¿Quiere ganar más que el presidente del gobierno? ¡Hágase alcalde!

El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid llevó para su debate en Pleno una Proposición No de Ley en la que se pedía la regulación de los salarios de los alcaldes y concejales de España, para su racionalización y homogeneización; que fueran públicos y transparentes; y que fueran incompatibles con la percepción de otras retribuciones por el ejercicio de cargo público electo distinto, como el de diputado. Esta propuesta mereció el voto en contra de los otros tres partidos de la Cámara: PP, PSOE e IU, quienes se jaleaban y aplaudían sus intervenciones mutuamente, descalificando la propuesta de UPyD.

La razón de la iniciativa de UPyD parte de la sorpresa que tuvimos como grupo político cuando fuimos conociendo las retribuciones de los diferentes alcaldes y concejales de los municipios en los que teníamos representación, tanto en Madrid como en el resto de España. No era fácil dar crédito a que en muchos de los principales municipios de Madrid y de España los alcaldes y concejales ganaran más que el presidente del gobierno –quien gana 78.000€-, que las retribuciones se establecieran de forma arbitraria, ajena a cualquier mínimo criterio racional, y que muchos de ellos compatibilizaran esa condición con otros cargos públicos. Vean la tabla.

 

Igual de arbitrarios que los sueldos de los alcaldes son los de los concejales de la oposición, el número de cargos de confianza del equipo de gobierno o el número de trabajadores que cada grupo político puede tener en un municipio, así como su asignación económica y el control de esta. Todo ello depende de las decisiones de la mayoría del Pleno, y en general, del alcalde. Así por ejemplo, en Arganda del Rey, en 2007, todos los grupos del Ayuntamiento (PP, PSOE e IU) pactaron un protocolo por el que se ponían las siguientes retribuciones por no mencionar el conocido caso del Ayuntamiento de Madrid con sus coches oficiales y guardaespaldas para cada concejal, que solo se conoció y acabó cuando UPyD lo denunció.

Por otra parte, muchos alcaldes, concejales y ex están como consejeros generales en las asambleas generales de las cajas de ahorro; así, en Caja Madrid, tenemos a Ana Botella (PP), David Pérez (PP) , Enrique Cascallana (PSOE), Manuel Cobo (PP), Noelia Martínez (PSOE), José Folgado (PP), María Victoria Morenos Sanfrutos, José Antonio Moral Santín (IU) y un largo etc. Todos ellos siguen en Caja Madrid. Y de ninguno se ha oído que haya dimitido después del mayor desfalco que ha sufrido la democracia española o que haya hecho crítica de la nefasta gestión que ha llevado a la intervención de nuestra economía. Sin embargo, no dejan de cobrar sus dietas. En el año 2010, en el que se aprobó todo el proceso de fusión fría con el resto de Cajas para crear Bankia, cobraron por “dietas” más de 6750€ y en el año 2011 más de 4000€. Este año seguirán cobrando.

Estas arbitrariedades permiten a los alcaldes repartir sueldos, puestos y prebendas entre los suyos, creándose su corte de acólitos. Al tiempo que les dan instrumentos para acallar a la oposición, bien agasajándola con salarios altos y remuneraciones en especie, o bien quitándole los recursos necesarios para hacer oposición, si se pasan en sus críticas. Además, con la compatibilidad de cargos electos, como el de alcalde y diputado, se garantizan acumular poder y retribuciones, lo que les refuerza dentro de su organización partidista. Lo que por otra parte conviene a los máximos dirigentes del partido, que son quienes deciden, moviéndoles como peones, quién se presenta a cada alcaldía –aunque no hayan vivido antes ni un mes en la población por la que se presentan-, quién compatibiliza cargos electos o quién va a las cajas de ahorros para complementar sus retribuciones. De esta forma, los dirigentes consiguen lealtades personales y que no se cuestione su posición. Ya que pase lo que pase, por miedo a perder su situación privilegiada, nadie les va a cuestionar. Así, todos al final son responsables de todo; esto es, irresponsables por todo. El caso de Caja Madrid es el ejemplo perfecto.

Estos hechos y sus consecuencias son posibles porque las Leyes que regulan nuestras instituciones locales y autonómicas lo permiten. Niell Ferguson, en su libro Civilización, occidente y el resto, explica cómo fue un adecuado diseño institucional el que permitió el éxito de Europa a partir de 1500; y en otro interesante libro de Daron Acemoglu y James RobisoWhy, Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, se insiste en la misma idea. Pues bien, en España parte de nuestro fracaso actual se debe a un diseño institucional inadecuado. Estas instituciones fallidas han creado y perpetuado una élite política –y empresarial, que vive de lo público- que se ha constituido en una partitocracia interesada en el sostenimiento de sus privilegios y no en la realización de cambios que cuestionen su estatus quo, aunque estos sean beneficiosos para los ciudadanos. De esta forma se puede entender que después de más de 20 Reales Decretos Leyes ninguno haya aprobado una norma que nos imponga sacrificios a los cargos electos -entre ellas, la racionalización de los salarios de alcaldes y concejales-, mientras sí se han impuesto a los ciudadanos.

Para romper esta partitocracia, hay que cambiar las leyes y establecer incentivos adecuados para que quienes ocupan un cargo público se dediquen menos a defender sus sueldos y más el interés ciudadano. Esto exige una modificación de la Ley estatal de Bases de Régimen Local que regule los salarios de los alcaldes y concejales, los medios materiales de la oposición, la transparencia de sus retribuciones, la incompatibilidad de retribuciones cuando se acumulen varios cargos públicos electos  -esta última propuesta, esencial para que disminuya el incentivo de mal dedicarse a dos cosas al tiempo acumulando un exceso de poder, fue la que más molestó al PP – y una reforma de la Ley Electoral. UPyD continuará llevando estas iniciativas a las instituciones, y algún día triunfarán porque son imprescindibles para que nuestro país salga del marasmo en el que se encuentra.

CODA. La propuesta de UPyD puso de acuerdo al PP, PSOE e IU contra ella. Cuando se trata de retribuciones y del sostenimiento del “régimen”, no tienen desacuerdos. El PP, el PSOE e IU parecen un partido único, en el que sus diferencias ideológicas fueran una mera excusa teatral de ocupación de la escena. También se pusieron de acuerdo, ante la falta de argumentos, en realizar descalificaciones personales. Ya dice Schopenhauer en su libro El arte de tener siempre razón que cuando no hay argumentos la única forma de ganar un debate es “volviéndose ofensivo, ultrajante y grosero”.  Eso hicieron.

 

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