Las Vegas Sands: camino del feudalismo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aparece como al principal valedora de un proyecto para Madrid que se conoce con el nombre de Las Vegas Sand. Un proyecto que consiste en la construcción de un macrocomplejo de casinos y entorno a él de salas para congresos y espectáculos. El promotor de ese proyecto el señor Adelson pide para su desarrollo un conjunto de medidas -cambios en el Estatuto de los Trabajadores, normas de Seguridad Social, fiscal y de extranjería, subvenciones, cesión de suelo público, etc.- que de facto implican la derogación de las leyes comunes por las que nos regimos los ciudadanos españoles, incluidos los empresarios, y su sustitución por un régimen legal especial cuyos términos impone su empresa de acuerdo con sus intereses. Entre los cuales está, ganar mucho dinero sin que le cueste prácticamente nada, ya que es las Administración quien empieza poniéndolo y dando facilidades bajo el supuesto de los miles de empleos que van a crearse entorno a esa ludópata empresa. Lo que se explica muy bien en el post del blog Nada es Gratis: ¿Ayudas para el nuevo casino en Madrid? No, gracias.

Si grave es la transferencias de rentas que pretende el magnate, más grave sería que se aceptara una isla legislativa -la isla de juegolandía- en España. Un país fundado en el principio liberal de igualdad ante la Ley, que rompiera ese principio, sería un país que  pondría en serio riesgo su sistema democrático. Ya que demostraría que la fuerza del dinero y los intereses particulares de unos pocos podrían cambiar las leyes en su beneficio, y para ellos en exclusiva, que tenemos que cumplir todos. Con Las Vegas Sands -si sale en los términos planteados- se estaría aceptando que hay quien puede comprar la Ley y que hay quien está dispuesto a venderla. Y eso, aunque se justifique bajo los más nobles objetivos, nos conduciría inexorablemente al fin del principio democrático de leyes iguales para todos. Y a la renuncia del ejercicio de la autoridad pública por el Gobierno elegido por todos los ciudadanos.

En definitiva, de aprobarse esa ley especial para Aldelson y sus casinos estaríamos abriendo una grieta hacia un sistema feudal donde cada señor de su territorio aplique sus propias leyes y sea la autoridad. El colmo es que se apadrine desde el Gobierno Regional de Madrid por quien día sí y día también nos dice a todos que es una liberal. Menos presumir y más hechos. En este caso, simplemente aplicación de la Ley, que nos rige a todos, a ese proyecto.

 

Matar moscas a cañonazos: el recorte del salario de los funcionarios enfermos en la Comunidad de Madrid

Los empleados públicos de la Comunidad de Madrid desde este mes de enero han visto limitada significativamente su protección social ya que no contaran con la “mejora voluntaria” que les garantizaba complementar, en caso de enfermar, la prestación de Seguridad Social para mantener su salario. Como hacen también muchas empresas de este país con sus trabajadores. La supresión de esta mejora, según el Gobierno Regional, pretende evitar su absentismo laboral, ante el temor a perder ingresos. Sin embargo, veremos como su objeto real es recortar el gasto de personal bajo la popular excusa de hacer trabajar más al empleado público.

El absentismo laboral, que sin duda es un problema grave tanto en las sector público como en el privado, se da cuando por causas justificadas o injustificadas un trabajador deja de acudir al trabajo. Entra las causas justificadas más comunes de ausencia al trabajo están los permisos varios, la enfermedad, la maternidad, las causas técnicas, económicas o de producción, etc. La tasa de absentismo se mide calculando las horas que se dejan de trabajar, sobre las obligatorias o pactadas. En España está aproximadamente un poco por encima del 5%, aunque con diferencias por Comunidades Autónomas, sectores y tamaño de empresa. Siendo superiores a la media en Andalucía, Canarias, Cataluña, en la industria y en las grandes empresas, como la Administración Pública. La incapacidad temporal por enfermedad común es la causa en casi un 70% de las ausencias al trabajo. Pero estas ausencias no se distribuyen homogéneamente: aproximadamente un 26% de las bajas por enfermedad duran de 1 a 3 días, un 38% de 4 a 15 días, y un 11% de 16 a 30 días. Por tanto, el 75% de las bajas duran menos de un mes. Solo el 1% de las bajas supera el año.

Las medidas aprobadas sólo se refieren a las bajas por enfermedad y no discriminan según su causa y duración. Tratan igual a quien deja de acudir al trabajo por la resaca del fin de semana que a quien lleva un año por un cáncer de mama, a quien falta por primera vez en su vida que a un “bajista” habitual.  Se puede decir que matan moscas a cañonazos. De lo cual parece haberse dado cuenta hasta el Gobierno ya que la propia Regina Planiol, consejera de presidencia, ha dicho, aunque con confusión, que cree que los tres primeros días de baja no dejaran de pagarse al no ser de incapacidad temporal (sic).

Un empleado público incluido en el Régimen General de la Seguridad Social que tenga una baja médica tiene derecho a un 60% de su base reguladora (que es la base de cotización del mes anterior a la baja) desde el cuarto día hasta el 20 y a partir del 21 al 75%. Esta cantidad se paga por el empresario –la Administración- desde el 4 día hasta el 16 y de allí en adelante por la Seguridad Social. Los empleados públicos incluidos en clases pasivas, protegidos por MUFACE (fundamentalmente profesores en la Comunidad de Madrid) y por MUGEJU (personal de justicia), cuentan con una protección diferente más amplia consistente en percibir las retribuciones integras hasta el tercer mes o sexto mes respectivamente y desde allí en adelante las retribuciones básicas integras más la cantidad mayor entre el 80% de las retribuciones básicas o el 75% de las complementarias correspondientes al tercer mes de su licencia.

Dada esta diversidad de regímenes de protección, con la supresión del complemento por mejora voluntaria que garantizaba a todos durante la incapacidad temporal el salario por igual, ahora los que estén en el Régimen General no cobrarán nada los tres primeros días de baja y verán muy reducido su salario a partir del cuarto, mientras que los que están en MUFACE o MUGEJU sólo lo verán reducido desde el mes cuarto o séptimo y encima en mucho menor cuantía. Por tanto, esta medida va a producir graves discriminaciones entre compañeros que es fácil suponer podrán enrarecer aún más el ambiente de trabajo.

Pero hay más, como para los del Régimen General la determinación del subsidio de incapacidad temporal se calcula sobre la base de reguladora que viene determinada por la base de cotización y ésta está topada y puede ser inferior al salario real, lo que sucede para todos los trabajadores del grupo A1, en general los más cualificados, la reducción de salario puede llegar a ser para ellos de más de un 50%. Con lo cual se establece una nueva discriminación, ahora entre trabajadores por su cualificación. Dañando mas por cierto a quienes menor índice de absentismo tienen en la Administración.

Por otra parte, esta medida obvia, aunque puede que mucha gente no lo conozca, que es  la Comunidad la responsable de dar las bajas médicas a través del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, pero que es la Seguridad Social, que depende del Estado quien paga la prestación económica. De hecho, esta separación de responsabilidades hizo que, cuando se trasfirieron las competencias a las Comunidades Autónomas en sanidad, se dispararan las bajas médicas. Y que, para controlar la “incompetencia” de las Comunidades Autónomas, la Seguridad Social tuviera que pagarles un plus por cumplimiento de objetivos, para lograr disminuir su excesivo número. Luego, si se quiere atacar realmente el absentismo laboral por bajas médicas lo primero a hacer es establecer controles más estrictos de las bajas que dan los médicos, y ello sin esperar que el Estado tenga que seguir incentivando lo que debe ser una obligación propia de la Comunidad.

Otra consecuencia grotesca de esta medida indiscriminada es que un empleado público de la Comunidad del Régimen General que falte tres días por su enfermedad no cobrará nada, pero si falta por la enfermedad de su padre o su hermano recibirá el salario completo. Curiosa forma de limitar el absentismo, como curioso es que la medida frente a un problema estructural se haya previsto con carácter temporal sólo para este año 2012. Más razonable hubiera sido penalizar a los reincidentes en bajas de corta duración, controlar las bajas e duración inferior al mes más eficientemente, etc.

En definitiva, la medida huele a improvisación y que no va dirigida a resolver el problema del absentismo laboral sino a reducir costes en personal de forma indiscriminada. Mal camino para conseguir el objetivo de una administración pública más racional y eficiente.

La función pública: medidas del Gobierno y la Comunidad de Madrid

Como es sabido estamos en crisis económica y las Administraciones Públicas se las ven y se las desean para cuadrar sus cuentas. Una forma rápida y fácil de conseguirlo es reducir una de las partidas mayores del presupuesto: la destinada a pagar a los empleados públicos. Que como es conocido es una de las mayores de todas las Administraciones, de forma que recortándola se pueden conseguir reducciones significativas del gasto público. La Comunidad de Madrid ha sido una de las primeras que ha tomado medidas sobre esta materia. Empezó con el aumento de las horas lectivas de los profesores de secundaria y ha continuado con otras en la Ley de Presupuestos para 2012 y en la Ley conocida como de acompañamiento, mediante enmiendas del Grupo Popular para presentarlas después de las elecciones, que se concretan en la congelación salarial de los empleados públicos y de la oferta de empleo público, en el incremento de la jornada de 35 horas semanales -pactadas con los sindicatos en el 2001 cuando gobernaba Gallardón- a 37 y media, que se hacen en el Estado,  y en la supresión de la mejora voluntaria –un complemento que se da a quienes están enfermos para que no pierdan parte de su salario- a los empleados con baja médica.

El nuevo Gobierno del país para no ser menos, y continuando la estela del anterior,  junto a la subida de impuestos, ha acordado, en el Real Decreto Ley por el cual prorroga los presupuestos del año 2011, la congelación de los salarios de los empleados públicos de todas las administraciones, aunque con la particularidad de que para los del Estado se prevé además una disminución de un 10% de las cantidades asignadas a productividad, la homologación del horario de los empleados públicos de todas las Administraciones Públicas con la del Estado en 37 horas y media y la congelación de la oferta pública de empleo, de forma que no se cubran las bajas que se produzcan, salvo una tasa de reposición del 10% en servicios públicos esenciales: educación, sanidad, etc. y en los cuerpos encargados de la lucha contra el fraude fiscal y laboral.

Todas estas medidas cuantitativas están dirigidas a conseguir cumplir el límite de déficit público marcado por la Unión Europea para 2012. Algunas de ellas son razonables, otras lo son menos. Sin duda, no parece descabellado que todos los empleados públicos hagan un esfuerzo y trabajen por el mismo salario 37 horas y media, como ya hacen los del Estado. Es cierto que esto implica la no contratación de interinos y eventuales y que puede conllevar problemas organizativos en algunos sectores como la sanidad; pero también es cierto que la función esencial de la Administración no es crear empleo, y que las mejoras organizativas pueden ayudar a garantizar la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos cuyo mantenimiento ha de ser una absoluta prioridad política. También parece lógica la congelación salarial, en un país con cinco millones de desempleados y con necesidad de ajustar su competitividad no debe haber un incremento de la masa salarial global de la administración. Ahora bien, esta congelación unida a la del 2011 y a la reducción de salario del 2010 empieza a suponer una perdida acumulada importante de poder adquisitivo de los empleados públicos, que hace que no pueda mantenerse de forma indiscriminada en años posteriores. Sobre todo si a quienes más afecta es a los empleados públicos más cualificados o con más responsabilidades, ya que se corre el riesgo de descapitalizar a la Administración Pública de su mejor personal. Un problema que se une a las diferencias salariales entre administraciones, en general porque las Comunidades y ayuntamientos pagan más, que se está agravando con la crisis porque cada Comunidad está actuando de una forma diferente, ante lo que el Estado calla o lo que hace es reducir el sueldo más a sus empelados mediante el recorte de la productividad. Así sucede que en un ayuntamiento como el de Alcorcón, que debe más de 500 millones de euros, el conductor del camión de basura gane más que un técnico superior de la Administración Central.

Una media, sin embargo, más discutible es la congelación de la oferta de empleo público. Por una parte es obvio que la Administración no está para dar trabajo a mucha gente nueva. Pero aquí hay que diferenciar, ya que si bien hay que congelar plazas de administrativo, auxiliar o puestos similares, ya que las nuevas tecnologías permiten prescindir de gran parte de esos trabajos, sin embargo hay que crear plazas, por ejemplo, para personas capaces de mejorar las labores de inspección y control del fraude fiscal y laboral o de garantizar la prestación de servicios públicos esenciales. Si realmente se tiene como prioridad política esos objetivos, hubiera sido una buena señal apostar por aumentar la plantilla dedicada a esas labores y mejorar la escasa cualificación de las Administraciones. Lo que no necesariamente aumentaría la masa salarial global si se redujeran puestos de trabajo en las Administraciones que solo sirven para colocar a los próximos a los partidos políticos. Lo que obviamente exige la eliminación de muchos “chiringuitos públicos”, a lo que parece el Partido Popular no está dispuesto.

Finalmente una medida inadecuada es la supresión indiscriminada de la mejora voluntaria de la incapacidad temporal para los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Primero porque no ataca el 26% del absentismo por enfermedad que se produce en los tres primeros días de baja, segundo porque afecta de forma diferente a los empleados públicos según cual sea su régimen de Seguridad Social: ordinario, MUFACE o MGEJU y tercero porque de nuevo los más perjudicados son los funcionarios más cualificados.

En suma, estas medidas podrán permitir cumplir el objetivo del déficit, pero no mejorar la gestión de los recursos humanos de la Administración para que preste un servicio moderno y eficaz a los ciudadanos. Se podría desde luego haber aprovechado el Real Decreto Ley para por ejemplo conseguir dos cosas esenciales: equiparación de los salarios entre Administraciones y eliminación de todos los puestos de trabajo en organismos inútiles y redundantes donde se coloca a los amigos a fin de liberar recursos para crear puestos en las tareas esenciales del Estado. Esto si que hubiera sido una buena manera de lanzar un mensaje a la opinión pública de que se quiere acabar con el despilfarro, el clientelismo y meter en cintura a unas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que en materia de personal andan tan desbocados como en sus presupuestos.

Enmiendas de UPyD en educación y empleo

Aprovechando el final de las navidades recuperaré algunos pequeños textos que preparé sobre la actividad parlamentaria de UPyD en la Asamblea de Madrid en relación con los presupuestos y la Ley de Acompañamiento. El primero se refiere a las enmiendas que presentamos a los presupuestos en educación y empleo.

En España y también en Madrid es necesario hacer un ajuste presupuestario ya que dada la situación internacional y la acumulación de duda publica y privada española que alcanza mas del 300% del PIB y casi un billón de euros de la deuda exterior neta, tenemos que equilibrar nuestros presupuestos. Ya que es una quimera pensar que podemos seguir acudiendo al mercado para colocar deuda pública, además de ser una medida contraproducente porque no haríamos lo necesario para desapalancar nuestra economía. Ese desapalancamiento exige austeridad. Pero la austeridad no puede ser un fin en si misma, sino que ha de ser un instrumento para mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y en la propia gestión administrativa. La austeridad por la austeridad no tiene sentido, no se puede pretender que la administración se convierta en una especie de monje mendicante, de ahí que deba exigirse que el ajuste sea selectivo. Y que junto con el recorte del gasto haya unos impuestos más justos (el PP en la Asamblea por supuesto negó que hubiera que subir impuestos en España, ahora hacen justo lo contrario).

Las enmiendas que plateamos en educación y empleo -con las limitaciones que tienen los Grupos Parlamentarios para enmendar un presupuesto ya que no se puede incrementar el gasto de una sección sino sólo mover partidas dentro de ella- han ido orientadas a conseguir realizar ese principio de austeridad selectiva. Proponiendo subidas y también minoraciones en determinadas partidas, a fin de liberar dinero para poder destinarlo a cosas más útiles. En primer lugar, hemos propuesto un incremento en las partidas destinadas al pago de los profesores de secundaria con el objeto de que se pueda contratar un mayor número, si fuera necesario, para atenuar los problemas que han venido planteándose en la educación como consecuencia de las instrucciones dictadas este verano sin la previsión necesaria para evaluar las necesidades reales de profesores de cada centro y sin la previsión de las consecuencias que tendrían las reducción de profesores para configurar las plantillas de los centros con eficacia.

Para ese aumento hemos optado por minorar determinadas partidas no esenciales o que con su disminución se puede obtener una mayor eficiencia en el cumplimiento de los objetivos perseguidos con un ahorro. Así, hemos reducido en un 50% la partida del Ente Público Radio Televisión de Madrid, que no es un servicio esencial y que debería poder ajustarse para cumplir lo que ha de ser su misión principal (que ahora no cumple) garantizar el pluralismo informativo en la Comunidad de Madrid. También hemos reducido el gasto en personal de confianza de los gabinetes de la Consejería, ya que esas tareas la pueden realizar los empleados públicos ordinarios. Al tiempo que hemos suprimido subvenciones a entidades religiosas que ya reciben financiación del Estado y a actividades de promoción económica cuya utilidad es poco clara.

Por otra parte, se han propuesto reducciones para mejorar la eficiencia y eliminar duplicidades. Así hemos presentado una enmienda a la totalidad al programa destinado a la Agencia de Evaluación, Acreditación y Prospectiva del Sistema Universitario, ya que las funciones que realiza las hace a nivel nacional la ANECA y, por tanto, su supresión garantiza evitar duplicidades entre la Comunidad y el Estado en esa materia. También hemos propuesto reducciones en el programa al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por razones semejantes. En concreto en la partida dirigida a realizar estudios sobre prevención de riesgos laborales, en parte contratados por el Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, porque duplica las funciones del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y los estudios del Observatorio Estatal de Condiciones de trabajo. A nuestro juicio, los estudios a nivel nacional sirven igualmente a nivel regional. Esta medida una pura cuestión de eficiencia y evitar despilfarrar el dinero. De igual forma se propone la reducción de la partida dirigida a las organizaciones empresariales y sindicales destinadas a la prevención de riesgos laborales, a fin de que mejoren en la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos del tercer Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales. No parece razonable que reciban cantidades tan elevadas, que se suman a las múltiples partidas de dinero público que acaban en sus manos. Estas organizaciones tienen que corresponsabilidarse con el objetivo de conseguir mejoras en la eficiencia de la gestión de sus actividades, ya que aunque no son administración publica reciben fondos públicos, muchos de los cuales van al sostenimiento de estructuras burocráticas mastodónticas, en lugar de a la ejecución de las políticas públicas que se les encarga.

Siendo esencial los programas de empleo. No hemos propuestos en la formación continua y ocupacional modificaciones, fundamentalmente porque son créditos condicionados que no permiten reducción, y eso con independencia de que creemos que debe haber un cambio sustancial en esas políticas dado su fracaso generalizado y porque debe reformarse la gestión (seguramente quitársela) que hacen organizaciones empresariales y sindicales que a todas luces obtienen excesivos retornos para sus burocracias que no van a la finalidad esencial de esos fondos que es mejorar la formación de los trabajadores.

En relación con las enmiendas de los otros grupos, hemos apoyado las del PSOE  que pretenden la mejora de las becas y de la financiación de los centros públicos no universitarios de educación secundaria, así como las relativas a las mejoras en los objetivos de evaluación de las políticas educativas. No hemos apoyado, sin embargo, las demás ya que implican incrementos de gasto, sobre todo por la modificación de objetivos e indicadores que no tienen su correspondiente contrapartida presupuestaria, siendo un mero canto al sol que desconoce la realidad de nuestro país.