecciones no sólo decidimos quienes van a gestionar la administración y los servicios públicos, sino, y es lo esencial, entre la vieja política que cree que basta con lo de siempre, sin hacer grandes reformas, o la nueva política que transciende y considera indispensable plantear ideas y propuestas para lograr institucionalizar ese poder que se ha escapado de las instituciones que hasta ahora lo aprehendían: los gobiernos nacionales y las instituciones europeas.

Hay grandes retos por delante, grandes retos que van a obligar a España a replantearnos nuestro encierro localista. Un mal que nos puede apartar, si no lo superamos, del camino que ha de recorrerse para resolver los problemas reales de los ciudadanos: desempleo, crecimiento económico, mantenimiento y mejora de los servicios públicos esenciales: educación y sanidad, seguridad, etc. Para superar el mal del localismo y contribuir en Europa a construir un nuevo poder democrático hacen falta nuevas ideas y romper el estatus quo español. Pues bien, UPyD tiene claro que la base empieza por una profunda reforma de la estructura del Estado. Sólo si arreglamos nuestra casa, podremos contribuir a forjar la común europea. Hoy es un día decisivo, no es uno más. Veremos que dicen los ciudadanos.

La semana pasada en la Asamblea de Madrid se vio una propuesta de IU para que se revalorizaran las pensiones que habían sido congeladas por el decretazo de Zapatero. UPyD en el Congreso de los Diputados se opuso a ese decretazo porque dañaba a los pensionistas, uno de los sectores más débiles de la sociedad, y a los policias, jueces, profesores, médicos a los que se les bajó el sueldo. Unas medidas impuestas por Europa porque no se habían hecho las reformas necesarias, que por cierto UPyD había llevado al Congreso y en general habían sido sistemáticamente rechazadas por todos los partidos: reforma del sistema financiero, del modelo de Estado, de evitación de dupliciades y despilfarro…. Pues bien, para rectificar el daño hehco a los pensionistas por la congelación apoyamos la revalorización de las pensiones, pero eso sí explicándo las dificultades del páis y la necesidad de hacer reformas básicas para salir de la crisis. Pero reformas que no carguen los costes de la crisis sobre los más débiles y que vayan a las razones profundas que han hecho derrapar a este país.

Precisamente, fue la negativa de la Mesa a suprimir la exención del IRPF de un 20% de parte del salario de los diputados madrileños – que en legislaturas anteriores habían aprobado los tres grupos-, lo que nos aclaró la conveniencia de plantear la modificación de la Ley que regula ese impuesto para evitar su uso abusivo. Y al tiempo aprovechar para pedir la integración de los diputados en el régimen de  Seguridad Social común. Nuestro portavoz, Luis de Velasco, defendió en el Pleno que con esa iniciativa se pretendía acercar los políticos a los ciudadanos, suprimiendo diferencias entre ellos injustificadas en fiscalidad y Seguridad Social; en suma en dos de las instituciones básicas para entender la ciudadanía común de todos los españoles. Los grupos del PP, PSOE e IU se opusieron en sus intervenciones con gruesos argumentos a la propuesta de UPyD, a pesar de que en el caso de IU y del PSOE decidieron intervenir en el turno a favor de la propuesta y votar para que ésta siguiera su tramitación parlamentaria.

 El Grupo de IU argumentó contra la propuesta, que tituló demagógica, porque con ella “la derecha rancia y caciquil” pretendía privar a los que habían luchado contra el fascismo y por la democracia  de los recursos necesarios para ejercer la representación política, además porque no iban a permitir que nadie llamará “chorizos” ni a ellos, ni a ningún otro diputado y porque que UPyD había nacido desde un “coche oficial”. El Grupo Socialista recalcó que no se puede tratar igual a quienes son diferentes, negó que existieran “privilegios”, añadió que Rosa Diez que va en coche oficial no puede dar lecciones a nadie y que es el PSOE el partido que lucha contra los privilegios. Si bien admitió que el régimen fiscal y de Seguridad Social de los diputados se podía mejorar siempre que lo propusiera alguien en serio y sin demagogia. El Grupo Popular, que votó incluso contra la tramitación parlamentaria de la Ley, coincidió con el Socialista en que los diputados son distintos del resto de los ciudadanos y que deben tener un régimen jurídico diferente. Y para ello su orador comparó nuestro digno, pero en todo caso pequeño parlamento regional, con el régimen de los parlamentos nacionales de otros grandes países, entre ellos el británico.

El debate, que se colgará en la web, por el tono y los argumentos usados confirman que en España no sólo hay una crisis económica, sino que hay además una crisis política e institucional, que afecta directamente a la moral pública, que los partidos viejos no están dispuestos a enmendar . Porque de otra manera cuesta entender que haya quienes no paren de hablar de impuestos a los ricos mientras encuentran múltiples excusas para justificar que los diputados tengan una parte de su sueldo exenta de pagar impuestos; quienes para no entrar en el fondo de la cuestión – quizás porque les avergüenza – prefieren lanzar ataques ad hominen y denigrar con falsedades a Rosa Diez, una persona íntegra que se ha jugado la vida por defender la libertad y que tiene que ir con escolta policial permanentemente; quienes se creen con el monopolio de luchar contra los privilegios mientras han permitido la apropiación de una parte del sistema financiero (las cajas de ahorro) por quienes ellos nombraron; quienes piensan que España es muy importante, pero no la igualdad jurídica entre españoles….

Cuenta Tim Flenery en su libro “Aquí en la tierra” que en la Inglaterra Victoriana el obispo de Oxford, Samuel Wilberforce, conocido como “San el Jabonoso” denigró la teoría de Darwin en un debate con Thomas Huxley, reputado zoólogo, preguntándole si procedía del mono por parte de padre o de madre. A lo que éste le contestó que prefería revindicar su parentesco con un mono que con un hombre como el obispo, que hacía un uso tan malicioso de sus maravillosas dotes oratorias para intentar estrangular, mediante un despliegue de autoridad, una discusión libre sobre lo que era, o no, una cuestión de veracidad. Pues en eso está UPyD, en tratar de recuperar, en un debate desde la veracidad, el prestigio de la política para afrontar la más grave crisis económica e institucional que padece España en décadas.

1.- Medidas sociales:

En esta importante cuestión hay que decir que hemos sido los únicos que hemos preguntado por el incremento de la desigualdad en nuestra comunidad, que como el resto de España tiene unos índices insoportables que muestran la miseria de  mucha gente pero también la perdida de eficiencia de la economía, ya que las economías más prosperas son aquellas en las que la igualdad es un valor real y no  meramente una retórica ideológica.

Para mejorar esa igualdad hemos propuesto una proposición no de ley (PNL) en la que se plantea la gratuidad del transporte público hasta los seis años y que se establezca una tarifa reducida de los seis a los once años que sea el 50% del abono de transporte joven. Por otra parte hemos sido el único grupo que ha preguntado por ello en el Pleno.

2.- De reformas del modelo de Estado y para evitar duplicidades.

En el Pleno de la semana pasada se debatió nuestra propuesta para que la Comunidad de Madrid plateara al Gobierno del Estado la necesidad de reformar el Titulo VIII de la Constitución para que se estudie la conveniencia de reordenar las competencias entre el Estado y las Comunidades autónomas. Entre otras cosas para lograr que la educación y la sanidad sean competencia del Estado y se garantice la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, pero también para acabar con los privilegios fiscales y para conseguir administraciones más simples que se dediquen a lo esencial y que no despilfarren.

Todos los grupos votaron contra esta iniciativa. El PP dijo que nos precipitábamos que no era necesaria una reforma constitucional –debe ser que hay que hacerlas como la que ellos han pactado con el PSOE en dos días con alevosía y nocturnidad, aunque coincidían en que había que acabar con las duplicidades; IU nos llamó neofranquistas y dijo que auspiciábamos guerras entre territorios; y el PSOE fue más allá tergiversando el contenido de nuestra propuesta y amenazándonos con controlar lo que votáramos, como si fueran ellos los que nos tuvieran que dar carta de legitimidad y no los ciudadanos. Este apoyo coordinado de los tres viejos partidos a no cambiar nada es el ejemplo perfecto de lo que representan: el viejo estatus quo, que nos ha conducido al precipicio como país.

Un país que tiene administraciones duplicadas, de ahí que, en la Comisión de duplicidades, que se ha creado en la Asamblea a propuesta del PP, hayamos insistido en nuestras ideas de cómo se debe articular la Comunidad con los ayuntamientos: o sea en la conveniencia de acabar con un sistema en la que las administraciones compiten entre ellas para ser competentes y terminan todas prestando incompetentemente los servicios a los ciudadanos. Sin olvidar que hemos propuesto la fusión de municipios pequeños, con la oposición vehemente de todos bajo grandes palabras, que temo solo ocultan otros intereses.

3.- Otras medidas:

Para terminar decir que somos el único Grupo que ha presentado una iniciativa para evitar el derroche de la candidatura del Madrid olímpico. Y el único que ha denunciado que los cursos de formación continua y a desempleados son malos y sólo se mantienen porque sirven para sostener a las organizaciones empresariales y sindicales. Por otra parte hemos hecho múltiples preguntas y controlado la acción del gobierno, desde el rigor y las ideas no desde palabras vacías o la ideología preconcebida.

Esto es un breve resumen de algunas de las cosas que hemos hecho, dejo muchas sin explicar, pero añado con orgullo que es una satisfacción saber que hemos trabajado mucho y que no sólo hemos apoyado lo nuestro, sino que hemos votado las propuestas de los otros grupos , vinieran de donde vinieran, cuando nos han parecido buenas. Es otra manera de hacer política, sin sectarismos, la manera UPyD.

1.- De regeneración democrática

En septiembre presentamos una proposición de Ley de reforma de la Ley Electoral de Madrid para: garantizar mejor la igualdad de voto de los ciudadanos de Madrid bajando la barrera de entrada del 5% al 3%; desbloquear las listas electorales dando más poder a los electores; reducir el número de diputados de la Asamblea –que tiene un tamaño desmesurado- y que de 129 pasen a 70; establecer la incompatibilidad entre el cargo de Alcalde o concejal y la condición de diputado y para que los medios de comunicación no estén al servicio de las cuotas de los partidos, sino de la información de hechos.

2.- De mejora de la Gestión Pública

En la iniciativa, ya comentada, de austeridad y transparencia presentamos una serie de propuestas para mejorar la gestión de la Administración autonómica: supresión de todos los organismos superfluos: Agencia Protección de Datos, Tribunal del Defensa de la Competencia, etc. y de empresas y organismos redundantes; simplificación de la estructura administrativa general: consejerías, viceconsejerías, direcciones generales, etc.; elaboración del presupuesto sobre la técnica del presupuesto base cero; evaluación de las políticas públicas esenciales; y otras relativas al gasto corriente y de personal. Estas propuestas fueron votas en contra por el PP e IU, junto a las de transparencia, aunque el PSOE las apoyó.

También hemos presentado una iniciativa para que la Administración General del Estado haga auditorias externas, con la colaboración de la Comunidad de Madrid, a todos los ayuntamientos de esta región, que andan un tanto despendolados (de lo que hablaremos próximamente). Esta iniciativa ha sido inadmitida dos veces en la Mesa de la Asamblea, se ve que no quieren que se discuta sobre la mala gestión municipal de unos y otros. Pero que volveremos a presentar próximamente y de forma que tendrán que aceptarla.

3.- Relativas a los servicios públicos esenciales:

El Grupo de UPyD se ha opuesto radicalmente a los recortes en educación y a la forma en la que se han hecho. Por ello, presentó una iniciativa en la Asamblea el 7 de septiembre en la que se pedía que se anularan los recortes y que se negociara con los profesores. Y lo hicimos porque creemos que antes que en educación hay que recortar en gastos inútiles y porque la gestión por el PP de ese recorte ha sido un desastre al hacerse de forma unilateral y apresurada: hoy los centros de secundaria tienen menos profesores, menos actividades y una situación semicaótica. El PP ha demostrado no saber priorizar en el gasto y que gestiona mal. Pero el PSOE e IU, en lugar de estar preocupados por la enseñanza y sus bajos resultados en Madrid y en España, que como el Candido de Voltaire consideran el mejor de los mundos posibles salvo en Madrid, han aprovechado la ocasión para establecer un ideologeizado debate sobre lo público y lo privado. Muy desenfocado en el caso del PSOE ya que es el responsable principal de la LODE –aquella Ley aprobada en el año 1985 que permitió los conciertos educativos- y de la LOGSE, la Ley que ha hecho que bajaran los resultados en la educación de este país desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado cuando hasta entonces no habían parado de crecer. Una de las razones esenciales por las que la clase media ha ido abandonando paulatinamente la educación pública a favor de los colegios concertados y privados.

Además, en sanidad hemos apoyado: la factura informativa, para que los ciudadanos sepan el coste real de los servicios que usan y puedan exigir responsabilidades a los gestores públicos –una factura que debe recoger los costes efectivos y no promedios del servicio como hace la del PP-; la profesionalización de la gestión de los hospitales públicos; y la transparencia en las cuentas del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), ya que ahora la ejecución del presupuesto es opaca para diputados y ciudadanos. Lo que no es una cuestión baladí,  dado que sin cuentas claras no se puede saber si los hospitales de gestión privada o pública realmente están bien gestionados. Uno de los asuntos claves de esta legislatura.

En justicia les hemos sacado los colores por su desastrosa gestión y por el despilfarro de la ciudad de la justicia. Hemos sido en eso muy incisivos y les ha sorprendido la contundencia de nuestros argumentos. Sin obviar que hemos defendido a los abogados del turno de oficio a los que no se les paga desde hace meses, por un PP que se dice gran gestor.

Por otra parte, hemos presentado una iniciativa de evaluación de los alumnos para mejorar la educación y para incentivar a los profesores.

Los viejos partidos usan como crítica a UPyD que carecemos de programa o que nuestras propuestas son demagógicas. Sin embargo, la realidad es que UPyD ha sido el partido que ha hecho a lo largo de estos cuatro años el diagnóstico más certero de la crisis política, institucional y social que sufrimos y quien ha realizado las propuestas más innovadores e incisivas para poder superarla. Medidas que no han apoyado los partidos del estatus quo, el Grupo PP-PSOE, contra las que han votado sistemáticamente en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Vasco y últimamente en las demás instituciones en las que estamos.

Estas ideas las llevamos en el programa electoral que hemos presentado para estas elecciones y son las que pensamos hacer cumplir si somos decisivos empezando por las más importantes: reforma de la Ley electoral y devolución de la competencia de educación, sanidad y justicia al Estado. Claro, que atendiendo a las prácticas que habitualmente han seguido los partidos de siempre, puede haber ciudadanos que duden de que vayamos a cumplirlas cuando tengamos capacidad de decisión.

Pues bien, frente a esas dudas nada mejor que exponer hechos. Para empezar  hay que recordar que UPyD en el Congreso, con un solo diputado, ha sido decisivo para abrir a la opinión pública debates transcendentales y hacer que el foco se centre en lo importante –excepto, eso sí, en el debate entre los dos candidatos a la presidencia del gobierno por el Grupo PP-PSOE escurridizos siempre en sus responsabilidades ante los ciudadanos-. Pero hay más hechos, los realizados en las instituciones en las que entramos en las elecciones del 22 de mayo.

Como los hehcos en que se han concretado las propuestas han sido muchos, los voy a explicar en sucesivos post en los que he ido clasificandolos. Veamos esas medidas:

De transparencia y contra los privilegios:

Nada más entrar en la Asamblea –al igual que los compañeros del Ayuntamiento de Madrid- nuestro Portavoz, Luis de Velasco, renunció al coche oficial. Medida que luego copio el portavoz del PP, pero no así IU, ni el PSOE, que siguen con sus coches oficiales. Inmediatamente después, y antes del debate de investidura del 16 de junio, presentamos ante la Mesa de la Asamblea la petición de que se redujera el salario de los diputados en un 10%, que se publicarán en la web de la Asamblea y que se reconsideraran sus prestaciones en especie -entre ellas la exención de un 20% del IRPF de sus retribuciones integras- y a los grupos parlamentarios (el PP propuso un reducción de la asignación a los grupos y la apoyamos). Estas medidas que tuvimos que volver a plantear varias veces fueron rechazadas por el PP, PSOE e IU a principios de septiembre, cuando decidieron votar en la Mesa que no se votaban, para no tener que pronunciarse expresamente. A pesar de ello, los diputados de UPyD en julio publicamos en la web del partido nuestros salarios y la asignación del grupo parlamentario, que cualquier ciudadano puede consultar.

A principios de septiembre hemos presentado, con estos objetivos, una proposición de Ley de reforma del Reglamento de la Asamblea para que expresamente se regule la transparencia de los salarios de los diputados y de las asignaciones a los grupos, así como la transparencia de las actividades y bienes de los diputados para que dejen de ser secretas. Además hemos propuesto que sea incompatible cobrar el salario de diputado junto al de los otros cargos públicos que se ostenten. En la Asamblea los alcaldes, concejales, consejeros y viceconsejeros que son diputados simultanean sueldos; y así el alcalde Alcalá de Henares que gana 120.000 euros al año, más que el presidente del gobierno, suma a ese salario el de la Asamblea. 

También presentamos nada más entrar antes del 16 de junio una proposición no de Ley de transparencia y austeridad, en la que pedíamos, entre otras cosas, la supresión de cargos nombrados a dedo, la publicidad de las retribuciones del Gobierno,  y la transparencia en la gestión pública de la Administración de la Comunidad de Madrid, que es muy opaca. En este asunto hemos tenido un éxito parcial, ya que aunque el PP voto en contra de ella, por una pregunta nuestra han acabado publicando el salario de la presidenta de la Comunidad y de los consejeros.

Este jueves además tendrán la oportunidad de votar los tres viejospartidos a favor de la inictaiva legislativa que presentó UPyD en septiembre para que se modifique la legislación del Estado de forma que los diputados pasen a estar incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social -y paguen la cuota que corresponde a los trabajadores y que ahora se ahorran- y para que la Ley no permita que la decicisión de un parlamento pueda conllevar dejar exento de tributación una parte del salario de los diputados, como pasa ahora en la Asamblea de Madrid, donde se aprobó hace tiempopor su mesa un esención de IRPF del 20% de la parte integra de sus salarios.